La ONU pidió este lunes respeto a los derechos humanos de los siete guerrilleros de las FARC condenados el domingo en juicio indígena a prisión y a latigazos, por el asesinato de dos aborígenes la semana pasada.

En la asamblea que reunió en el municipio de Toribío (oeste) a más de 3.000 personas de la etnia nasa, y que decidió la suerte de los acusados, hubo “un deseo de ver que los crímenes que han sufrido los indígenas se resuelvan a través de justicia, pero esos deseos se deben balancear con el pleno respeto de los derechos humanos”, dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.

El combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), acusado de disparar contra dos indígenas luego de que quitaran una pancarta de un abatido jefe guerrillero, recibió una sanción de 60 años de prisión.

Cuatro de los insurgentes que lo acompañaban recibieron 40 años de pena, mientras que dos menores fueron sancionados con 20 latigazos y reclusión en un centro de rehabilitación mientras cumplen la mayoría de edad.

Las autoridades indígenas dijeron a la AFP que en el juicio, una comisión investigadora presentaba sus conclusiones a la asamblea, en presencia de los acusados, y los representantes nativos decidían finalmente la sanción.

Sin embargo, para la ONU, “el debido proceso implica derecho a la defensa, que la investigación se haga por parte de una entidad independiente, que haya una segunda instancia para la apelación”, agregó Hochschild en declaraciones a la prensa en Bogotá.

Los acusados debían confesar que fueron culpables después de la presentación del informe de los investigadores. Una vez emitida la pena, el replanteamiento de la condena se complica, pues los nativos tendrían que volver a reunirse en asamblea, algo que “ocurre pocas veces”, aseguró en entrevista con RCN La Radio, Gabriel Paví, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACINC), autoridad en la zona donde ocurrieron los hechos.

“Reconocemos ese tipo de decisiones de la justicia indígena”, aseguró por su parte el vicefiscal de Colombia Jorge Perdomo, en declaraciones a la prensa.

La Constitución colombiana brinda a las autoridades de los pueblos indígenas la potestad de realizar juicios por delitos cometidos en sus territorios ancestrales, aunque no pueden aplicar penas que contravengan la Carta Magna o las leyes del país.

Las FARC son la principal guerrilla del país con unos 8.000 combatientes, según cifras oficiales.

Fuente: AFP