Por: Pascual Gaviria Uribe.
Desde hace 25 años los sucesivos gobiernos han pontificado, amenazado y legislado contra el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis personal en Colombia. Cesar Gaviria, el presidente sorprendido con la sentencia, habló de la necesidad de un referendo para volver a la prohibición. Los tiempos de Escobar apenas habían pasado y hablar de drogas sin penas era un despropósito.
Fue más una postura conveniente que una intención cierta. Los políticos, como muchos fumadores vergonzantes, suelen esconder no sus humos, sino sus convicciones cuando estas no concuerdan con las mayorías. Luego, Samper mencionó la necesidad de una reforma constitucional que reafirmara el compromiso de Colombia contra las drogas. Sabemos que le hablaba sobre todo a la embajada de Estados Unidos. Samper tenía que hacer olvidar una entrevista vieja en la que habló de legalización y una campaña reciente en que se habían legalizado unos aportes.
Para sorpresa de muchos el gobierno conservador de Andrés Pastrana olvidó el tema. Las preocupaciones eran otras y fue un milagro que no se invocara a Nora y a los niños para tumbar esa alcahuetería. La llegada de Uribe marcó una verdadera obsesión con el tema, un ensañamiento, un vicio casi. En un principio pretendió un empadronamiento por parte de la policía para los simples portadores. Uribe, siempre tan organizado, quería sacar el carné del marihuanero expedido por la policía. Y pretendía, además, el tratamiento obligatorio para adictos.
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No es claro si eso incluía los electrochoques que impulsaba su vicepresidente. Luego de cinco intentos fallidos logró una victoria simbólica en 2009, una prohibición santanderista sin palpables consecuencias en la calle. Uribe insistió que al menos la reforma implicaba el obligatorio decomiso de la dosis por la policía. Santos se posesionó y para seguirle la corriente a quien todavía era su padrino, propuso una reforma al código penal para que el porte de la dosis dejara de ser excepción al delito de narcotráfico. Santos era un liberal de foros internacionales y un policía corriente en el Congreso.
Es el turno del joven Duque. Necesita mostrarse preocupado por la familia y los menores, requiere una pequeña pantomima. No importa la reforma constitucional que logró su apoderado, ni que el reciente código de policía traiga una prohibición expresa del consumo en espacio público y una clara sanción administrativa. La ministra de justicia dijo hace poco que la dosis mínima es una “protección a los adictos” y que quien no sea adicto está traficando. Quiere sacar el carné de adictos. La señora tiene sin duda los cables trabados.
El proyecto de Duque pretende no solo castigar el consumo en sitios públicos sino el simple porte obligando al decomiso de cualquier cantidad de droga, así sea un “cacho de marihuana”, como dice el presidente con lenguaje setentero. Las consecuencias serán muy sencillas. La requisa discrecional de los policías sobre “jóvenes sospechosos”. Un trabajo de Julieta Lemaitre y Mauricio Albarracín publicado por la Universidad de los Andes en 2013, mostró que las detenciones de la policía relacionadas con la dosis mínima recaen especialmente sobre indigentes y jóvenes de bajos ingresos. Los policías deciden cuáles consumidores son potenciales delincuentes o tienen un “alto grado de excitación” que justifica detenerlos. Los jóvenes de clase media o alta nunca terminan en los CAI para evitar problemas.
Ahora los policías decidirán a quiénes requisan. Saben en qué bolsillo pueden meter la mano. Habrá requisa y decomiso para los jóvenes de bajos ingresos y una pequeña sobretasa para quienes muestren capacidad de pago. Pura economía naranja.
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