Por: Mario De La Puente.
La negativa de la OPEP en disminuir la producción mundial de petróleo para aumentar los precios, obliga a Venezuela a realizar cambios profundos en su política económica para contrarrestar los efectos derivados de precios bajos del barril de crudo.
La actual extracción no tradicional de crudo a través del fracking (o fraccionamiento de placas tectónicas con fines de obtención de mayor cantidad de crudo a partir de la implementación de altos niveles de vapor en el subsuelo) en algunos estados de Estados Unidos, ha aumentado de forma considerable su producción de crudo al pasar de cinco millones de barriles por día en 2004 a ocho millones de barriles en 2014.
Esto disminuyó la importación de crudo de países como Venezuela de un millón y medio de barriles de crudo pesado diarios en 2004 a menos de ochocientos mil barriles en 2015, aun cuando el consumo nacional de Estados Unidos aumentó en términos absolutos. Es decir, la disminución del precio de petróleo actual sumado a una política de independencia energética del mayor cliente de Venezuela, expone una futura coyuntura económica negativa.
Asimismo, Venezuela vende su petróleo a un precio muy inferior del que registra el mercado internacional ya que al extraer y exportar crudo pesado de mayor viscosidad, requiere un proceso especial en la refinación que se traduce en mayor costo en el proceso de refinación. Venezuela vende el barril aproximadamente a US$2 menos que la cotización internacional del crudo WTI vigente a la fecha, debido al costo adicional que supone la refinación de su crudo pesado (PDVSA, 2014b).
Así, pierde aproximadamente US$600 millones por cada dólar que baja el barril de crudo lo que supone una disminución de más de US$10 mil millones desde el pasado mes de Agosto cuando el barril se cotizó en alrededor de US$85. Si a esto se suman las deudas que el sector público y privado contrajo con proveedores internacionales y la no continuidad en los pagos, se espera que la escasez y la erosión tributaria se profundicen, dificultando la recaudación de impuestos de los gobiernos de la nación. Esto se ha reflejado en la disminución de la participación del ingreso del petróleo en el presupuesto nacional, pasando de más de 50% en 2002 a 30% en 2015, lo que obliga al país a aumentar las solicitudes de crédito nacionales e internacionales a través de la emisión de títulos de deuda soberana, aumentar el recaudo tributario, entre otros.
Esta situación obliga al gobierno del presidente Maduro a restructurar el presupuesto nacional para 2017 y siguientes, a partir de ajustes impositivos que irían desde un aumento en el precio de la gasolina que según cifras del diario El Universal (Mommer, 2015: 9-39) aumentaría alrededor de 20%, recortes presupuestarios en diversos sectores diferentes al social (lo que supone una disminución de inversión en sectores industriales, turísticos y el mantenimiento de la concentración de la producción nacional en el sector de hidrocarburos). También se prevé que el gobierno devalúe nuevamente su moneda para hacer frente a los compromisos fiscales profundizando la escasez, alta inflación y crecimiento de la actividad informal.
Se espera que con la caída drástica en los precios del petróleo, las reservas internacionales caigan en aproximadamente US$1,5 mil millones. Las restricciones a la comercialización de los tipos de cambio (principalmente el dólar estadounidense) disminuyó la cantidad de divisas del que dispone el gobierno. Es decir, si bien la mayor cantidad de dólares proviene de la actividad petrolera a través de PDVSA, los dólares que se emiten al público en general son de altísima demanda debido al panorama de incertidumbre que vive el país.
Por un lado las devaluaciones constantes hacen del dólar un atractivo refugio frente a la coyuntura nacional que, sumado a una alta inflación resulta en una sobredemanda de la divisa. Asimismo, los pagos internacionales en dólares de deuda pública y servicio de deuda del gobierno nacional hacen que sea muy probable que el país tenga serias dificultades en el pago de sus compromisos disparando la tasa de interés de los bonos de deuda soberana.
Según Hilscher y Nosbusch (2014), los instrumentos financieros de cobertura impagos como opciones y seguros de cobertura, se encuentran en sus máximos históricos debido a la sensación de los inversionistas institucionales y naturales internacionales de que el país tendría serias dificultades en el pago de sus obligaciones en los próximos cinco años. Es necesario que el gobierno nacional inicie un proceso de apertura gradual de diferentes sectores de la economía ya que si bien la situación actual muestra un panorama macroeconómico negativo, existen oportunidades de negocio, estudios y turismo, de gran interés.
Este es el caso de colombianos que optan por realizar sus estudios superiores (pregrado, maestría, doctorado y post-doctorado) en Venezuela, debido a la favorabilidad del tipo de cambio frente a los precios del país vecino. También se destaca la adquisición de bienes inmuebles de personas naturales de países vecinos en Venezuela, debido a la favorabilidad del tipo de cambio que permite la obtención de vivienda para turismo residencial, inversión especulativa o arrendamiento.
Sin embargo, la falta de confianza inversionista en el país a causa de la actual inseguridad jurídica, no permite que estas oportunidades se materialicen en todo el territorio nacional.
Nota publicada en © Blogs Uninorte, reproducida en PCNPost con autorización
SOURCE: Blogs Universidad del Norte
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