Por: Jimena Gomez-Merickel.
Históricamente, América Latina invierte entre el 2% y el 3% del producto interno bruto (PIB) anual en infraestructura, aunque debería ser al menos un 5% para satisfacer las necesidades de la región. Esta diferencia crea una brecha de tal magnitud que solo se puede reducir con la participación de inversiones privadas y públicas.
¿Cuánto hemos avanzado para cerrar esta brecha?
Colombia y Chile son los países con la mayor capacidad de conformar Asociaciones Público-Privadas (APP) sostenibles para proyectos de infraestructura en la región, según el Infrascope. Chile tiene una larga historia de participación del sector privado en proyectos de infraestructura, que se remonta 25 años atrás. Asimismo, cuenta con un sólido marco regulatorio que acompaña a las APP, un clima estable de negocios e inversiones, e instrumentos de financiamiento desarrollados.
Colombia también disfruta de un marco regulatorio firme, sustentado en particular por la Ley de Asociaciones Público-Privadas de 2012, y por la solidez de las instituciones a cargo de desarrollar y mantener contratos de APP. En los últimos cinco años, Chile y Colombia han adjudicado 70 y 30 contratos de APP, respectivamente.
¿Qué podemos aprender de las experiencias de esos países?
Colombia y Chile son dos ejemplos para el resto de la región, en especial en relación con sus regulaciones y la madurez de las APP, por las que ambos países ocupan el primer lugar en el ranking en estas dos categorías de evaluación del Infrascope.
Colombia, por ejemplo, ha incorporado lo que ha aprendido de los programas anteriores de concesión de peajes en carreteras en el marco actual 4G, particularmente en las siguientes áreas: 1) asignación de riesgos; 2) estructuración financiera de contratos; 3) estandarización de estudios técnicos, metodologías y modelos financieros para valorar el riesgo; 4) optimización y estandarización de contratos, y 5) mejora de la posición de los financiadores, a través de la inclusión de los derechos de intervención de los prestamistas y de disposiciones para la resolución de conflictos; entre otros, de acuerdo con un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, mientras el progreso es importante, persisten algunos desafíos, en particular, a la hora de movilizar financiamiento para los proyectos que ya han sido adjudicados. Hasta el momento, tan solo ocho proyectos han logrado el cierre financiero por aproximadamente US$4.000 millones y existen aún US$10.000 millones pendientes de financiamiento.
Las lecciones y los desafíos del programa de la Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia no son únicos en el sector, ya que otras áreas de infraestructura se enfrentan a impedimentos similares a la hora de acceder a financiamiento. No es coincidencia que la categoría de financiamiento del Infrascope tenga los resultados más bajos en los cinco criterios de evaluación para los 23 países analizados, con un promedio de 45 sobre 100.
Por otro lado, cuando se trata de desarrollar soluciones innovadoras de financiamiento, tales como movilizar inversores institucionales para que cierren la brecha de inversión en infraestructura, incluso países como Chile todavía deben afrontar algunas situaciones difíciles. En ese país, las reglamentaciones locales no permiten que los fondos de pensión privados financien directamente proyectos de infraestructura.
¿Cómo ayudar a que la región cierre la brecha de financiamiento en infraestructura?
Para cerrar la brecha en la región se han implementado medidas similares que están funcionando bien. Por ejemplo, países como Brasil, Chile y Perú, que ocupan los lugares más altos de la categoría de financiamiento del Infrascope, cuentan con los mercados de capital más desarrollados de la región, donde se comercializan libremente bonos en monedas locales de emisores públicos y privados, así como un bajo riesgo soberano.
Otro ejemplo es Colombia y su trabajo para eliminar esta brecha mediante instituciones como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Esta entidad desarrolla productos financieros innovadores para reducir los costos de financiamiento de los proyectos, y para facilitar el acceso a financiamiento y a los mercados de capital, a través de garantías crediticias y préstamos prioritarios y subordinados con tenores extensos. Hace poco la FDN lanzó un nuevo producto que consiste en préstamos emitidos en moneda local, para atraer inversores internacionales que puedan brindar garantías y asumir el riesgo crediticio de las exposiciones, pero prefieren evitar el riesgo de la tasa de cambio.
Las lecciones aprendidas hasta el momento destacan las áreas que deben mejorar. Por ejemplo: 1) la apertura de mercados a prestamistas institucionales locales (es decir, fondos de pensión privados y compañías de seguro); 2) la emisión de bonos de impacto en el desarrollo y bonos verdes; 3) la promoción del acceso a fondos de desarrollo de proyectos; y 4) facilidades para innovar con productos más sofisticados en el sector financiero y los mercados de capital.
La garantía de los bonos de infraestructura de Santa Vittoria do Palmar en Brasil y el bono B de Campo Palomas en Uruguay, ambos estructurados por BID Invest (conocido anteriormente como Corporación Inter-Americana de Inversiones), muestran que el rol que cumplen las áreas del sector privado de los bancos multilaterales de desarrollo sigue siendo de gran relevancia. De la misma forma, estos proyectos destacan el valor de brindar soluciones innovadoras de financiamiento y posibilidades de asociación con actores clave de los sectores público y privado para cerrar la brecha de financiamiento en infraestructura de la región.
SOURCE: Corporación Interamericana de Inversiones-CII
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