Por: Pascual Gaviria Uribe.

En América Latina los presidentes casi siempre tienen trabajo asegurado al dejar su silla. Las afugias de un juicio penal se han convertido en rutina para los exmandatarios, y sus acompañantes pasan muy pronto de guardaespaldas a guardas a secas.

¿Qué hace que en países acostumbrados a altos niveles de impunidad la figura política más poderosa termine con tanta frecuencia en el banquillo de los acusados? ¿Son tan grandes y visibles los actos de corrupción, los abusos de poder, las persecuciones a los opositores? ¿O son inevitables las venganzas políticas, las traiciones de los herederos electorales, los montajes de los enemigos gratuitos o merecidos? Las preguntas son difíciles de responder. Lo cierto es que al parecer, entre nosotros, los escenarios políticos no son suficientes para resolver las tensiones democráticas. La política termina necesariamente ante la instancia definitiva de los jueces y magistrados, los debates acaban en interrogatorios y las rendiciones de cuentas en juicios.

Archivo. Abril 17, 1998. President de Perú, Alberto Fujimori. AFP PHOTO / JAIME RAZURI

Perú, por ejemplo, tiene una historia ejemplar de procesados presidenciales. Alan García vivió ocho años de exilio entre Colombia y Francia luego de que en 1991 fuera acusado de usar 500.000 dólares del presupuesto público para construir tres casas en Lima. Fue el primer presidente peruano en enfrentar un juicio, aunque fuera huyendo. El Congreso levantó su inmunidad y quedó en manos de un fiscal de apellido Jurado. Siempre dijo que le tenían temor a su regreso a la presidencia y luego de la prescripción del delito en 2001, en efecto volvió a ser candidato y perdió con cerca de cinco millones de votos.

Fujimori pasó de inofensivo agrónomo a monstruo de tres periodos presidenciales y convirtió los organismos de inteligencia en agencias contra la oposición y a sus asesores en verdugos. Viajó a Japón como un abuelo meditabundo en el año 2000 y volvió extraditado para enfrentar condenas por delitos de lesa humanidad, peculado y espionaje telefónico. El año pasado el debate sobre el cumplimiento efectivo de su pena todavía sirvió para resolver las elecciones en su país.

Ollanta Humala está bajo prisión preventiva desde hace un año por un proceso por lavado de activos relacionado con Odebrecht. Para bien o para mal en el canazo lo acompaña su esposa. Y Alejandro Toledo dijo hace unos meses que si se levanta su detención preventiva volverá desde Estados Unidos a enfrentar el juicio por supuestamente haber recibido veinte millones de dólares de la dadivosa Odebrecht.

En Ecuador los procesados van desde el payaso de Bucaram pasando por Lucio Gutiérrez, quién fue su edecán y luego llegó a la presidencia, hasta llegar al ceñudo Rafael Correa en guerra política con su antiguo escudero Lenín Moreno. Bucaram, acusado de peculado, está asilado en la Panamá del expresidente Martinelli, quien se encuentra en detención preventiva por el supuesto espionaje a 150 opositores.

Por su parte Lucio Gutiérrez se asiló en Brasil y Colombia, pero la nostalgia lo hizo volver a su país a enfrentar juicios por atentar contra la seguridad del Estado y otras gracias. Lula de Silva, favorito indiscutido en las encuestas en Brasil, está en la cárcel luego de un cerrado 6-5 en la Corte Suprema. Corrupción leve y lavado de activos marcan sus doce años de prisión. Y Cristina Kirchner no está en la celda preventiva por encubrimiento gracias a la inmunidad que le presta su posición de congresista. Dejemos quieto a Menem para no ir tan lejos y a Gonzalo Sánchez de Lozada para no subir hasta La Paz.

Las disyuntivas que plantean los procesos repetidos no son nada halagüeñas para estas precarias democracias. O los presidentes están siempre bordeando el código penal, o las Cortes y otros encargados de los juicios están siempre conjurados.

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