Por: Pascual Gaviria Uribe.

Las rutinarias paradojas de nuestras guerras y nuestras negociaciones han querido que Álvaro Uribe y Luis Carlos Restrepo sean claves para la creación y la aplicación de la Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana. Hace un poco más de 10 años el Congreso aprobó la Ley de Justicia y Paz que serviría como marco al proceso con los paramilitares.

Unos meses antes se había intentado aprobar una fallida ley de “alternatividad penal”. Cuando se es parte de una negociación se comprenden el pragmatismo y las renuncias necesarias para acabar una guerra en una mesa. Se perdonan las vacilaciones, se presume la buena fe de quienes nunca la han practicado, se piensa más en las víctimas futuras que en las pasadas.

La Ley de Justicia y Paz, como todas las de justicia transicional, fue un tanteo con múltiples pasos en falso. Pero fue también el instrumento imperfecto para miles de verdades de la violencia paramilitar en Colombia. Unos meses después de aprobada la Corte Constitucional le apretó algunas clavijas: impidió que los paras fueron juzgados bajo el delito de sedición, ya que nunca se habían revelado contra el Estado, más bien lo había relevado con su anuencia. Obligó a los postulados a decir la verdad, a no seguir delinquiendo y a la reparación hasta con sus bienes legales. Solo pasados cinco años desde su promulgación se presentó la primera condena. ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ la estrenaron por masacres y desplazamiento en Mampuján y Las Brisas, en Bolívar.

Pero en las audiencias las cosas no son como se ven en el Congreso ni en las sillas de las altas cortes. La Ley de Justicia y Paz conservaba un limbo para 25.000 combatientes que no tenían la manera de ser juzgados ni de ser absueltos. Para muchos llegó más pronto la resocialización que el anhelado fallo. Ahora patrullaban los juzgados. Una ley de 2010 permitió la suspensión de las órdenes de captura y condenas vigentes contra esos 25.000 “inmovilizados”. Cuatro años más tarde una sentencia de la Corte Suprema permitió las sentencias parciales y destrabó la maraña de procesos superpuestos que había causado la macabra cascada de confesiones. Había 4000 postulados y solo uno de ellos había logrado sentarse ante los jueces.

Una nueva ley aprobada en 2012 modificó a Justicia y Paz y permitió las macro imputaciones y priorizar los delitos de alto impacto. Se armaron entonces unos grandes procesos judiciales que enmarcaban las actuaciones de frentes enteros. Más de 19.000 crímenes quedaron en las acusaciones a 458 desmovilizados. Hoy, bajo la ley de Justicia y Paz, sus dos leyes modificatorias y complementarias y los fallos de las cortes Suprema y Constitucional, hay 33 sentencias. Qué constituyen, más que un castigo individual, el retrato de una época, la confirmación oficial de un terror que se repitió en susurros durante años.

Con ese universo de versiones y testimonios terminaron en la cárcel 8 gobernadores, 55 alcaldes y cerca de 60 congresistas. No pasó lo mismo con empresarios y militares que durante décadas colaboraron con los ejércitos paras. La justicia ordinaria decidió dejar eso quieto, nunca entendió la lógica de Justicia y Paz. Tampoco hubo reparación material por cuenta de los paras, solo el 6% de lo que se ha entregado en reparación vino de sus bienes. A diferencia del lugar común, la justicia no fue para los de ruana. Mucha de la estructura política y económica regional atada a los paras siguió en el poder. Pagaron más fácil sus jefes en el Congreso.

Todo ese aprendizaje de un proceso de paz servirá para lo que se viene. Los gobiernos no saben para quiénes trabajan, y los enemigos políticos no se imaginan cuánto se parecen.