Por: Carlos Francisco Guevara Mann.

El Gobierno Nacional “ha decidido formar parte de la coalición de países de la comunidad internacional contra el grupo Estado Islámico (EI)” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 5 de febrero). Al respecto de esta decisión, que tomó por sorpresa a la ciudadanía, el presidente Varela declaró: “Panamá, su Gobierno y su pueblo están del lado del bien y están del lado de la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo y, sobre todo, contra los actos brutales que se han visto en los medios” (EFE, 16 de febrero).

La coalición contra el Estado Islámico es una alianza de 62 países (incluyendo ahora a Panamá), liderados por Estados Unidos, que han acordado acciones conjuntas para “degradar y derrotar” a la entidad terrorista. Como lo indicó el presidente Varela—y como se desprende de la lectura de la lista de miembros de la coalición—Panamá es, hasta ahora, el único país latinoamericano que forma parte de dicho pacto.

Que el Estado Islámico es una amenaza seria a la paz mundial no cabe la menor duda y que la fuerza militar es necesaria para derrotarlo es bastante evidente. Más allá de estas consideraciones, hay que determinar si es oportuno que Panamá participe en la coalición.

Al menos por la obligación de operar eficientemente un canal interoceánico y mantener ininterrumpido el tránsito por esa vía, la respuesta es negativa. Como lo han señalado en esta página Julio Linares Franco (17 de febrero) y José de La Rosa Castillo (21 de febrero), el régimen de neutralidad del canal, aunado al hecho de que según la Constitución, Panamá no tiene ejército, sustentan la inconveniencia de participar en pactos belicistas con consecuencias potencialmente lamentables.

¿Está Panamá preparado para prevenir o enfrentar un ataque terrorista contra la vía acuática u otro objetivo dentro del territorio nacional, en represalia por nuestro ingreso en la coalición? ¿Tiene nuestro Gobierno la capacidad de defender a algún ciudadano panameño que infortunadamente caiga en las manos del Estado Islámico y sea sometido a una decapitación o incineración pública solo por provenir de un país que forma parte de la alianza?

¿Qué aportará Panamá a la coalición y cuánto nos costará a los panameños ese aporte? Panamá, ciertamente, podría mandar al SENAFRONT a luchar a los desiertos de Siria e Irak.

A esa milicia de 3 mil hombres y mujeres, ideada por Washington, creada por el PRD, entrenada por Bogotá y equipada por Taipei no le vendría mal pelear en una guerra de verdad en vez de seguir violando el libre tránsito por la carretera Panamericana, hostigando a campesinos e indígenas y tomando parte en actividades que creíamos superadas con el derrocamiento de la dictadura castrense.

Según el Gobierno Nacional, sin embargo, el apoyo de Panamá no será de índole militar. El presidente Varela explicó que la presencia panameña en la coalición tiene como fin impedir que nuestro sistema financiero sea utilizado “para temas (sic) de crimen organizado y terrorismo” (EFE, 16 de febrero).

Pues bien, para prevenir que nuestra economía de servicios sea empleada para dichos “temas” no es necesario unirse a una coalición que pone en riesgo la seguridad ciudadana y el funcionamiento del canal de Panamá. Más eficiente sería fortalecer el sistema judicial y los controles democráticos sobre las actividades económicas que se desenvuelven en nuestro país, entre otras medidas, nombrando a gente competente (no a pelafustanes ni a aprovechadores reciclados) en cargos sensibles y depurando a los organismos de seguridad (como el SENAFRONT, la Policía Nacional, el Servicio Aeronaval y los demás) de sus elementos vinculados a la maleantería y el crimen organizado.

En una democracia, las decisiones de involucrar al país en una guerra (así sea simbólica y contra un grupo terrorista) deben ser producto de un proceso medianamente democrático, en el cual de alguna manera se consulte a la ciudadanía. Según el antiguo principio de Derecho Romano, “lo que a todos atañe, todos deben aprobarlo” (quod omnes tangit debet ab omnibus approbari).

En una consulta pública, hubiese sido posible evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas de la propuesta gubernamental. También se habría podido recalcar, como lo hacen los grandes tratadistas—desde Maquiavelo hasta Morgenthau—que la prudencia es la principal virtud en la conducción de las relaciones exteriores.

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(Columna publicada en La Prensa, Panamá, 25 de febrero de 2015)