Por: Lilian Jaffe.

Alcances potenciales de los Acuerdos de Paz para el Sector Energético en Colombia.

Introducción

Durante las últimas cinco décadas Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado que ha tenido importantes implicaciones para el sector de la energía: los ataques insurgentes contra oleoductos y gasoductos, líneas de transmisión y otras infraestructuras cruciales, azotan el país desde hace varios decenios.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas, en particular, ha sido extremadamente vulnerable a los ataques de las fuerzas insurgentes de Colombia, ya que se ubica en su mayoría en zonas escasamente pobladas, con alta presencia de grupos rebeldes.

Las torres de transmisión de energía eléctrica también han sido un blanco fácil; múltiples campañas de bombardeo han destruido cientos de ellas, causando repetidos cortes de energía en muchas regiones del país. Las líneas de ferrocarril, utilizadas para el transporte de carbón, han sido atacadas también. Además de causar pérdidas económicas millonarias, estos ataques contra la infraestructura energética también han ocasionado daños ambientales a los hábitats en Colombia.

Los derrames de petróleo, principalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, han causado graves daños a algunos de los ríos del país, afectando ora, fauna, y tierras de cultivo, y resultando en niveles extremos de destrucción del medio ambiente (Lynch, 2003).

Después del comienzo en 2012 de los diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, las condiciones para terminar casi cinco décadas del conflicto armado más antiguo del Hemisferio parecen ser ahora más favorables que nunca. ¿Cuáles serían las consecuencias para el sector energético de Colombia de firmar un acuerdo de paz? ¿Se terminarán los ataques a la infraestructura energética en un escenario de post-conflicto? ¿Bajo qué condiciones podría el país recibir el apoyo de empresas y movimientos sociales, para generar políticas que promuevan una mayor inversión en el sector energético? ¿Y cuáles serían las consecuencias económicas y sociales de una expansión continua del sector de la energía, a expensas de otras iniciativas de inversión?

Este artículo explora la relación entre el conflicto armado y el sector energético en Colombia y plantea una serie de interrogantes partiendo de la base de que en un escenario de post-conflicto se requeriría de un crecimiento económico sostenido con el fin de facilitar y estabilizar la construcción de la paz:

• ¿Será el sector energético el principal contribuyente al crecimiento económico en un futuro próximo?
• ¿Cuáles serían los principales riesgos y consecuencias de dicha estrategia, y cuáles los efectos de una excesiva dependencia de las exportaciones de bienes primarios?
• ¿Cuáles son las perspectivas futuras dada la dramática disminución en el precio internacional del petróleo, que comenzó durante los últimos meses de 2014 y al parecer persistirá en el mediano plazo?
• ¿Qué sucedería si el país no alcanza niveles de crecimiento económico sostenido en el post-conflicto?
• ¿Daría ello lugar al aumento de la desigualdad, lo cual podría conducir a nuevas fuentes de insurgencia y contestación violenta?

Como muestra el artículo, el sector de la energía tendrá un papel clave en este escenario.

Archivo. El Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, afirmó este viernes que el Gobierno Nacional y Ecopetrol, con el apoyo de la Fuerza Aérea adelantan esfuerzos para evitar un mayor derrame de petróleo consecuencia de los recientes ataques de la Farc en Nariño. Tumaco – 26 de junio de 2015. Foto: Juan David Tena – SIG

El Sector Energético Colombiano: Petróleo, Hidrocarburos y Carbón:

Petróleo e Hidrocarburos

La infraestructura para la producción de petróleo se extiende por todo el país, con grandes yacimientos de petróleo y oleoductos.

El país posee una extensa red de oleoductos que unen las zonas de producción con las principales refinerías y puertos de embarque. Hay seis grandes oleoductos, cuatro de los cuales conectan los campos de producción con Coveñas, donde se encuentra la terminal de exportación del Caribe.

En las últimas dos décadas se han llevado a cabo cambios estructurales importantes, los cuales han estimulado la evolución del sector petrolero. Antes de 2008, la producción de petróleo había sido casi constante durante muchos años, después de un período de disminución de la producción que comenzó en 1999.

