Por: César Lorduy. 

Consta en el texto de la denuncia radicada y ratificada por el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González ante la Cámara de Representantes, que los magistrados de la misma Corte Luis Ernesto Vargas y Gabriel Mendoza fueron enterados por el abogado Víctor Pacheco de que el magistrado Jorge Ignacio Pretelt lo había citado a su apartamento el año pasado para hablarle de un proceso de tutela y para solicitarle $500.000.000 con destino, supuestamente, al magistrado Mauricio González, ponente del fallo, que es “amigo” suyo y que sólo él podía “hablarle al oído” de tales temas. Los hechos anteriores, dados al conocimiento también de la magistrada María Victoria Calle, le fueron ratificados personalmente por el mismo Pacheco al magistrado González.

Cuatro magistrados de la Corte, que son el 45% de la misma -que no son cualquier persona-, conocieron los hechos narrados por Pacheco, a los que hay que sumarles las voces cuestionantes del magistrado Jorge Iván Palacio y del exmagistrado Nilson Pinilla, todo lo cual demuestra que no es ningún acuerdo que de la noche a la mañana se les ocurrió para inmiscuirse en unos hechos como si estos fueran chismes de pasillo, y mucho menos haberse concertado para enlodar o ensuciar –simplemente porque así lo decidieron– a un compañero de Corte al que saludaban todos los días y con el que compartían sala de manera frecuente.

La dignidad de la Corte, por obra y gracia de los hechos narrados por Pacheco –a los que se les ha dado credibilidad formal por parte del magistrado denunciante–, ha sido herida de muerte y hasta ahora reposa sangrienta en la cama de la Constitución que juró defender, y genera la duda de sus actuaciones futuras, si el tratamiento a la herida no es de la misma naturaleza o superior, que el hecho que la causó.

Sobre la dignidad de la Corte no puede estar la de un magistrado, y por el contrario, cuando la de este está por lo menos en duda por el 55% de la misma, lo único que se espera es que el sospechoso, por dignidad, actúe en beneficio de la Corte de los Derechos Humanos, del control del poder, y además patrimonio jurídico y moral de los colombianos.

Por dignidad o con dignidad debe renunciar Pretelt, tal como renunciaron los magistrados Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura, por hacer parte del escándalo de las presuntas prebendas para enviar un caso de falso positivo a la justicia penal militar, y Róger Camilo Argüello, de la Corte Suprema de Guatemala, mencionado en un fraude conocido como ‘el escándalo de los narcodólares’. También el magistrado Abel Almengor, de la Corte Suprema de Argentina, a quien una jueza involucró en una denuncia relacionada con una supuesta conspiración para retirar del puesto a la procuradora, y  el juez del Tribunal de Apelación de Sentencia de Costa Rica, Alfredo Chirino Sánchez, quien renunció por haber sido señalado en el pago de presuntas dádivas para adjudicar una licitación.

Hay muchos más ejemplos que enaltecen lo que Piero Calamandrei en algún momento expresó: “Los jueces son como los que pertenecen a una orden religiosa. Cada uno de ellos tiene que ser un ejemplo de virtud, si no quieren que los creyentes pierdan la fe”