Por: Renata Oliveira.
Oxfam International, Asesora Regional de Seguridad para Latinoamérica y Caribe.
La organización Global Witness publicó recientemente su informe Defender la Tierra, que pone Latinoamérica en el tope de la lista de asesinatos a defensores y defensoras que trabajan temas de derecho a la tierra y a un medio ambiente sostenible.
El documento registra 119 asesinatos en Latinoamérica en 2016. Brasil lidera la lista con 49 asesinatos, seguido por Colombia (37), Honduras (14), Nicaragua (11), Guatemala (6), México (3) y Perú (2).
Si bien Brasil permanece en primer lugar en términos de cifra total, la situación es bastante preocupante en Honduras, que presenta un mayor número de asesinatos per cápita en la última década. Igualmente preocupante es la situación de Colombia, donde a pesar de todos los esfuerzos para lograr la paz y poner un término al conflicto, aquellos y aquellas que se dedican a la defensa de los derechos humanos siguen siendo asesinados/as.
Los números por sí mismos son alarmantes, y es aún más preocupante el hecho que probablemente se trate de cifras que sub-representan las verdaderas dimensiones del problema, debido a las varias dificultades para registrar asesinatos de este tipo – sea por los intentos de autoridades en ocultar este tipo de delito, porque los y las defensoras que trabajan estos temas viven en su mayoría en zonas muy aisladas geográficamente, o por el cierre de espacios a organizaciones de la sociedad civil que podrían documentar y denunciar la situación.
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Avances y retrocesos
A pesar de la existencia de mecanismos de protección de personas defensoras en Brasil, Colombia, Honduras y México (y uno en proceso de adopción en Guatemala), defensores y defensoras han denunciado repetidamente la ineficacia de dichos mecanismos, lo que se puede comprobar con el número de asesinatos mencionados.
Ben Leather, campaigner de Global Witness, en entrevista brindada a la ONG brasileña Conectas comenta que los números del informe sobre Brasil muestran que “la política nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos no se ha implementado de manera apropiada”, mencionando además la “pérdida de importancia” de las políticas de derechos humanos durante el gobierno Temer y el impacto negativo al Programa de Protección a Personas Defensoras.
Sobre Honduras, el informe de Global Witness visibiliza el asesinato de la prominente defensora de derechos humanos Berta Cáceres en la madrugada del 3 de marzo de 2016. Berta era co-fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH) y una de las defensoras medioambientalistas más conocidas de la región, habiendo sido ganadora del Premio Goldman el 2015. La defensora y mujer indígena Lenca fue asesinada debido a su resistencia pacífica a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El asesinato de Berta tuvo gran repercusión y COPINH, junto a diversas organizaciones locales e internacionales como Oxfam, empezaron una campaña para que los inversionistas europeos retiraran el apoyo al polémico proyecto. Efectivamente, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund) anunciaron recientemente su salida del proyecto. Al mismo tiempo, COPINH lidera una campaña para que el Congreso de EEUU vote una ley que busca suspender la asistencia en materia de seguridad a Honduras hasta que cesen las violaciones de derechos humanos y que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Berta sean llevados a la justicia.
Pese a la importancia de estos avances, los y las defensores/as en Honduras y la comunidad internacional deben seguir vigilantes, ya que en la misma semana en que los financiadores europeos anunciaron su salida del proyecto – lo que fue considerado una gran victoria – Bertha Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y actual coordinadora de COPINH, sufrió un intento de asesinato.
El informe trae también un apartado sobre la situación en Colombia, donde “los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, pese a (o tal vez, debido a) el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC”.
La sociedad civil colombiana y la comunidad internacional han acogido con gran satisfacción el acuerdo firmado en noviembre de 2016, sin embargo, de acuerdo con el informe, desde entonces la violencia en contra quienes defienden sus tierras ancestrales y el medio ambiente, ha aumentado. El incremento en el número de asesinatos de personas defensoras en Colombia también va en contra la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el mismo mes de la firma de los acuerdos de paz, declarando al Estado colombiano responsable por no prevenir el asesinato de una defensora de derechos humanos bajo riesgo por su labor legítima en la defensa de derechos.
Ampliando el espacio de protección a las personas defensoras en Latinoamérica
No hay ninguna duda que defender los derechos humanos se ha convertido en una ocupación de alto riesgo en Latinoamérica, en particular si la defensa de derechos implica en hacer frente a poderosos intereses económicos.
El informe de Global Witness es bastante didáctico al presentar recomendaciones para que defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente puedan realizar su activismo libres de cualquier restricción y/o represalias. El informe lista las siguientes recomendaciones: abordar las causas estructurales de vulneración de derechos; apoyar y proteger a las personas defensoras, reconociendo su importancia; y garantizar la rendición de cuentas para combatir la impunidad.
Aunque los principales agentes de cambio para cambiar la situación serían los propios Estados, las compañías, los inversionistas y otros grupos no-estatales, y la comunidad internacional, pueden y deben jugar un importante rol en apoyar y fortalecer voces locales, en la apertura de espacios de acción para personas defensoras de derechos humanos, y en la lucha en contra la impunidad.
En este sentido Oxfam espera unirse al esfuerzo internacional ya llevado a cabo por diversas organizaciones internacionales, regionales y locales para garantizar la protección a personas defensoras de derechos humanos y el combate a las causas estructurales de la situación de riesgo que enfrentan.
Nota publicada en Oxfam, reproducida en PCNPost con autorización
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SOURCE: Los Blogs de Oxfam
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