Las principales causas de esta disminución fueron la escasez natural en los yacimientos de petróleo existentes, y la falta de descubrimientos de nuevas reservas. No obstante, en los últimos años el gobierno de Colombia ha implementado medidas para aumentar el atractivo del clima de inversión para las compañías petroleras extranjeras. Por ejemplo, algunas iniciativas dan a las empresas petroleras extranjeras el derecho a poseer el 100% de participación en negocios de petróleo y competir con Ecopetrol. Adicionalmente, el gobierno ha vendido acciones de Ecopetrol a inversionistas privados, reduciendo su participación a un 90% aproximadamente.

Estas iniciativas permiten que compañías extranjeras interesadas puedan participar en el sector petrolero de Colombia, con niveles récord de exploración y perforación. De acuerdo con el Banco de la República, el sector petrolero recibió $5.39 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en 2014, lo que representa el 34% del total de la IED en Colombia (EIA, 2014).

Como resultado de estas medidas, en 2008 el país reversó la disminución de producción de petróleo que se había iniciado en 1999. El sector petrolero experimentó un rápido crecimiento, alcanzando niveles promedios de un millón de barriles diarios a nales de 2015. A pesar de que Fedesarrollo estima que para 2016 las cifras de producción disminuirán de nuevo (Ahumada Rojas, 2015), el Ministerio de Minas y Energía estima que la producción de Colombia llegará a 1,3 millones de barriles diarios en 2020.

Carbón

Colombia posee las mayores reservas de carbón en América Latina, con 5.557 millones de toneladas cortas de carbón (MmSt) de reservas probables. Es el 11o mayor productor mundial y quinto exportador mundial de carbón (después de Indonesia, Australia, Rusia y Estados Unidos). Las reservas de carbón se encuentran principalmente en La Guajira, en la frontera del Caribe y las estribaciones de los Andes. En consecuencia, la mayor parte de la infraestructura de producción y exportación de carbón de Colombia se encuentra en la costa del Caribe (EIA, 2014). La mayoría del carbón producido en el país es carbón térmico, que se utiliza para la generación de energía.

En cuanto a los niveles de producción, el país produjo 85,5 millones de toneladas de carbón en 2014, y exportó el 94% de su producción total de carbón en ese año; el carbón es la segunda mayor exportación de Colombia después del petróleo y representó el 19% de los ingresos de exportación en 2012. En cuanto a los destinos de estas exportaciones, los pronósticos predicen que las exportaciones de carbón a los EE.UU. y Europa disminuirán en un futuro próximo. Como consecuencia de estos cambios estructurales de la demanda internacional, el carbón de Colombia se exporta cada vez más a Asia.

Según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, China e India representarán el 80 por ciento del crecimiento de la demanda de carbón entre 2005 y 2030. Las exportaciones colombianas de carbón a Asia aumentaron de menos del 1% del total en 2008 a un 9% en 2014 (EIA, 2014). Las causas de esta expansión son múltiples: una combinación de precios más altos en Asia, menores costos de transporte y caída de la demanda de los Estados Unidos han impulsado esta expansión en los mercados asiáticos.

La conversación sostenida en el año 2012 por los presidentes de Colombia y China, reveló el interés de China en invertir en el sector de carbón de Colombia y en la construcción de un ferrocarril hacia la costa del Pací co, para facilitar las exportaciones a Asia. Tanto la ampliación del Canal de Panamá, como los otros proyectos de infraestructura de transporte respaldados por China, podrían generar mayores exportaciones carboníferas de Colombia a Asia en el futuro (EIA, 2014). Así, se espera que en el año 2019 la producción de carbón aumente hasta los 143,9 MmSt, y que las exportaciones aumenten hasta los 120 MmSt (cuando en el año 2003 fueron de 50 millones de toneladas) (Viscidi, 2014a).

Conflicto Armado y Sector Energético en Colombia

El conflicto armado colombiano ha tenido implicaciones importantes para el sector de la energía: ataques insurgentes a oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión, ferrocarriles y demás infraestructuras cruciales para la producción de energía han plagado al país. Además de causar pérdidas económicas millonarias, estos ataques terroristas también son la principal causa de los daños ambientales a los hábitats en Colombia. Los derrames de petróleo, principalmente del oleoducto Caño Limón-Coveñas, han causado graves daños a algunos de los ríos del país, afectando ora, fauna, y tierras de cultivo.

