Por: Pascual Gaviria Uribe.

El domingo pasado 144.045 personas salieron a votar en Medellín. Las elecciones pasaron desapercibidas para casi todos en la ciudad. Fueron elecciones silenciosas, para contradecir la principal regla de la política. Se eligieron 2.627 delegados para las Asambleas barriales y veredales que definirán los proyectos del Presupuesto Participativo del próximo año.

En cada Comuna un ágora de 200 o 300 ciudadanos se encargará de decir cómo se gastarán 150.000 millones de pesos del presupuesto municipal. El ejercicio democrático tiene un poco más de 10 años de historia en Medellín y está reglamentado por un acuerdo del Concejo. Y se ha convertido en una carnada para el liderazgo, en un ejercicio abierto de política pública, en un riesgo de marrullas politiqueras y en un puente para que el poder de las bandas armadas se legitime con la plata del Estado. Desde los barrios y desde los escritorios de los investigadores se advierten luces y sombras sobre ese experimento que promete plata y poder por fuera de la lógica corriente de las oficinas públicas.

Desde su celda en Estados Unidos Don Berna dijo hace poco que La Oficina se creó en Medellín porque “se necesitaba un ente que regulara la situación en los barrios, un ente más laxo, más flexible, con el que ellos (los combos) estuvieran de acuerdo y coincidieran con nuestro proyecto político y social.” No estaba cañando cuando habló de pretensiones políticas y sociales.

Las bandas y los combos han construido en Medellín durante casi tres décadas un soporte social espontáneo, irreflexivo en un comienzo y meditado más tarde, basado en las paradojas del miedo y la gratitud, de la amenaza y la generosidad. No es raro que los ‘duros’ sean al mismo tiempo los ‘líderes’, y que los pillos sirvan de enlace entre el Estado y la comunidad. En últimas, ellos encarnan un poder probado para ser mediadores ante otro poder al que muchas veces le falta probarse.

Hace unos días fue asesinado en la comuna 1 el joven defensor de derechos humanos Juan David Quintana. Semanas antes había denunciado la injerencia de los Triana en los Presupuestos Participativos del barrio Doce de Octubre. La forma y el lugar en que fue asesinado (25 disparos) parecen probar que su muerte está relacionada con sus denuncias. Es difícil decir que en las elecciones del domingo pasado la gente salió a votar amenazada. Al igual que es injusto vincular sin más a los líderes elegidos con las bandas. Pero ni las fuentes oficiales ni los investigadores niegan que los pillos tienen un papel creciente en la política menor en los barrios.

Los combos se han convertido en un actor comunitario y es ingenuo pensar que se apartan de las instancias que deciden el destino del 5% del presupuesto de libre destinación de la ciudad. No solo les interesa la caja menor que deja la extorsión a los operadores de los contratos y el posible empleo para los “muchachos”, sino la cercanía al poder y al discurso, y la legitimidad que deja actuar bajo el emblema oficial.

La relación de un candidato con los grupos armados fue el principal ingrediente de la pasada campaña a la alcaldía de Medellín. En 2007 las bandas perdieron con sus candidatos al Concejo y solo uno de sus 18 nombres a las Juntas Administradoras locales resultó elegido. Se podría pensar que el domingo pasado se jugó mucho más que el control sobre una pequeña porción del presupuesto: la relación entre el primer eslabón de la política y quienes ejercen el poder a plomo. Tal vez tuvimos elecciones primarias, en todos los sentidos, y ni cuenta nos dimos.