Por: Andrés Quintero Olmos.

En Barranquilla, desde el año 2010, las fotomultas estáticas de velocidad se han multiplicado de manera considerable. De esta manera, se ha aumentado el número de comparendos. Sólo en vehículos particulares los comparendos anuales pasaron de 42.512 en 2010 a 106.629 en 2013. Más sorprendente ha sido el ascenso de los recaudos totales por concepto de comparendos: pasaron de 1.3 mil millones en 2010 a 9.9 mil millones en 2013. En total desde el año 2013 hasta mediados de 2014, los infractores han tenido que pagarle al fisco local un monto total de 25 mil millones de pesos.

Es normal que las alcaldías locales en aras de reducir la velocidad y, por tanto, la accidentalidad, sobre todo en ciertos sectores pertinentes como los escolares, pongan cámaras de control de velocidad y cuantiosas multas a los infractores.

Sin embargo, lo que no es admisible es que los contratos de concesión de estos dispositivos, ligados al servicio público, sean leoninos para la administración local. No es posible que las empresas privadas contratadas por las alcaldías se embolsillen aproximadamente la mitad de los ingresos de éstas, cuando está claro que el servicio prestado no tiene mayor costo administrativo o de mantenimiento. Estos ingresos que reciben las entidades locales deberían ser recaudados en un mayor porcentaje por el Estado y deberían ser invertidos en la pésima y presente malla vial que también produce accidentalidad.

En el caso de Barranquilla, es inverosímil que existan huecos en la flamante vía periférica, en la cual se puede observar que en ciertos pasos -de repente- se acaba el asfalto y se entra a una destapada, pero en la cual existe fotomultas de última generación. No seamos ese país donde aparatos electrónicos de última tecnología nos multan por andar rápido en una penosa calle.

Por otro lado, es necesario que las fotomultas estáticas de velocidad sean suficientemente visibles para advertir a los conductores de su presencia. Recordemos que su existencia es meramente preventiva y no punitiva, lo cual va naturalmente en contravía con las pretensiones económicas de las empresas privadas que manejan su negocio lucrativo.

Además de esto, es absurdo que el servicio de pago de estas multas no se pueda efectuar a nivel nacional y que sólo los cursos pedagógicos para rebajar sustancialmente la pena puedan hacerse en vetustos y escasos sitios. ¿Qué sucede con los conductores que vienen de otras ciudades y son multados? Lo mismo sucede con el pico y placa: no podemos multar a los vehículos que viajan por el territorio nacional y pasan por las ciudades y se ven multadas por un pico y placa estrictamente municipal, sin ellos estar adecuadamente informados. Absurdo e injusto.

Para resolver todos estos problemas se necesita, primero, que las autoridades locales retomen su potestad y no se las deleguen a empresas privadas relacionadas con políticos locales y, segundo, que el cobro de multas se concentre en una misma entidad nacional descentralizada, con el objetivo final de mejorar los servicios administrativos e implementar un eficiente seguimiento de las inversiones derivadas de estos recaudos.