Los actos criminales perpetrados por la guerrilla contra los sectores productores de energía también incluyen la práctica del secuestro y extorsión a las grandes compañías petroleras. Esto ha permitido a los guerrillas ocupar zonas de alto potencial económico en los sectores de energía y minería, y extraer ganancias de estos recursos altamente significativos. Dentro de estas áreas están las zonas productoras de petróleo y carbón del país como La Guajira, Cesar, Casanare y Barrancabermeja (Sánchez y Chacón, 2006, 361).

Finalmente, tras la inversión del gobierno en tecnología y el aumento en gasto militar para proteger la infraestructura, las acciones criminales contra oleoductos y torres de electricidad se redujeron signi cativamente en la última década. Por ejemplo, los ataques a oleoductos pasaron de 155 en 2005 a 31 en 2010. Sin embargo, la integridad de los activos energéticos está siendo nuevamente amenazada por grupos armados ilegales, con fuertes aumentos en el número de ataques a la infraestructura energética en el año 2014. A partir de 2011 hubo 84 ataques a gasoductos y este número se ha incrementado continuamente: en 2013 hubo más de 150 ataques, causando un aumento significativo en las interrupciones imprevistas de producción en Colombia (EIA, 2014). Según el Ministerio de Defensa, en el año 2014 hubo 259 ataques a la infraestructura de oleoductos en Colombia, la cifra más alta en una década.

Hay muchas explicaciones posibles sobre cuáles son los objetivos de las guerrillas al atacar la infraestructura energética. Por una parte, el éxito de la industria petrolera de Colombia en los últimos años la convierte en blanco de ataques para las organizaciones guerrilleras. El control territorial, la extorsión y los secuestros, son grandes motivadores para estos grupos. Si bien el motivo declarado de ambos grupos de izquierda es ampliar el acceso de las comunidades a regalías obtenidas por la explotación de recursos naturales, los ataques también podrían obedecer a desesperados intentos de los grupos rebeldes para mantener su amenaza al Estado y facilitar su nanciación durante las negociaciones de paz en curso. Para el ELN, los ataques y secuestros son una manera de demostrar que representan una amenaza lo suficientemente grave como para ser incluidos en las negociaciones de paz (Viscidi et al., 2014).

A pesar de la pluralidad de causas, lo cierto es que los problemas de seguridad y el malestar social han causado interrupciones en la producción a corto plazo, han aumento de los costos de transporte, y han minado la con anza de los inversionistas. El valor de las acciones de varias empresas locales de energía se ha reducido, y la producción de petróleo en general de Colombia cayó a un promedio de 935.000 barriles por día (bbl/d) en el año 2015, el nivel más bajo desde agosto de 2012 y muy por debajo del récord de 1,12 millones de bbl/d alcanzados en noviembre de 2013. Los expertos estiman que en promedio Colombia perdió 35.000 bbl/d por la interrupción no planeada de la producción en 2013, un aumento de más del 115% comparado con el año 2012 (Devine, 2014).

A pesar de encontrarse en negociaciones de paz con el gobierno, en el año 2015 las FARC no interrumpieron los ataques a los centros de producción de energía. Por el contrario, en el primer semestre del año se registraron importantes ataques, como el realizado en junio contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que obligó a la suspensión temporal del bombeo. La guerrilla buscó con los ataques demostrar su poder militar y presionar al Gobierno a pactar un cese bilateral de hostilidades, pese a que el presidente Santos habría insistido en que sólo lo haría al nal de la negociación (Portafolio, 2015). Durante el segundo semestre de 2015, y habiendo declarado un cese unilateral de hostilidades, la guerrilla de las FARC suspendió los ataques a oleoductos, torres eléctricas y carreteras (Excelsior, 2016).

En paralelo, el ELN agudizó el número de ataques a oleoductos (siendo el más reciente a Caño Limón-Coveñas, a la altura del departamento de Arauca en febrero de 2016). Este recrudecimiento en los ataques por parte del ELN parecía encaminado a presionar al gobierno para allanar el camino hacia diálogos de paz con este grupo guerrillero, con el cual se han realizado conversaciones exploratorias en los últimos dos años (DW, 2016). El anuncio, en marzo de 2016, del inicio de las conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN pareció corroborar el éxito de la estrategia negociadora del ELN y podría significar el cese definitivo de los ataques terroristas contra la infraestructura eléctrica del país.

