Por: Pascual Gaviria Uribe.

Las elecciones suponen la firma del más complejo de los contratos bajo la más fiera de las interventorías. La política mira no tanto con un ojo atento como con un ojo torvo. Se entrega el poder con base en un contrato de adhesión casi siempre plagado de mentiras, la campaña, y se ejecuta con la letra menuda más pequeña, oscura y abundante, la innumerable minuta burocrática, todo en el marco general y abstracto de las buenas intenciones, leyes y mandatos constitucionales.

Al final parecen inevitables las demandas y reclamaciones, los gritos de justicia y las acusaciones de venganza. América Latina se ha acostumbrado a que los tribunales sean el escenario del último debate de la política. Hay un tránsito común de la tarima al atril del tribunal. De manera que el código penal es la cartilla primaria de lo que llaman un equipo de gobierno. La página judicial y la página política son una misma desde hace un buen tiempo.

Si usted se asoma a la prensa argentina se encontrará una reciente acusación a Cristina Kirchner y a su exministro de economía Axel Kicillof por un presunto fraude en la venta de lo que han llamado dólar futuro.

Un asunto triste, una maraña técnica al lado del emocionante caso del supuesto asesinato de un fiscal. Por supuesto desde la tribuna más exaltada de los recién salidos se oyen algunos gritos: “Si la citan a ella nos citan a todos, vamos a los tribunales”; “Si Cristina Kirchner cae presa a instancias de la Justicia macrista, habrá un nuevo 17 de octubre. Haremos tronar el escarmiento”. Solo se necesitaron dos meses para ir del atril presidencial al estrado.

En El Salvador los últimos tres presidentes, Flores, Saca y Funes, acaban de comenzar su juicio como un simple ejercicio para mantenerse en forma. Los periódicos y las declaraciones hablan, por supuesto, de “vendettas políticas”.

Pero no se necesitan los cambios de gobierno ni de bandera partidista para que comiencen los juicios. Basta con acumular dos periodos presidenciales para que algunos desechos floten. En Brasil fue capturado hace unos días la estrella de la propaganda política de los últimos años. Joao Santana es algo así como el J.J. Rendón de la izquierda en América Latina. El hombre de las canciones y las leyendas en las campañas de Dilma, Lula y otros más. Un estratega silencioso y costoso. Quienes lo defienden dicen que se le pagaron 18 millones de dólares de manera legal en las pasadas campañas en Brasil. Ahora Lula se come las uñas por las cuentas y Dilma por las encuestas. Y hasta las iniciales de Humala han terminado en los papeles de la fiscalía de Sao Paulo.

En Chile Bachelet inició su segundo round con su hijo contra las togas, un muchacho de oficina modesta que parecía dedicado a la música.

En Bolivia una exnovia acabó con los sueños de Evo que debió conformarse con un periodo menos y un hijo más.

Venezuela necesitó de la justicia de Estados Unidos para que los revolucionarios sufrieran algún rigor. Pero los tiempos cambian y hace una semana un general, enfermero del papá de Chávez, terminó en la cárcel por cargar apenas quinientos kilos de coca, al tiempo que Asamblea Nacional intenta un proceso contra el sobrino de Cilia Flores que aún queda en la casa.

Aquí el uribismo clama contra la persecución del gobierno, pero es bueno recordar que cuando el expresidente terminó su periodo había al menos 14 funcionarios de alto nivel con condenas o procesos en curso. Entonces señalan a la Corte Suprema y llegamos al juego de quién inició la persecución.

Tal vez suframos todos los males, la justicia terminó en la política y la política terminó en la delincuencia.