Por: Pascual Gaviria Uribe.

Es la hora de los carceleros. Abundan los guardias y se regodean los inspectores. Los funcionarios van con el código penal bajo el brazo, lo consideran un libro maravilloso e insuficiente, quieren añadirle nuevos capítulos, trazar una línea más amplia para los tribunales y las celdas. Todo se basa en la necesidad de poner un rasero un poco más alto para los comportamientos permitidos. Es un llamado a la severidad.

El presidente ha propuesto prisión perpetua para algunos delitos. Necesita encontrar un tema para coincidir con un clamor ciudadano: “¿Quieren ustedes, ciudadanos de bien, encerrar por siempre a violadores y asesinos de niños?”. Ha encargado a los conservadores de tramitar esa tranquilizadora posibilidad. Todos reconocerán ese justo afán de justicia.

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Pero también es necesario que los policías se encarguen de algunas desvergüenzas. Para quienes deambulan borrachos o se atreven a practicar sus “vicios mayores” al aire libre están los Centros de Traslado por Protección. Son peligrosos, pueden atacar o contagiar a otros ciudadanos, pueden hacerse daño a sí mismos. Los policías serán los encargados de decidir si es necesario una simple multa o un encierro preventivo. El descaro no puede quedar impune.

Y se pregonan las cifras de los detenidos como quien alardea de sus riquezas: “En los primeros 100 días de gobierno hemos capturado más de 50.000 delincuentes”, dijo el presidente Duque con la convicción de un gerente orgulloso. No hay duda de que las calles están más limpias.

Antes el ministro de defensa, un antiguo luchador contra el robo hormiga en los supermercados, había planteado la necesidad de regular la protesta social. El ministro pretendía una protesta que represente a todos los ciudadanos. ¿Una protesta unánime? ¿Y entonces contra quién diablos se protestaría? Luego se entendió la advertencia: El ministro vinculó a las mafias con las marchas y mencionó la palabra terrorismo al lado de las paredes rayadas.

Ahora hay un proyecto de ley, de origen parlamentario, que busca crear un delito con penas entre 4 y 8 años para quienes cometan actos vandálicos durante las protestas. Taparse la cara durante las protestas será agravante. Ya existen delitos que castigan el daño en bien ajeno, las lesiones personales, el porte de explosivos, pero el código penal necesita una página más, una nueva advertencia, un castigo expedito más allá de la paliza policial.

También para los vagos habrá castigo, o al menos para quienes den amparo a su pereza. Hace unas semanas la laboriosa ministra de trabajo habló de un cartel de falsas incapacidades que afecta la productividad del país, y advirtió que se lucharía contra esa flojera con ayuda del ministerio de salud y la fiscalía. Que se tengan los alcahuetas y los resacosos en días de labor.

Y ahora la vicepresidente ha hecho un llamado enérgico contra quienes nos arrastran a la anarquía. Pidió a la fiscalía acciones urgentes contra quienes quieren “acabar con los activos de todos los colombianos”. El superintendente financiero denunció a los insidiosos que desde su cuenta de twitter invitan a sacar sus ahorros de algunos bancos. Colombia no tiene un solo condenado por pánico económico. ¡Pero es hora de empezar! Que lleven su plata a donde les dé la gana pero en silencio. Las protestas son pérfidas en la calle y en las redes.

El gobernador de Antioquia, amigo de algunos pillos mayores, ha entendidos de qué se trata y ha propuesto cárceles privadas y cobro por celda a los condenados. Solo retomó una vieja propuesta del expresidente de Fenalco. Que vivan en arriendo esos miserables.

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