Por:  Carlos Guevara Mann.

Desde la transición a la democracia (1989-1994), Freedom House categoriza a Panamá como un Estado “libre” o democracia liberal. A pesar de las insuficiencias del sistema político imperante, no se trata de una calificación despreciable.

Nos coloca delante de 11 de las 20 repúblicas latinoamericanas: Cuba, calificada como “no libre” y Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela (“parcialmente libres”, según Freedom House).

Esto significa que a pesar de los problemas, las condiciones políticas son superiores (más democráticas) en Panamá que en los países señalados, en algunos de los cuales imperan regímenes policíacos que avasallan a los ciudadanos, invadiendo y desbaratando su autonomía.

La mayoría de los panameños no quiere eso para su país, aunque hay algunos, sobre todo en los organismos de seguridad y sectores afines al régimen militar, que aspiran a que se restituya un estado policíaco.

Alcanzamos la democracia liberal tras la lucha contra la narcodictadura de los militares y el PRD y la recuperación del Estado tras la cruenta invasión de 1989. El liderazgo democrático de aquella época fue importante para conducir al país por senderos de mayor libertad y respeto por la voluntad popular.

Destacan entre esos líderes Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón, Guillermo Ford Boyd, Carlos Iván Zúñiga y Rubén Darío Carles, entre otros. Entre estos personajes solo sobrevive el Dr. Arias Calderón, quien la semana pasada merecidamente recibió la condecoración “Manuel Amador Guerrero”.

Al iniciar el segundo año de su gobierno, el presidente Varela tiene en los patriotas mencionados una fuente de inspiración. Como ministro de Gobierno y Justicia (1989-1991), el Dr. Arias Calderón ejecutó las primeras y más determinantes medidas para desmilitarizar la seguridad pública.

En años posteriores, esa orientación se ha ido perdiendo. Bajo el gobierno de Martín Torrijos (PRD) y con apoyo del Partido Popular se crearon unidades militares en la fuerza pública (Senan y Senafront). Es importante que se revierta la tendencia militarista, contra cuyos perniciosos efectos lucharon Endara, Arias Calderón, Ford, Zúñiga, Carles y muchos otros panameños, en aras de un país más democrático.

El presidente Endara, los vicepresidentes Arias Calderón y Ford, el rector Zúñiga y el contralor Carles comprendieron el reto del momento –democratizar el Estado panameño– y lo asumieron directamente. Por eso, tienen su sitial en los anales de la historia patria.

El presidente Varela también entrará en la historia si asume el reto que la actualidad le plantea: el de salvar la democracia panameña de sus principales amenazas, el militarismo y la corrupción, fenómenos, por cierto, ligados, pues hoy, como ayer, el militarismo favorece la opacidad y está vinculado a las más sórdidas actividades del crimen organizado.

La corrupción, contra la cual se manifestará esta tarde la ciudadanía consciente, se combate con el ejemplo. Todas las actuaciones del Presidente y sus colaboradores deben evidenciar ese compromiso con la transparencia y la probidad.

Se combate también a través del ejercicio correcto de las atribuciones constitucionales, particularmente las que conciernen a nombramientos. Corresponde al Ejecutivo no solo designar al personal superior del gobierno sino, además, a los principales integrantes del sistema jurisdiccional. El presidente Varela debe escoger juiciosamente las personas que lo seguirán acompañando en su administración y las que destinará al cumplimiento de funciones judiciales.

Sanear la Corte Suprema de Justicia es un objetivo impostergable. La corrupción en dicho órgano del Estado es alarmante y totalmente contraproducente a las aspiraciones de desarrollo nacional.

El cable enviado por la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado, el 22 de julio de 2005, resume esta situación cuando afirma que “los magistrados operan la Corte como un negociado (‘a racket’)”. Agrega: “Los magistrados deciden los casos dependiendo de su percepción de la capacidad de pago de las partes involucradas. Negocian el precio de sus votos con el abogado de la parte ‘ganadora’ y preparan salvamentos bien argumentados para extraer dinero de los clientes perdedores y sus abogados, quienes pagan para mantener buenas relaciones con la Corte hacia el futuro” (Link).

Este sistema debe erradicarse y en lo que resta de su mandato, Juan Carlos Varela puede contribuir a lograrlo sin inmiscuirse en el funcionamiento de la rama judicial. ¡Ánimo, Presidente!

© Blogs Uninorte, 2015

(Columna publicada en La Prensa, Panamá, el 1 de julio de 2015. Caricatura de Lowi )