Post-Conflicto y Sector Energético: implicaciones económicas y ambientales

Si se llega a un acuerdo completo y se firman acuerdos de paz, un escenario post-conflicto requeriría un crecimiento económico sostenido con el fin de permitir y estabilizar la paz. ¿Será el sector energético el principal contribuyente al crecimiento económico en un futuro próximo? ¿Cuáles son los riesgos y consecuencias de dicha estrategia y los efectos de una excesiva dependencia de las exportaciones de bienes primarios? ¿Qué se puede esperar dada la dramática disminución en el precio internacional del petróleo que comenzó durante los últimos meses de 2014?

Desafíos Económicos

Varios elementos han cambiado positivamente en el escenario económico colombiano durante la última década, especialmente en relación con los capitales de inversión y la inversión extranjera directa. Por un lado, el clima de inversión del país ha mejorado sustancialmente y en la actualidad Colombia ocupa el puesto 42 entre 183 países, según los indicadores del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios.

Además, la situación de seguridad ha impulsado el estatus de Colombia entre las economías de América Latina, aunque persisten preocupaciones a corto plazo por los ataques de las guerrillas a los ferrocarriles que transportan carbón, oleoductos y otras infraestructuras. Por otra parte, en un esfuerzo por combatir la corrupción, el gobierno ha aumentado el compromiso institucional, estableciendo la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI que se encarga de supervisar las compras y adquisiciones para grandes proyectos de infraestructura.

Sin embargo, a pesar del gran desempeño económico de Colombia en los últimos cuatro años (alcanzó crecimiento promedio del PIB de 4,5%), la reciente caída pronunciada en los precios de los commodities plantea un grave riesgo para el crecimiento potencial del país (Viscidi et al., 2014).

Además, la producción de petróleo y gas en los Estados Unidos y Canadá ha aumentado considerablemente desde 2008, ya que los avances tecnológicos han impulsado el desarrollo de recursos no convencionales, tales como el petróleo de esquisto. Así, el incremento de la oferta energética mundial afectará drásticamente el panorama para América Latina, aunque el alcance y la naturaleza de su impacto variará mucho de un país a otro. Colombia será uno de los más afectados por la disminución de los precios, dado que en los últimos cinco años el sector del petróleo ha contribuido a aproximadamente el 5,6% del PIB y con alrededor del 40% de los ingresos de exportación, siendo así un motor económico clave para el país (Viscidi, 2014b)

En cuanto a las perspectivas de paz y las proyecciones económicas, parece existir una contradicción entre los objetivos de seguridad y la implementación de políticas económicas más amplias. En particular, la expansión de industrias extractivas (en parte causada por mejores condiciones de seguridad en virtud de la Política de Seguridad Democrática), está resultando contraproducente para la resolución del conflicto. Las industrias extractivas se han convertido en fuentes de ingresos para todos los grupos armados ilegales.

La conjunción de estos eventos (incertidumbre de las conversaciones de paz, baja de los precios del petróleo, y retrasos burocráticos en Colombia para la concesión de derechos de perforación) ha creado preocupación entre los inversionistas extranjeros. No ha ayudado que los ataques a la infraestructura petrolera por parte de la FARC (hasta 2015) y del ELN (hasta el 2016 inclusive) hayan continuado, y los ataques fueron además un factor clave en la caída de la producción de petróleo.

La consecuencia previsible ha sido que las compañías de energía estén ahora más reacias a invertir en Colombia. La inversión petrolera, estimada en $2,8 mil millones hasta junio de 2014, fue la más baja para ese semestre desde 2011. Una licitación petrolera realizada en julio de ese año logró contratos por $1.4 mil millones, poco más de la mitad de lo que el gobierno había estimado (Mauldin, 2014).

El petróleo es un importante generador de ingresos, con el cual el Estado colombiano está contando para nanciar el post-conflicto. Por ejemplo, la construcción de infraestructura vital para el desarrollo como carreteras, túneles y vías navegables, así como escuelas y hospitales, dependen de los ingresos petroleros, los cuales son sin duda la principal fuente de financiación de las promesas del gobierno si se alcanza el acuerdo de paz.

