AFP / LOIC VENANCE

Desde el carácter vinculante del futuro acuerdo hasta sus propios objetivos, quedan importantes temas por resolver si la comunidad internacional quiere frenar eficazmente el peligroso calentamiento del planeta.

Objetivos a largo plazo:

Limitar el alza de la temperatura mundial a un máximo de 2 ºC respecto a la era preindustrial es un objetivo compartido por todos, pero algunos países como los Estados insulares defienden una meta más ambiciosa, de 1,5º.

Para conseguir la meta de los 2º se necesitará una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la formulación de este objetivo puede ser muy precisa -fijando, por ejemplo, una fecha límite para el tope de emisiones- o mucho más vaga, con términos como “transformación global de bajo nivel de carbono” o “la neutralidad de carbono”, que consiste en lograr que el balance entre el carbono liberado en la atmósfera y la cantidad equivalente retenida o compensada sea igual a cero.

Los países estudian la posibilidad de hacer balance de las acciones emprendidas para frenar el cambio climático, pero la fecha suscita debate. Algunos quieren hacerlo antes de 2020, fecha de entrada en vigor del futuro acuerdo.

Para permanecer por debajo de una subida de 2º, los científicos y los economistas recomiendan más esfuerzos antes de 2020. Actuar más tarde saldrá más caro, avisan.

Revisar los compromisos al alza:

Al menos 161 países anunciaron sus objetivos nacionales para reducir o limitar las emisiones de gas de efecto invernadero antes de 2025 o 2030.

Si respetan sus compromisos, el alza prevista de la temperatura mundial pasaría de más de 4ºC a unos 3ºC, es decir un nivel aún insuficiente. Para reducir la diferencia entre esos 3ºC y el objetivo de 2ºC, muchos países abogan por que se publiquen nuevos compromisos, más ambiciosos, cada cinco años.

Financiamiento:

En 2009, los países desarrollados se comprometieron a reunir cada vez más fondos para financiar proyectos climáticos (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o acciones de adaptación al calentamiento global) hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares en 2020.

Para los próximos años, habrá más financiación, como la que aportarán los bancos multilaterales de desarrollo. El Fondo Verde para el Clima, dotado con 10.000 millones de dólares hasta 2018, ya comenzó a financiar sus primeros proyectos en 2016.

Los países en vías de desarrollo exigen que los fondos para proyectos climáticos no sustituyan la ayuda para el desarrollo, sino que se añadan a ésta. También reclaman que se reequilibre la financiación entre la adaptación al cambio climático y la reducción de los gases de efecto invernadero, que se lleva la mayor parte de los fondos.

Carácter vinculante:

Los países se pusieron de acuerdo en 2011 en Durban para alcanzar en 2015 un “protocolo, u otro instrumento legal, o una solución concertada que tenga fuerza legal”, lo cual deja varias opciones abiertas. Desde entonces hubo pocos avances.

Es necesario definir si se tratará de un tratado, protocolo, sometido a ratificación por los Parlamentos (como el protocolo de Kioto que cederá la posta al que se alcance en París), o una simple declaración política.

Estados Unidos aclaró de antemano que no podrá ser un tratado, lo cual implicaría una ratificación por un Congreso republicano poco favorable a la causa del clima.

También será necesario definir el estatuto jurídico de los compromisos nacionales de reducción de gases con efecto invernadero, que actualmente se encuentran en estado de “contribuciones”, término que a partir de 2013 sustituyó al de “compromisos” para lograr una mayor adhesión de países.

En cuanto a la verificación y el control de lo acordado, en ningún caso se prevé de momento un mecanismo de sanciones. AFP