Por: Carlos Velásquez Muñoz.

Aun hoy Colombia es considerada, a pesar de la mirada apática de su clase dirigente (son responsables tanto políticos, como empresarios), como un país megadiverso en términos ambientales; en solo el 0.7% del total de la superficie de la tierra, reúne entre el 12 y el 14% de la diversidad biológica del mundo. Sin embargo, los colombianos en general no conocemos y, por tanto, no hemos apropiado y, mucho menos respetado, esa formidable riqueza.

De otro lado, este es un país que lleva algo más de 50 años en guerra y, en todo ese tiempo, de muchas cosas nos hemos privado y, otras más, perdido. Sin duda, de muchas de nuestras magníficas riquezas ambientales nos hemos privado y, muchas de ellas, se han ido también.

Preocupa entonces que, a pesar de la importancia que el ambiente tiene o debería tener en el desarrollo futuro del país, de ello poco se dialogue en la agenda para la consecución de la paz, o por lo menos no con la misma vehemencia que cuando se habla sobre purgar penas, participar en política o, incluso, llevar a cabo una reforma agraria; como si el manejo del campo nada tuviera que ver con la conservación de la tierra, los bosques y masas forestales.

Aunque pueda sonar un poco sesgado hacia mis preocupaciones académicas e investigativas, no dudo al afirmar, que el gran reto del anhelado acuerdo de paz y sus posteriores escenarios de construcción de tejido social en tiempos de posguerra (posacuerdo), pasan, indudablemente, por sus implicaciones en escenarios que incluyan la preservación y mejora de nuestro más apreciable patrimonio.

De la incorporación decidida de las consideraciones ambientales a la consecución e implementación de los acuerdos, dependerá que éstos se conviertan en dinamizadores para alcanzar el modelo de desarrollo sostenible, tal y como lo instituye la Carta Política de 1991. Desconocer o excluir este asunto, solo traerá acciones desmedidas en desmedro del patrimonio natural y, por tanto, el fracaso económico y social de las intervenciones que se propongan.

Por supuesto que aún queda todavía trecho por recorrer y muchas cosas por decidir. Teniendo en cuenta lo anterior, en días pasados el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, publicó un documento sobre la necesidad de incluir las consideraciones ambientales en las discusiones de paz y, sobre todo, en los escenarios de posconflicto. El interesante documento de 122 páginas se ha convertido en imprescindible insumo para lograr dicho propósito.

A continuación se comparten sus líneas pilares, junto con algunos comentarios entrecruzados para mayor análisis:

a. Las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz (desarrollo de Infraestructura, apertura de mercados y capitales, desarrollo agropecuario, programas de desminado, sustitución de cultivos de coca, creación de un fondo de tierras, etc.) son áreas de altísima relevancia ambiental.

De este primer punto surge la necesidad de dar respuesta a preguntas tales como: ¿qué áreas serán protegidas?, ¿a través de qué figuras?, ¿cómo hacer compatible el desarrollo económico con la protección del ambiente?

Pensemos por un momento en la doble calzada Ciénaga-Barranquilla. La infraestructura es necesaria, pero a qué costo sobre la Zona Ramsar de la Ciénaga Grande del Magdalena. En escenarios de postconflicto, esta sería una disyuntiva habitual.

b. La implementación de la Reforma Rural Integral impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal en las cuales se debe evitar promover actividades productivas distintas a los que su vocación permite.

Hay que plantearse el escenario de la asignación de tierras a población víctima del conflicto y a los excombatientes, así como la promoción de actividades a desarrollar en esas tierras. Los acuerdos y la nueva dinámica social y política traerán como consecuencia condiciones que mejorarán la competitividad de las regiones, por lo que es necesario evaluar y potenciar actividades compatibles con el suelo, incluyentes socialmente y conservacionistas de la vocación ambiental.

Al tiempo que se publicó el documento del PNUD, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Irragori Valencia, presentó por tercera vez al Congreso de la República, el Proyecto de Ley que contiene las discutidas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social-ZIDRES, las cuales permitirán el establecimiento de proyectos productivos en zonas aislados, donde los proyectos agrarios demandan altas inversiones, no hay infraestructuras y hay altos índices de pobreza.

Si las ZIDRES cumplen con lo que proponen, esto es, el desarrollo de proyectos agroindustriales respetando la vocación de cada zona considerada y siendo incluyentes con productores y trabajadores, sin duda, servirá para dinamizar los acuerdos. Si, por el contrario, solo perpetúa el aprovechamiento de los grandes intereses económicos y pauperiza aún más a los campesinos, será otro detonante más de insatisfacción social.

c. Es indispensable considerar la actividad extractiva y sus implicaciones en la construcción de paz, con el fin de evitar que haya una migración de conflictos socioambientales hacia zonas con potencial minero.

Este es uno de los asuntos de la mayor importancia. Los recursos están allí, en el subsuelo, pero debe existir presencia del Estado, para garantizar una operación legal, limpia, en zonas aptas para la extracción, con correcta distribución de beneficios y, por supuesto, con óptimas medidas de mitigación y restauración ambiental de todos los pasivos producidos.

d. La construcción de paz implica respuestas rápidas desde la institucionalidad ambiental para no generar cuellos de botella en la implementación de los acuerdos.

Hay que seguir pensando en la manera como se recompone el componente institucional del Sistema Nacional Ambiental-SINA. Las CAR han demostrado su inoperancia y corrupción en muchas zonas del país, por lo que sin duda, es necesaria una reingeniería del SINA a consecuencia de los acuerdos, una mirada profunda a esta parte del sistema.

e. Es necesario avanzar en procesos de ordenamiento territorial concertados en las áreas prioritarias para el posconflicto.

La experiencia de los POT de primera generación dejó en evidencia que el ordenamiento del territorio puede ser una muy buena herramienta para hallar visiones prospectivas de desarrollo a partir de las potencialidades del territorio, pero también, que son altamente manipulables a partir de la imposición de visiones unidireccionales de poderes políticos o económicos. Estos planes requieren una revisión en el contexto del posconflicto para que se conviertan en lo que realmente deben ser, instrumentos para orientar el desarrollo del territorio y del espacio físico a partir de claras estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

f. Por último, en todos los casos la participación activa de las comunidades locales y sus organizaciones es indispensable para que las acciones que se decidan, se adelanten con eficacia y eficiencia en un entorno constructivo de resolución pacífica de conflictos ante y entre los intereses diversos que surjan.

Como ya hemos anotado, la reconstrucción del tejido social es uno de los asuntos esenciales del nuevo escenario posterior al conflicto. A pesar de lo anterior, si miramos las proyecciones del Plan de Inversiones del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País, no aparecen con claridad recursos apropiados para tal fin. En la estrategia denominada: Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la Paz, aparece un proyecto denominado: Fortalecer los mecanismos de transición hacia la paz, con un presupuesto asignado de 1.435 millones de pesos de 700 billones que contempla en total el Plan. No es un buen indicio esta situación.

En fin, es necesario reverdecer los diálogos de paz; el medio ambiente debe ser transversal a la discusión, pues de su tratamiento dependerá la implementación de la mayoría de las soluciones propuestas. No habrá acuerdo, sin medio ambiente que lo posibilite y contenga.

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