Tras el paso de los huracanes Irma y María, una parte de la población de la República Dominicana respiró aliviada. Sin embargo, fue tan solo una parte, pues más de 50,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, algunas temporalmente y otras para siempre.

Cada año, las tormentas, depresiones tropicales y huracanes, amenazan a la isla. La temporada ciclónica dura desde junio hasta noviembre, pero la desigualdad es la que convierte a estos eventos meteorológicos en desastres.

Cuando es desigual el acceso a la salud y la educación, a la vivienda digna y a los recursos productivos es cuando miles de personas, como Francisco Rosa e Idalia Toletino, quedan más vulnerables ante los huracanes y otras amenazas. Esta injusticia, como los desastres, tampoco es natural, ni un accidente.

Después del huracán

En 2017 los huracanes Irma y María provocaron pérdidas por más de 201 millones de dólares (1.8 por ciento del gasto público del 2016) en la República Dominicana. El Ministerio de Agricultura informó que 797,781 tareas de producción agrícola resultaron afectadas y que 213,646 sufrieron daños importantes. Los cultivos más perjudicados fueron el arroz, el plátano y el banano.

Francisco e Idalia

Con el paso del huracán María, Francisco y su esposa Idalia, quienes viven en el municipio de Hostos, perdieron las dos mil cepas de plátano que habían sembrado tres meses atrás. No es la primera vez que el río les arrebata sus cosas. En el año 2007, con la tormenta Noel, perdieron su casa y todo lo que había dentro.

El río Yuna y el río Nigua los asediaron por ambos lados. Su primer instinto fue salvar el televisor, la nevera y la estufa, “lo más costoso”. Tomar sus herramientas de trabajo: el hacha, el machete, la pala, lo que más importa. Subir los colchones, la mesa, las sillas.

“Este es un sitio maravilloso, pero tiene ese cáncer, ese río. Ese río nos aplasta y nos deja en el aire, cuando viene”, narra Francisco.

Aunque, como Francisco, varias personas del municipio de Hostos consideren al río responsable, la realidad es que sus casas y sembradíos se encuentran ubicados en áreas inundables. El río, cuando llueve, naturalmente recupera su espacio.

Una adecuada política pública de gestión de riesgos contribuiría a evitar situaciones como las que afectan a Francisco, por ejemplo a través de la adopción de medidas como reubicar la población, cambiar el tipo de cultivos, y de seguridad y control para casos de desborde del río. El riesgo de no hacer estos cambios necesarios es que, llegada la temporada ciclónica en junio, los mismos sucesos y las pérdidas se repetirán.

Juliana
Juliana Rosario intentó subir cosas a la cama, pero fue en vano. En cuestión de minutos el río entró con tal fuerza que, en aquellas casas donde habían cerrado las puertas y ventanas, terminó rompiendo pisos y paredes.

Desde la casa de su hermana, en la parte más alta de barrio, Juliana veía al río llevárselo todo y recordaba un sueño que había tenido hace poco. “Hace un mes, me dijeron en sueños que debía irme, porque algo iba a ocurrir. Estuve buscando casas, pero no podía pagarlas por el precio. En casa de mi hermana, estaba orando al Señor que me diera paz”.

Al regresar a casa, comprobó lo que temía. Todo estaba perdido, también la camilla. “Tenía esperanzas de que la camilla estuviera buena, que es la que uso para ganarme la vida. Pero está dañada también. He tratado de ser fuerte”, dice.

De acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia, el huracán María causó daños en casi 4,000 viviendas, mientras otras 128 quedaron totalmente destruidas. Más de 26,000 personas fueron desplazadas.

Podemos cambiarlo

¿Cómo romper ese círculo desastre – recuperación – desastre? ¿Cómo evitar que la desigualdad siga convirtiendo a eventos climáticos en desastres? Pues, construyendo poder. Preparamos a las comunidades para que conozcan sus amenazas, incrementen sus capacidades y recursos para afrontarlas y exijan a las autoridades su derecho a recibir una atención de calidad antes, durante y después de las emergencias. A la vez, de la mano de organizaciones locales socias, solicitamos al Estado políticas públicas que reduzcan la pobreza y la desigualdad, que protejan los medios de vida de la población y que ayuden de forma rápida y eficaz a las personas más afectadas por los desastres.

En República Dominicana, el 71% de la población no tiene acceso a una vivienda digna. Es la otra cara de un país conocido fuera de sus fronteras como un atractivo destino turístico. Ante esta “otra” realidad, Oxfam y el colectivo Casa Ya impulsan la campaña “Cambiemos las prioridades”, con el objetivo de pedir al Gobierno de la República Dominicana que reoriente el gasto público para solucionar los graves problemas de vivienda, entre las que se encuentran familias damnificadas por inundaciones y huracanes, que están esperando una solución definitiva, algunas desde el Huracán David de 1979.

La propuesta de la campaña es destinar el 1% del PIB durante 10 años a inversión en vivienda. Con ello se solucionaría las precarias condiciones de vivienda que sufren gran parte de la población desde hace décadas, que profundizan las desigualdades en el país caribeño.

Un estudio de Oxfam muestra que, solo ajustando partidas como publicidad y propaganda, viáticos y los recursos a disposición del presidente de la República, se podría haber multiplicado por tres la inversión pública en gestión de riesgos ante desastres, sin tener que recurrir a nuevos préstamos para financiar estas políticas.

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*Según datos del Centro de Operaciones de Emergencias.Con entrevistas e información de Gabriela Read. Fotografías de Fran Alfonso.

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