Los expertos calculan que la reconstrucción -únicamente para el campo y las zonas rurales- requeriría entre 80 y 100 billones de pesos en los próximos diez años (Delgado-Kling, 2014). Los responsables de las políticas macroeconómicas esperan que el aumento en la producción compensará la persistente caída del precio del petróleo. Pero los productores enfrentan múltiples disturbios relacionados con el conflicto violento, y también un clima de inversión incierto. Estos dos factores adversos presionan al gobierno, y en particular el sector de la energía.

Por último, otro elemento a considerar es la volatilidad del tipo de cambio, que sin duda afectará el escenario económico de Colombia. Las fluctuaciones de los dos últimos años (2014 y 2015) han llevado al país a pasar de los extremos de temer la “enfermedad holandesa” (de revaluación extrema del peso colombiano), a la actual devaluación de más del 50% ($1800/1US$ vs. $3000/1US$ aproximadamente) provocada, entre otras, por la caída de los precios del petróleo.

Este comportamiento errático e impredecible del tipo de cambio sin duda afectará las nanzas del país y alterará los costos estimados para la construcción de la paz y el post-conflicto. Estimados del Fondo Monetario Internacional establecen que el proceso de paz y el post-conflicto le costarán al país 45 billones de dólares, los cuales al cambio del año 2014 correspondían a 90 billones de pesos, y hoy ascienden a 150 billones de pesos por efectos de la devaluación.

Desafíos ambientales y de infraestructura

Con el fin de aumentar la producción y al mismo tiempo extender la vida de las reservas de petróleo, el país tiene que ampliar la exploración de petróleo y otros recursos. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo, no sólo financiero –con los precios actuales a la baja – sino también medioambiental. La oposición pública y los conflictos en torno a los impactos sociales y ambientales están en aumento. Colombia tiene el segundo número más alto del mundo de conflictos ambientales después de la India y lidera el ranking de América Latina con aproximadamente la mitad de los conflictos relacionados con el carbón y la minería de oro (Viscidi , 2014b).

En respuesta a la fuerte oposición pública a la minería, por preocupaciones sociales y medioambientales, el gobierno ha implementado estrictas normas para la adjudicación de permisos de explotación, lo cual ha retrasado algunos proyectos. En una iniciativa que muestra apoyo estatal a la protección del medio ambiente, en 2011 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue creada. El objetivo principal de esta entidad es la administración y gestión de las licencias ambientales. Sin embargo, la ANLA ha sido lenta al otorgar permisos de concesión y tiene enormes atrasos.

Como parte de las iniciativas institucionales alternas, el gobierno también trató de mejorar las regulaciones mediante el establecimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Actualmente la mayoría de las concesiones mineras están invadiendo cada vez más las reservas indígenas, que cubren aproximadamente 30 millones de hectáreas del país. Debido a esto, previo al otorgamiento de las concesiones de explotación debe consultarse a las comunidades indígenas y otras minorías étnicas que se verían afectadas por los proyectos mineros. En consecuencia, el proceso es a menudo lento y las comunidades se oponen a los proyectos (Viscidi et al., 2014).

Buscando mejorar la competitividad, es necesario optimizar la infraestructura ferroviaria y de carreteras; esto sería beneficioso para el sector energético de Colombia y para la economía en general. La escasez de carreteras y accesos ferroviarios para transportar carbón del interior del país a sus puertos ocasiona altos costos de transporte, que encarecen los productos de exportación. El gobierno estima que al resolver el déficit de infraestructura se podría aumentar el crecimiento anual del PIB en un punto porcentual. En consecuencia, se han diseñado planes para mejorar las infraestructuras y en el año 2011 se creó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), iniciando un plan para otorgar al menos 25 concesiones para el año 2014 y destinando 23,2 billones de dólares para proyectos de infraestructura (ibíd., 2014).

Adicionalmente, el sector público y el privado han realizado alianzas en este sentido, invirtiendo $7 mil millones de dólares para nanciar diez sociedades público-privadas aprobadas. La esperanza es que el gasto en infraestructura servirá no solamente para mejorar las carreteras, túneles y ferrovías, sino que esto a su vez contribuirá al crecimiento y desarrollo futuro del país (Mauldin, 2014).

