AFP / MIGUEL MEDINA

Tras doce días de negociaciones, la presidencia de la conferencia de París sobre cambio climático presentó la noche del jueves un proyecto de acuerdo a los 195 países miembros. A continuación, los puntos clave.

¿Un acuerdo ‘ambicioso’? ¿2 grados ó 1,5 grados? 

En 2009 en Copenhague, los Estados decidieron limitar al alza de la temperatura a 2°C respecto a la era preindustrial, lo que implica limitar drásticamente las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) mediante medidas de economía de energía, invirtiendo en energía renovables, reforestando los bosques…

Numerosos países, en particular los Estados insulares amenazados por la subida del nivel del mar, se consideran en peligro si el alza de la temperatura es superior a 1,5ºC, pero un objetivo de ese tipo implicaría esfuerzos considerables de los grandes contaminantes, como India o China, que se oponen a ese límite.

El texto propone ahora limitar el alza de la temperatura “muy por debajo de los 2°C” y “proseguir con los esfuerzos para limitar el alza de la temperatura a 1,5°C”.

¿Cómo conseguirlo?

De los 195 países, 185 anunciaron medidas para limitar o reducir sus emisiones de GEI de aquí 2025/2030. Pero incluso si los cumplieran en su totalidad, el alza del termómetro se situaría en torno a 3°C.

Para lograr el objetivo “muy por debajo de los 2ºC” el texto propone “un pico de las emisiones de GEI lo antes posible” y una “neutralidad de las emisiones de GEI durante la segunda mitad del siglo”. Ese concepto nuevo está por precisar, aunque para el canciller de las Islas Marshall, Tony de Brum, “manda una clara señal de que el mundo reducirá rápidamente su curva de emisiones”.

¿Revisión de los compromisos?  

Uno de los dispositivos clave del acuerdo es la creación de un mecanismo de revisión de los compromisos de los diferentes países. Ya hay acuerdo: será cada cinco años y será progresivo respecto a los compromisos precedentes. Pero ¿cuándo se debe empezar?

El texto invita a los países a revisar sus contribuciones en 2020, pero sin obligación. La primera revisión obligatoria tendría lugar en 2025. Ese punto es el más criticado por las oenegés, porque les parece demasiado tardío y porque además el texto invita a una “progresión” respecto a los compromisos precedentes, sin obligar a nadie.

En desarrollo contra desarrollados:

La Convención sobre clima de la ONU de 1992 instauró una división estricta entre países desarrollados/en desarrollo en cuanto a las responsabilidades.

Los países industrializados, con Estados Unidos al frente, quieren flexibilizar esa línea divisoria, pero países como India o Malasia rehúsan, en nombre de su derecho al desarrollo y de la responsabilidad histórica de los países ricos.

Este tema tan sensible impregna todo el acuerdo. Los negociadores se esfuerzan en hallar un lenguaje que satisfaga a todo el mundo.

Así, en el capítulo de emisión de GEI, los países desarrollados “deberían continuar liderando” el esfuerzo, mientras que los países en desarrollo “tendrán más tiempo para alcanzar su pico de emisiones”.

En cambio, esa división no queda clara a la hora de medir y comparar las acciones: ¿hace falta un sistema unificado, o aceptar menos exigencias para los países en desarrollo?

Ayuda financiera para países del Sur:

Los países ricos prometieron en 2009 entregar 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 para financiar las políticas ambientales de los países en desarrollo.

Los países beneficiarios quieren que esa cantidad aumente después de 2020, para financiar su sector de energías renovables, y también las medidas de adaptación al calentamiento (diques, alertas meteorológicas, semillas resistentes a la sequía).

La opción propuesta va claramente en el sentido de los países del Sur. La cifra de 100.000 millones es un “mínimo” y los países desarrollados deberán presentar “regularmente objetivos cuantificados”.

Los países ricos consiguieron abrir la puerta a que otros se vayan añadiendo a esa lista de donantes, como potencias emergentes como China o India. La fórmula propuesta es que esa contribución sea “voluntaria” y “complementaria”.

AFP