Por: César Lorduy.

Luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos en 1998 tomó posesión de los negocios y bienes de las electrificadoras de la Costa Caribe colombiana, que fueron unidas, vendidas y vueltas a vender incluso por un precio menor al pagado inicialmente, lo que hoy tenemos es a una Electricaribe, -propiedad de Gas Natural Fenosa (86%), Nación (10%) y minoritarios (4%)-, que es dueña de los pasivos originados en las antiguas electrificadoras del Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, y de los que heredó de Electrocosta (Bolívar, Córdoba y Sucre).

Por estar ubicada en la Región Caribe, conformada por 7 departamentos, 6 de los cuales están dentro de los 10 departamentos más pobres del país –a excepción del Atlántico– también es dueña de 2.450.000 clientes, 80% de los cuales pertenecen a los estratos 1, 2 y subnormales, que por cierto generan una demanda que crece al 8% anual, contra el 5,9% en el resto del mercado.

Esas condiciones originan pérdidas de energía en el orden del 17% y un índice de cobro de apenas el 88%, que contrasta con la obligación de Electricaribe de pagar el 100% de la energía que compra y el transporte de la misma, independientemente de si sus clientes toman la energía de manera ilegal (fraudes) o no la pagan (morosidad).

Pero, además tenemos que los niveles de fraude e impago que tiene Electricaribe son muy superiores a los del resto del país – 40% de los hogares no pagan la factura y el 60% de los clientes suspendidos se reconectan de manera ilegal-, y generan pérdidas que para 2014 eran de $590.000 millones; la deuda de los clientes al cierre de febrero de 2015 era de $1,7 billones, de los cuales $115.000 millones corresponden a organismos oficiales (acueductos, hospitales, escuelas, etc.) y, si a lo anterior se le suma el costo de la energía (generación) que se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, ocasionando que los recursos que finalmente logra recaudar esta compañía se destinen en su mayoría a atender el pago de la energía que compra, tenemos un balance a diciembre de 2014 que informa pérdidas por $75.000 millones.

En ese escenario no hay recursos para invertir y lo que se ha hecho ha sido con cargo a la deuda, que ya que llegó a su límite. Sobrepasarla puede llevar a esta empresa a otra condición legal, igual a la que tenía en sus orígenes.

Frente a todo lo anterior, podemos cerrar a Electricaribe, multarla, intervenirla e incluso expropiarla, si a eso queremos llegar, pero nada de eso resuelve el problema.

Los que frente a la oscuridad nos gusta prender una vela, solicitamos: ejecutar lo que hoy contempla el Plan Nacional de Desarrollo, que dispone incrementar las ayudas a través de los fondos (Foes, Prone y Faer) a fin de apoyar a las familias más pobres que no pueden pagar en su totalidad el costo de la energía; reducir el fraude y el impago, para lo cual se exigen nuevos instrumentos legales y policivos; normalizar la deuda de organismos públicos, obtener el apoyo del Estado para el pago de la deuda de los barrios subnormales, e incrementar las inversiones destinadas tanto a mejorar la calidad del servicio como a reducir el fraude.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que Electricaribe deba someterse internamente a una reingeniería para mejorar la relación con sus cliente y ganarse su confianza. Al fin y al cabo estos son su razón de ser.

Si todo lo logramos, podrán hacerse las inversiones requeridas que, al 2019 serán del orden de los $1,1 billones por parte de Electricaribe y de $2,8 billones por otros actores del problema convocados por el Gobierno Nacional. De no hacerse, lo que hoy padecemos se incrementará de manera considerable y entonces sí vendrá la oscuridad total.