Conclusiones

Después de casi cuatro años de conversaciones y negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, el país sigue dividido en espera de los resultados de las conversaciones. Los optimistas creen que nunca ha habido un momento más propicio que ahora para lograr la paz, teniendo en cuenta las características particulares de las negociaciones y las condiciones actuales del país, la guerrilla y el gobierno de Colombia.

Los pesimistas, a su vez, se oponen al proceso de manera apasionada y visceral, acusando a los negociadores de entregarle el país a la guerrilla. No obstante, dado el ritmo y el progreso de las conversaciones de paz, parece muy probable que las reuniones en La Habana concluirá con la rma de un tratado de paz con las FARC, al cual probablemente le seguirá uno posterior con el ELN (Redacción Paz, 2014).

Está claro que, de firmarse los acuerdos de paz, su aplicación exitosa dependerá en gran medida de una inyección grande de capital para asegurar y estabilizar la paz. Siempre se había pensado que estos fondos provendrían en su mayoría de la explotación y exportaciones de recursos naturales –siendo el principal, el petróleo. Con la profunda y rápida caída de los precios del petróleo, las regalías e ingresos generados por las exportaciones petroleras parecen inciertos en los próximos años, poniendo al gobierno en una situación difícil e inestable frente a los rmantes del tratado de paz y el resto de los colombianos, que han seguido el proceso con temor a que dará lugar a cargas scales adicionales y más pesadas. La reforma social que aprobó el presidente Juan Manuel Santos en diciembre de 2014, presupuestada a precios del petróleo que reflejaban el boom de los últimos 4 años (alrededor de US$100 por barril), es ahora claramente insuficiente para financiar el post-conflicto en Colombia, dada la fuerte caída de los precios del petróleo (aproximadamente US$30 por barril).

Otra ironía de la situación es que han sido precisamente los grupos guerrilleros quienes constantemente han dirigido sus ataques contra las más importantes fuentes de financiación del post-conflicto: la exploración y producción petrolera. A las pérdidas causadas por esos ataques, el país tendrá que añadir las derivadas de la caída de los precios del petróleo y materias primas. En general, habrá menos recursos financieros para la construcción de un escenario post-conflicto. Esto podría, a la larga, reducir las posibilidades de paz duradera para Colombia.

En cuanto a la seguridad, es claro que un resultado exitoso de las conversaciones de paz no conduciría a una mejora inmediata de ésta. Delitos como la extorsión, que potencialmente incluyen ataques terroristas en pequeña escala, probablemente aumentarán en el período inmediatamente posterior a un acuerdo de paz. También parece evidente que la situación no mejorará hasta que el desarrollo económico, la aplicación del estado de derecho y las mejoras en los indicadores sociales se implementen de manera más eficaz en la Colombia rural.

De no hacerlo, se fomentaría de nuevo la existencia de grupos armados ilegales impidiendo una terminación definitiva al conflicto colombiano. Cuanto más tiempo tome el Estado para combatir y erradicar esta situación de forma activa, mayores y más complejos serán los problemas de seguridad. Con las bandas criminales emergentes y el nuevo esquema de micro-tráfico, el panorama de seguridad en Colombia seguirá siendo inestable y seguirá afectando al sector energético (Torres, 2014).

Por último, muchos países (entre ellos Colombia) enfrentan el dilema de cómo desarrollar y explotar los recursos naturales, protegiendo a la vez el medio ambiente y las poblaciones locales, y distribuyendo la riqueza petrolera de manera e ciente. El gobierno debe establecer una estrategia energética clara y conseguir el apoyo de la industria, y de los grupos de activistas sociales y medioambientales. Es crucial tener en cuenta que el éxito en La Habana depende de un gobierno fuerte con el apoyo del público, así como también de una economía próspera.

Lilian Yaffe Ph.D., es la directora de Estudios de Posgrado en el Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Tiene un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami y una maestría en Desarrollo Económico de América Latina de la Universidad Internacional de Andalucía, en España. La doctora Yaffe enseña actualmente Economía Global, Política Comparada y Economía Política Latinoamericana. Sus intereses de investigación incluyen conflictos violentos y guerras civiles, centrándose en sus efectos sobre el desarrollo económico.

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Nota publicada en CESA, reproducida en PCNPost con autorización

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