La evasión y elusión fiscal de las empresas afecta proporcionalmente con mayor intensidad a los países en desarrollo, ya que dependen dos veces más de los ingresos que generan los impuestos sobre los beneficios empresariales que en el caso de las economías avanzadas. De los 170.000 millones de dólares que los países en desarrollo dejan de recaudar cada año, 100.000 millones se deben a la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas. Esta cantidad sería más que suficiente para proporcionar educación a los 124 millones de niños y niñas que están actualmente sin escolarizar, y para costear la atención sanitaria que podría salvar la vida de seis millones de niños.

“Los Papeles de Panamá hicieron reaccionar a los políticos, pero los Paradise Papers demuestran que todavía les queda mucho por hacer”, señala Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam. Las personas más ricas y las grandes empresas como Apple y Nike, con el apoyo y la complicidad de los paraísos fiscales y de proveedores de servicios offshore como Appleby, siempre irán un paso por delante a menos que los Gobiernos pongan en marcha una reforma integral del sistema fiscal internacional.

Acabar con los escándalos fiscales no resultará sencillo, y es posible solo si hay voluntad política. Las cinco medidas propuestas por Oxfam muestran cómo los Gobiernos pueden poner fin a estos escándalos si anteponen los intereses de la mayoría de la ciudadanía a las exigencias de los súper ricos y las grandes empresas.

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Estas son las cinco medidas que Oxfam propone a los Gobiernos para que acaben con los escándalos fiscales:

1. Elaborar una lista negra mundial de paraísos fiscales siguiendo criterios objetivos, acompañada de contramedidas adecuadas, incluyendo sanciones que desincentiven su uso. Ni los Gobiernos ni las instituciones internacionales han acordado aún una lista negra de paraísos fiscales que sea objetiva y sin interferencias políticas. El G20/OCDE publicó una irrisoria lista negra en junio de 2017 en la que solo aparecía un país: Trinidad y Tobago. La Unión Europea tiene previsto publicar una lista más completa en diciembre, pero dejará al margen a los paraísos fiscales europeos como los Países Bajos e Irlanda, que tienen un papel destacado en los Paradise Papers.
2. Incrementar la transparencia en la información financiera asegurando que todas las multinacionales publiquen informes financieros para cada país donde realicen actividad económica. La propuesta de la OCDE sobre la presentación de informes país por país se queda muy corta, ya que no abarca a todas las multinacionales ni las obliga a hacer públicos sus informes financieros. Esto impide que los países en desarrollo puedan acceder a los datos que les permitirían identificar a los evasores y elusores fiscales. Estados como Alemania, Irlanda y Luxemburgo están bloqueando las negociaciones en la UE para lograr que esta iniciativa sea tan ambiciosa y efectiva como podría serlo.
3. Acabar con la opacidad fiscal para los súper ricos estableciendo un registro público y centralizado de los titulares reales y últimos de las sociedades (incluidas las empresas pantalla) cuentas bancarias, trusts, fundaciones, propiedades, etc. Muchos países han establecido registros de los titulares reales y últimos de las empresas, pero pocos los han hecho públicos y siguen sin estar centralizados. Esto impide que los países en desarrollo puedan acceder a los datos que les permitirían identificar a quienes ocultan su dinero en paraísos fiscales.
4. Reequilibrar los acuerdos fiscales garantizando que no erosionen las bases impositivas de los países en desarrollo. A menudo, los acuerdos fiscales incorporan provisiones injustas para los países en desarrollo, ya que permiten que las multinacionales puedan desviar beneficios sin tributar en el país. A pesar de ello, las reformas fiscales lideradas por el G20 y la OCDE han ignorado este problema, en parte porque los países en desarrollo estaban excluidos de las negociaciones o no pudieron participar en igualdad de condiciones.
5. Crear un organismo fiscal mundial que incluya a todos los países en igualdad de condiciones para acordar una nueva generación de reformas fiscales que creen sistemas tributarios más justos. Las reformas del sistema fiscal internacional apenas han ayudado a prevenir la erosión de las bases imponibles en los países ricos, y mucho menos en los países en desarrollo, que estaban excluidos del proceso de reforma o no pudieron participar en igualdad de condiciones. No obstante, la OCDE y el G20 han bloqueado los intentos de los países en desarrollo de crear un organismo fiscal independiente en el que todos los países puedan colaborar para acordar una segunda generación de reformas para reconstruir el sistema fiscal internacional. Esto incluiría medidas para combatir la dañina competencia en cuestiones fiscales.