Por: César Lorduy.

Desde hace algunos días el país está escandalizado con el bochornoso episodio que involucra al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, a quien se acusa de haber recibido 500 millones de pesos para revocar, vía tutela, una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se condenó a la empresa Fidupetrol a pagar 22.500 millones de pesos.

Lo más grave del asunto –y lo que realmente ratifica que Pretelt carece de la probidad y la altura para ser Magistrado o juez de cualquier rango- no es el hecho mismo que lo puso en el ojo del huracán, el cual todavía está sub judice; es la actitud que ha desplegado con posterioridad a él, que no guarda correspondencia con la del juez para quien la institución de la justicia reviste mayor grandeza que la defensa misma de su honra personal.

Pretelt no solo se ha aferrado indignamente a su cargo, el cual debió dejar hace mucho: no necesariamente porque sea culpable, sino porque la simple sospecha de que lo sea hace ilegítima la institución de la que es parte. Decidió además ser representado por un abogado que carece de la altura, la prudencia y la transparencia que debería tener un verdadero jurista, más el que tiene a su cargo representar a un Magistrado. La sola manifestación realizada por el apoderado frente a que el derecho no tiene nada que ver con la ética, además de vergonzante y desacertada, tendría que haber dado lugar a la revocatoria del poder por parte de cualquier persona, más por un Magistrado. Eso no ocurrió.

La justicia es la institución más sagrada que puede tener una sociedad; es una tarea de Dioses, que por simple imposibilidad se delega en los hombres. Tener el poder de juzgar a un igual es quizá la facultad más omnímoda que puede tener un ser humano. De allí que se exija que sea un jurista: un hombre probo, ponderado, ecuánime y transparente; pero sobre todo, que sus juzgadores lo perciban como tal. La legitimidad del juez y sus decisiones no proviene de la Ley que le otorga la competencia para decidir, sino de la altura con la que las partes que son juzgadas por él lo perciban.

Un juez honesto y probo, percibido como corrupto o poco transparente, será ilegítimo. A pesar de no ser un delincuente, carecerá la grandeza propia de quien está instituido para ejercer una función que debería corresponder a los Dioses; no porque intrínsecamente no la tenga, cosa que en una dignidad como la Rama Judicial es necesaria pero no suficiente, sino porque para sus destinatarios carece de ella, lo cual de inmediato lo descalifica. Y la razón de esa ilegitimidad es sencilla: el destinatario de una decisión está incentivado a desconocerla cuando considera que quien la adoptó es moral o éticamente inferior a él, sin importar que lo sea o no.

No me corresponde definir si Jorge Pretelt es culpable o no. Ya lo dirá la Autoridad competente. Lo que sí puedo afirmar sin asomo de dudas es que es un juez ilegítimo, lo cual lo descalifica de inmediato para ser parte de la Rama Judicial, más aún cuando se trata de la majestad de un Magistrado de la Corte Constitucional.

Su presencia en la Corte deslegitima todas las decisiones del Tribunal y le resta credibilidad a las instituciones jurídicas, independientemente de que la decisión adoptada sea espuria o no. Lo importante no es solo que lo sea, sino que se perciba como tal. Es eso lo que da credibilidad a las decisiones y lo que garantiza su respeto y acatamiento.

Si algo queda de grandeza en la actuación de Pretelt Chaljub, eso le debería servir para dejar de inmediato y de forma definitiva su cargo de Magistrado; no porque afirme que sea un delincuente, sino porque es un juez ilegítimo. Valdría la pena que su amigo Rodrigo Escobar Gil, que harto lo ha aconsejado en el manejo de este proceso, le recomiende dejar de inmediato el cargo. De lo contrario, toda la Corte Constitucional estará contaminada. Es el momento de mostrar que a Pretelt le importa más la dignidad de la justicia que su propia dignidad, un gesto que en algo redimiría su pobre conducta.

Post relacionados:

No se aparte, ¡RENUNCIE!