Representantes de las víctimas a su llegada a La Habana, diciembre 14, 2015. AFP PHOTO /Oficina del Alto Comisionado para la Paz/ OMAR NIETO

El acuerdo que dejó a Colombia muy cerca de sellar la paz con la guerrilla de las FARC, después de más de 50 años de conflicto, es tan complejo como inédito, pero en esencia busca garantizar derechos a las víctimas.

Le llegó a Colombia la hora de la paz. Hemos llegado a un acuerdo sobre quizás el punto más complejo de la agenda: el de las víctimas, que incluye el tema de justicia. Este proceso –como hasta ahora no se ha hecho en ningún otro proceso en el mundo– pone a las víctimas en el centro de la solución: Presidente Juan Manuel Santos, durante una alocución presidencial en la que explicó los alcances del acuerdo sobre el quinto punto de la agenda del proceso de paz de La Habana.

El pacto anunciado en La Habana, sede del proceso de paz, establece la creación de tribunales especiales que juzgarán a responsables de actos atroces, incluidos agentes del Estado, y cobija con amnistía los delitos menos graves.

Además blinda de la extradición a quienes cumplan con los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de violencia.  A continuación algunos de los puntos más destacados del documento de 63 páginas.

Tribunales de paz:

Se creará un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual operará una comisión de esclarecimiento de los hechos y una unidad de búsqueda de desaparecidos. Se conformarán cortes especiales con al menos 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros.

Amnistía y derechos políticos:

Colombia otorgará “la amnistía más amplia posible” para delitos como “rebelión, sedición, asonada, porte ilegal de armas y muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario”.

Quedarán excluidos de este beneficio crímenes como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. Asimismo “tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores”.

“El componente de justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado”. Las sanciones impuestas “no inhabilitarán la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

Sanciones:

Quienes reconozcan su responsabilidad en delitos muy graves “tendrán un mínimo” de sanción “de cinco años y un máximo de ocho años” de privación de libertad.  La jurisdicción especial “determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”. Cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad habrá penas efectivas de cárcel de 15 a 20 años.

Extradición:

El gobierno se compromete a no extraditar a países como EEUU a ningún guerrillero de las FARC que se acoja al acuerdo final de paz.  “Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las FARC, a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final”.

Perdón y reparación:

El gobierno, las FARC y sectores implicados en el conflicto pedirán perdón a los colombianos.  La guerrilla contribuirá a la reparación material de las víctimas reconstruyendo infraestructura afectada por el conflicto, retirando minas antipersona, sustituyendo cultivos ilegales y ayudando a ubicar restos. También participarán “en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación”. De su lado, el Estado pondrá en marcha programas de retorno y reubicación de personas desplazadas o que huyeron del país por la violencia.

AFP, Prensa Presidencia de la República