Por: Mario De La Puente.

El movimiento de comercio justo presenta diversas situaciones que fomentan una distorsión de su finalidad última que es la inclusión pequeños productores en la cadena de suministro a las tiendas mayoristas y minoristas. La primera es la búsqueda de menores costos de adquisición de materia prima que disminuye los márgenes de ingresos de familias campesinas de países en desarrollo.

Al ser las tiendas mayoristas las principales oferentes de bienes justos, estas presionan a sus proveedores a vender el producto final al menor precio posible fomentando una disminución forzada de costos que termina por disminuir el margen de ingresos de cooperativas agrícolas. En ese sentido, el porcentaje de ingresos de las pequeñas cooperativas se han reducido de forma notoria hasta situarse en mínimos históricos.

La disminución de los márgenes ha hecho que las pequeñas cooperativas cuenten con menos capital para reinversión, así como el cierre paulatino de los mercados de capitales en sus países de origen dificultando el cumplimiento de la cuota de producción a los distribuidores nacionales e internacionales.

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Esto, sumado a cambios climáticos y entornos internos adversos (guerras civiles, protestas,  insuficiencia en las infraestructuras de transportes, entre otros) los excluye de nuevos contratos ya que los productores, al buscar el cumplimiento de la cuota periódica de producción, optan por contratar a cooperativas de mayor capacidad instalada valiéndose de la falta de especificación normativa en la contratación de cooperativas en el marco del movimiento de comercio justo establecido por el Parlamento Europeo y la UNCTAD. La segunda situación que fomenta la distorsión de la finalidad del movimiento de comercio justo es la monopolización de las grandes superficies del proceso de producción, comercialización y mercadeo de productos justos.

Las grandes superficies aprovechan los beneficios del mercadeo de comercio de bienes denominados justos con la creación de sus propias “marcas blancas justas”  o la producción de sus propios bienes con sellos de comercio justo que buscan acaparar el mercado por medio del establecimiento de precios más bajos que le quitan cuota de mercado a la competencia.

Al vender productos justos a menor precio, las superficies obligan a sus proveedores a recibir menores márgenes de ganancias y estos a su vez presionan a los pequeños productores en países en desarrollo a renegociar contratos disminuyendo sus ingresos totales. Varios productos de marcas independientes de comercio justo han visto disminuidos sus ingresos o quebrado debido a la diferencia de precios frente a las marcas blancas de grandes superficies impactando de forma negativa al pequeño productor de países en desarrollo ya que un menor desembolso de un producto justo por parte del consumidor final significa un menor margen de ingresos de pequeños productores en países de origen.

La tercera situación que distorsiona la finalidad del movimiento de comercio justo es la falta de organización del pequeño campesino en cooperativas verdaderamente participativas. Al no tener recursos financieros y de equipos suficientes para la constitución de asociaciones productivas, muchos de ellos optan por trabajar en cooperativas de mayor capacidad con permiso de la utilización de sellos de comercio justo por una remuneración relativamente baja (alrededor de US$1,50 al día)  que no mejora su calidad de vida en materia de ingresos.

La cuarta situación de distorsión son las barreras no arancelarias estipuladas en acuerdos comerciales con la Unión Europea que prohíbe la utilización de recursos oficiales para su externalización hacia el sector exportador vía subsidios o establecimiento de dumping de acuerdo con los parámetros normativos de la OMC.

Al no poder canalizar recursos para el subsidio directo hacia la exportación, las cooperativas de poco capital constitutivo tienen una presión adicional de vender sus productos a bajos precios a distribuidores internacionales manteniendo condiciones desfavorables en materia de ingresos.

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