Señor presidente, le reitero, serénese.

El proceso de paz, doctor Santos, no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz.

Le recuerdo al señor presidente que debe dar buen ejemplo a los colombianos de respeto a las instituciones.

Pedir aclaraciones y preguntar es una tarea permanente que realiza la Procuraduría en todos los ámbitos. Lo invito a que los interrogantes formulados por el Ministerio Público los asuma el Gobierno Nacional como una oportunidad para resolver las cuestiones que generan duda, incertidumbre, confusión o perplejidad en la opinión pública.

La conducción del proceso de paz es responsabilidad del presidente, el asegurar que se respete la Constitución y la ley es responsabilidad del procurador general de la Nación. Eso me obliga a “meterme”, como usted lo describe.

Ni la Mesa de La Habana, ni el presidente son soberanos. Tienen los límites que el ordenamiento jurídico les impone.

A la Procuraduría le corresponde defender el ordenamiento jurídico, los derechos de las víctimas y propugnar por su reparación, así como vigilar que las actuaciones en el marco de las conversaciones con las FARC acaten la Constitución.

Le solicito, señor presidente, en ejercicio de mis funciones, responder las 45 preguntas que le formuló la Procuraduría y que le entregué personalmente el pasado 13 de marzo.

La Procuraduría tiene la obligación de preguntar para ejercer el control sobre el Gobierno y, usted, como cualquier otro servidor público, tiene la obligación constitucional y legal de responder.

Aprovecho para ampliar el cuestionario a partir de las declaraciones de hoy, suyas y del doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe de la Delegación en La Habana.

Usted señaló:  “Ya está absolutamente claro que esta Justicia Transicional que vamos a negociar incluirá en forma especial a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas”.

Y el doctor De la Calle refiriéndose a militares y policías dijo: “Si llegamos a un acuerdo final para la terminación este tiene que incluir una solución integral, que ofrezca garantías de seguridad jurídica para todos”.

Es decir, señor presidente, en la Mesa de La Habana su Gobierno está negociando con las FARC la suerte jurídica de militares y policías.

¡Eso me deja aún más perplejo!

Con respeto, en cumplimiento de mis funciones constitucionales y legales, le pregunto:

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal que otorga competencia al presidente de la República para negociar con las FARC el tratamiento jurídico que se debe dar a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía?
2. ¿Por qué para dar seguridad jurídica a los integrantes de la fuerza pública el Gobierno termina en la práctica poniendo en el mismo nivel de las FARC a las Fuerzas Militares y de Policía, al terrorista con el soldado o el policía que los combatió para defender los derechos de los colombianos?
3. ¿La asimetría que propone el Gobierno implica que militares y policías que han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos se les conceda el derecho a la participación política, como se pretenden con los integrantes de las FARC?

Sus respuestas ayudarán a dar claridad, certeza y confianza en la ciudadanía sobre el proceso de paz. El apoyo de la opinión pública no se logra con un proceso opaco, sino con transparencia y claridad ante la sociedad colombiana.

Esa transparencia es la que permitirá lograr un Pacto para la Paz, entre defensores y críticos del proceso de La Habana, que permita que lo que se acuerde con las FARC se cumpla y se pueda cumplir.

Se equivoca, presidente, si piensa que la paz estable y duradera se reduce a un acuerdo entre la élite representada en su Gobierno y la élite criminal de las FARC.

La razón la reconoció usted mismo el pasado 10 de marzo, con las siguientes palabras: “Porque la paz no la puede hacer solo el presidente de la República, ni mucho menos le pertenece a Juan Manuel Santos. La paz es de TODOS los colombianos”.

Tampoco olvide, presidente, que en ese discurso afirmó: “Por eso los necesito a todos, no importa si son críticos del proceso”.

Por todo lo anterior, para utilizar sus particulares términos y evitar ambigüedades: Me seguiré “metiendo” en el proceso de paz, porque así me lo ordena la Constitución.

Finalmente, quiero decir a la sociedad que puede estar tranquila. Continuaré defendiendo los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico.

(Boletín 307, Procuraduría General de la Nación, viernes, 27 marzo 2015 07:05 PM)