La jurisdicción especial para la paz acordada por el gobierno de Colombia y las FARC para juzgar a quienes cometieron delitos durante 50 años de conflicto armado no equipara al Ejército con la guerrilla, dijo este sábado el presidente Juan Manuel Santos.

Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en ceremonia militar, diciembre 19, 2015.AFP PHOTO / GUILLERMO LEGARIA

“Partimos de la base de que todo lo que hace nuestra fuerza pública es legítimo”, dijo Santos durante una ceremonia de ascensos militares y policiales en Bogotá.

“Los otros todo lo que hacen está por fuera de las leyes y de la constitución. Eso hace una diferencia del cielo a la tierra”, agregó el mandatario en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), con quien el gobierno mantiene negociaciones en La Habana desde noviembre de 2012.

Durante el acto, Santos, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el de Defensa, Luis Carlos Villegas, firmaron la jurisdicción especial para las fuerzas armadas en el marco del acuerdo sobre el polémico punto de víctimas alcanzado esta semana, que estableció la creación de tribunales especiales que juzgarán a los autores de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluidos agentes del Estado.

Santos aseguró que el documento firmado “no fue discutido ni negociado con las FARC” y que la guerrilla no tendrá voz en la selección de los magistrados de esos tribunales, que podrán reabrir casos y sus sentencias serán definitivas.

Entre los delitos más polémicos que involucran a militares se encuentran las ejecuciones extrajudiciales de civiles que los soldados presentaban como guerrilleros muertos en combate con el fin de obtener prebendas en el ámbito castrense.   Centenares de militares han sido condenados por estos casos, conocidos como “falsos positivos” y, actualmente, unos 20 generales están siendo investigados por delitos similares, según la Fiscalía.

Las penas alternativas de reclusión que ofrece el nuevo sistema para quienes reconozcan su responsabilidad en crímenes graves durante el conflicto van de cinco a ocho años de cárcel, de acuerdo con el texto firmado por las partes esta semana. La revisión de los casos por parte de ese tribunal supondría, en la mayoría de casos, una reducción de condena o su suspensión, destacó el mandatario.

El acuerdo permite dar “los mismos beneficios a nuestra fuerza pública que a la contraparte con la cual estamos pactando la paz. i esto no se hacía, yo no firmaba la paz”, dijo.

Santos admitió que las FARC “han cumplido con el cese unilateral del fuego” anunciado el pasado 20 de julio. Desde esa fecha, los ataques de la guerrilla se han reducido 96%, las muertes de civiles 92% y las de militares, 95%, detalló.

Después de acordar el polémico punto de víctimas, quedan por definir el cese bilateral del fuego, la dejación de armas por parte de los guerrilleros y la refrendación de los acuerdos.

El conflicto armado colombiano, en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, ha dejado al menos 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según datos oficiales. AFP