Una joven familia de Eritrea se registra ante las autoridades de control en Rosenheim, Alemania, septiembre 5, 2015. AFP PHOTO / GUENTER SCHIFFMANN

Los eritreos -el tercer grupo grupo más numeroso en intentar llegar a Europa después de los sirios y los afganos- tienen motivos de sobra para irse de su país, sometido al régimen dictatorial de Isayas Aferworki desde hace 22 años.

“Queremos irnos. Adonde sea”, afirman unos jóvenes que matan el tiempo en una tienda de campaña en el campo de Hitsats, en Etiopía, a unos km de la frontera eritrea.

El número de jóvenes en uniforme da fe de ello: una de las causas es el servicio militar obligatorio, oficialmente de 18 meses, pero que puede durar décadas. Y los jóvenes acaban realizando las tareas más penosas, sin salario. La ONU lo llama “trabajo forzado”.

Eritrea, uno de los países más pobres de África, que se independizó de Etiopía en 1993, figura sistemáticamente a la cola de las listas internacionales en materia de libertades políticas, libertades de expresión o derechos humanos básicos.

Las denuncias por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de opositores políticos son frecuentes. Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció en junio “violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos” a manos del gobierno que pueden ser constitutivas de “crímenes contra la humanidad”.

Después de haber ganado en 1991 una guerra de independencia de 30 años contra Etiopía a la cabeza del Frente Popular de Liberación de Eritrea (FPLE), Isayas Aferworki, se convirtió en presidente en 1993. Y sigue en el cargo sin oposición ni elecciones. A falta de medios de comunicación independientes, incluso la libertad de religión se ve amenazada.

Descrito por un exembajador estadounidense como un “desequilibrado provocador”, Afeworki, de 69 años, fundó luego el único partido político del país, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, que dirige con mano de hierro.

‘Quiero cambiar mi vida’:

Incluso antes de la imposición de sanciones de la ONU en 2009, la economía eritrea, prácticamente controlada por el Estado, estaba moribunda. En 2013, Eritrea ocupaba el puesto 181 de 187 en la clasificación de la ONU en materia de desarrollo humano.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) registró en 2014 más de 33.000 refugiados eritreos en Etiopía.

En el campamento de Hitsats, convertido en una pequeña ciudad de tiendas de campañas salpicadas por alguna que otra casa de ladrillo, nadie piensa en volver a Eritrea. Pero los visados y el estatuto de refugiados se conceden con cuentagotas. Sólo unos 1.000 eritreos refugiados en Etiopía podrán reinstalarse en Estados Unidos o Canadá gracias a ACNUR.

Los únicos países europeos que ofrecieron plazas (Francia, Noruega y Suiza) sólo acogieron a doce personas el año pasado.

A falta de una vía legal, los refugiados se convierten en migrantes comunes. Y en Etiopía, las redes de traficantes están bien implantadas.

Todo el mundo conoce las tarifas de una ida simple a Europa: 1.000 dólares para ir a Sudán, 4.000 o 5.000 dólares por un lugar en una embarcación hacia las costas europeas a través de Libia.

Cuando no pueden costear el viaje, los refugiados apelan a sus familiares en el extranjero.

Una vez en Europa, los eritreos tienen más posibilidades de obtener el derecho de asilo.

“Conozco los riesgos. Nuestros amigos nos dicen exactamente lo que nos espera. En tanto que mujer, me expongo a ser agredida sexualmente. Uno de mis familiares murió en el Mediterráneo. Es una cuestión de suerte”, asegura Meaza, una joven de 25 años que se fue de Eritrea con grupo de amigos rumbo a Europa y Canadá, quien además afirma categóricamente: “Quiero cambiar mi vida y la de mi familia que se quedó en Eritrea”. (AFP)