Tras varios intentos frustrados de alcanzar una resolución negociada entre algunos de los protagonistas de la guerra, esta vez sí hay una posibilidad real de celebrar acuerdos finales entre la principal fuerza guerrillera -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y el gobierno colombiano. Serán firmados en La Habana, muy probablemente antes de octubre de este año. Hechos como el cese al fuego firmado en junio de este año, los acuerdos sobre temas intratables hasta recientemente, como el desarrollo rural en los territorios en conflicto, apuntan a que esta vez sí habrá fin al conflicto armado.

Oxfam

Primero, los colombianos deben decidir

¿Será eso la paz? Primero, los ciudadanos tendrán que contestar si quieren la paz negociada en La Habana. Literalmente. La Corte Constitucional de Colombia avaló un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, una vez firmados. Parece extraño someter la paz a votación popular, pero hay intereses económicos fuertes, de elites, de armas, de drogas, que se oponen, así como intereses políticos opuestos o visiones contrarias ante una porción de los acuerdos, como la no judicialización de exguerrilleros. Ante el anuncio del plebiscito, el ex presidente y actual senador, Álvaro Uribe, quien tiene 4.4 millones de seguidores en Twitter, reaccionó publicando “solamente nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito.”

Más allá de la oposición frontal, el optimismo que genera entre los colombianos la idea del fin del conflicto armado es cauteloso y guardado. En julio visité Colombia y dialogué con mujeres víctimas, organizaciones sociales, ONGs, congresistas, abogados, defensores de derechos humanos, representantes del gobierno. Todos los grupos advirtieron sobre los peligros de una paz incompleta.

Una paz completa tendría que garantizar la vida y el Estado tendría que recuperar el monopolio sobre el uso de las armas. Es un desafío que provoca insomnio no solo en el Ministerio del Interior, sino en comunidades donde aún operan actores armados distintos a las FARC, como el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares y bandas criminales que se disputan las rutas del narcotráfico, el acceso a la tierra y los recursos naturales en territorios donde la paz tendría que ser construida antes de ser vivida.

Chocó: años esperando a la paz y al Estado

Uno de los mejores ejemplos de este desafío está en el Chocó, en la costa pacífica colombiana. La riqueza mineral (en el 2015 el Chocó aportó el 25% de la producción nacional de oro) y de biodiversidad (la segunda reserva natural biológica más grande, después de la amazonia) contrasta con los niveles de pobreza, de los más altos del país. El 76% de la población son personas negras afrocolombianas. Frontera con Panamá, a solo una hora en avión de Bogotá, la región no podría ser más distante o diferente de la capital.

Después de llegar a Quibdó, la ciudad principal, navegamos durante dos horas en una lancha por el Río Atrato, cruzando la selva tropical para llegar a la comunidad de Medio Atrato. En el trayecto pudimos observar las huellas devastadoras de la minería ilegal en la ribera, los socavones en la tierra para extraer oro. Eramos quince personas en aquella embarcación, entre representantes políticos locales y de otras organizaciones de la sociedad civil y el director de Oxfam Intermón José María Vera.

En Medio Atrato el 90% de la población es víctima del conflicto. Nos reunimos con líderes afro e indígenas quienes nos relatan cómo sufren la impunidad de las FARC, el ELN, los paramilitares, los sicarios, el ejército. Estos grupos, argumentan las comunidades, son su principal amenaza y buscan controlar el corredor hacia Panamá para el tráfico de drogas, armas y personas. Los jóvenes son reclutados en un bando u otro. Las mujeres y sus cuerpos son botín de la guerra.

No habrá paz si persiste la violencia contra las mujeres

Una paz completa debe pasar por el fin de la violencia contra las mujeres. Las cifras de la violencia que afecta al 51% de la población son alarmantes, los testimonios desgarran, provocan rabia e indignación. Estevana nos cuenta que fue violada por 4 paramilitares y sus dos hijos pequeños fueron asesinados delante de ella. Tardó 20 años para enfrentarlo por el miedo y la vergüenza, hasta que se dio cuenta que cosas peores habían pasado a otras mujeres. La violencia sexual ha sido un arma de guerra, y la impunidad en casos de violencia sexual alcanza el 95%. Las mujeres víctimas han logrado colocar el tema en las negociaciones de La Habana, pero nos cuentan que viene de mucho atrás y la guerra ha exacerbado un fenómeno estructural.

La extrema desigualdad también golpea en esta región del Atrato, hay agua por todas partes, pero no para beber (el río está cada vez más contaminado por el mercurio de la minería ilegal). Fidel, líder indígena del pueblo Embera, me cuenta que son 8 horas en canoa motorizada para llegar al puesto de salud. “Un pueblo con tantas necesidades no puede estar en paz,” me dice. Según ACNUR el 61% de la población en el Chocó tiene necesidades de apoyo humanitario. El 20 de julio, día de la independencia de Colombia, una multitudinaria marcha cívica proclamó cambiar el Grito de Independencia por un grito de protesta ante el abandono estatal.

Sin duda, la paz tendría que ser construida en estos territorios, y el porvenir no va a ser fácil, pero los acuerdos de paz generan optimismo en una región que nunca ha tenido porque ser optimista. Es una semilla. El rol del Estado en este proceso de paz va a ser central. En primer lugar porque comparte una responsabilidad directa en crímenes durante el conflicto. Uno de los casos más perversos es el de los “falsos positivos”: personas inocentes, secuestradas muchas veces por policías o paramilitares y luego asesinadas y lanzadas a fosas comunes vestidas de guerrilleros para que el ejército pudiera cumplir sus cuotas de bajas en la guerra y recibir bonos y vacaciones adicionales.

Reconocimiento y justicia para las víctimas

En una reunión con el Movimiento de Victimas de Crimen de Estado MOVICE, de nuevo recibimos los testimonios de quienes continúan siendo intimidados y perseguidos para mantener el silencio sobre lo que han sido crímenes de Estado. Describen la odisea de la justicia cuando el problema es originado por una política de Estado. No se cansan, ni piden reparación económica, piden justicia para todos, y sobre todo para las víctimas.

Pero también el Estado tiene una obligación por la omisión, el abandono y la negligencia. Los orígenes del conflicto residen en la problemática de la desigualdad y pobreza y la falta de mecanismos democráticos para abordarla. El problema de acceso a tierras para la población rural; el despojo y desalojo de comunidades para extraer recursos naturales de lo que Fidel, del pueblo Embera, llama “la tierra de nuestros ancestros”; la falta de provisión de servicios públicos, de salud y educación, agua potable; la carencia de un sistema de protección social; y por otro lado, la gran concentración del poder económico y político que obstinadamente rechaza reformas sociales muy tímidas con tal de conservar sus privilegios.

¿Será que esta paz podrá abordar las causas estructurales que dieron origen a la guerra y que siguen siendo las causas de los conflictos hoy en día? Sin un papel central del Estado durante un largo tiempo, será imposible. Se va a necesitar una reforma fiscal para financiar la paz y atacar la desigualdad. La Paz se construye, pero hay que invertir en ella.