Tras un frenazo de cinco años al apoyo de las energías renovables, España prepara una licitación de nuevos proyectos, aunque las empresas aún denuncian la incertidumbre legal que frena las inversiones pese a la abundancia de sol y viento.

A fines de diciembre, el gobierno español anunció planes para dar apoyo financiero a la instalación de 3.000 megavatios (MW), a través de todo tipo de energías renovables (eólica, solar, biomasa).

“Es una buena noticia para el sector. Hay interés, hay igual una participación probablemente alta de empresas”, prevé José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, que congrega a 250 empresas.

El llamado a licitación no será mayor que los realizados en otros países de Europa. Pero el anuncio ha sido un acontecimiento en España tras años de parálisis.

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El país fue uno de los pioneros en las energías verdes. Pero el rápido desarrollo en la década del 2000, subvencionado por el gobierno socialista, se vio frenado en seco por la crisis de 2008, y luego por la moratoria a las ayudas decretada en 2012 tras la llegada al poder de los conservadores.

Para seguir creciendo, las empresas concentraron su atención más allá de las fronteras españolas, a menudo con éxito.

España se convirtió, por ejemplo, en tercer exportador mundial de turbinas eólicas, gracias sobre todo al fabricante Gamesa, que exporta el 100% de su producción, a falta de clientes locales.

Ahora, los ojos se vuelcan hacia el mercado interno. “Es fundamental que el mercado español se reactive”, explica Juan Diego Díaz, director de mercadotecnia de Gamesa, para que el grupo y sus proveedores alcancen un tamaño que les permita mantenerse competitivos frente a los rivales extranjeros.

En España, la instalación de nueva capacidad de producción de energías renovables se ha ido reduciendo a su mínima expresión. “En 2015, en fotovoltaico, se instaló más potencial en la ciudad de Bruselas que en toda España”, se molesta Fernando Ferrando Vitales, vicepresidente de Fundación Renovables.

Inquietudes

España debe cumplir para 2020 con el objetivo fijado por Bruselas de un 20% de energía renovable del total de la energía producida, contra el 16% actual (según las últimas cifras de Eurostat).

A juicio del gobierno, los 3.000 MW logrados con la licitación permitirían acercarse a la meta. Pero sus modalidades técnicas, que serán anunciadas durante el primer trimestre de 2017, inquietan al sector.

Los empresarios se quejan de no haber sido consultados para definirlas. Temen que se repita el fiasco de 2016: tras un llamado a subasta más modesto (700 MW), ninguno de los proyectos seleccionados llegó a construirse.

El mecanismo de subasta, mal concebido, empujó las ayudas tan a la baja que las empresas se mostraron incapaces de financiar sus instalaciones.

La gran pregunta ahora es si este nuevo intento desembocará en obras concretas. El gobierno “quiere tener un mejor control” sobre la realización de los proyectos y elabora las reglas para garantizarlo, estima Jorge López, analista de XTB Brokers.

Pero no hay una planificación nacional para que los proyectos seleccionados se adapten realmente a las necesidades del país, como en Alemania, lamenta la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Sería decir, por ejemplo, “necesitamos más electricidad en el norte del país. ¿Qué recursos tengo en el norte del país? Tengo mucho viento. Pues, voy a poner plantas eólicas”, en vez de paneles solares, más acordes al sur del país, explica Heikki Willsted, director de políticas energéticas de la AEE.

“No involucrar a los que tienen que hacer las inversiones, a los que tienen que poner las máquinas (…) da una cierta sensación de improvisación”, señala.

En todo caso, la ayuda pública será menos importante que en los años 2000, toda vez que las energías renovables están más “maduras”, es decir, son más rentables, confirmó el miércoles el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Más allá de las ayudas menores, las empresas se quejan sobre todo de los frecuentes cambios de las regulaciones de tarifas -cada tres años-, que hacen más difícil la obtención de financiamiento.

Asimismo, también han surgido voces que piden que el gobierno anime a los pequeños productores individuales, familias o municipios a equiparse con paneles solares, por ejemplo.

Pero el modelo de subastas en España “provoca la concentración (…) de toda la generación de renovables” en las manos de las grandes empresas, concluye Juan Castro-Gil, de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). AFP