Por: Francisco Manrique.

Quisiera iniciar este blog con una afirmación: el sistema judicial colombiano es el eslabón perdido y el riesgo mas grande del proceso de paz en Colombia. Las señales se ven por todas partes. Primero veamos las noticias.

En estos días leía que el padre del funcionario de la DEA, asesinado por una banda de taxistas en Bogotá, solicitaba las penas más severas para los victimarios de su hijo. Seguramente por la presión del Gobierno Americano, las autoridades colombianas actuaron con inusitada velocidad para lograr capturar a estos asesinos, lo cual demuestra que si se puede y es de aplaudir. Y con la misma velocidad, la solicitud de extradición fue concedida. A los pocos meses, nos enteramos que un juez en los Estados Unidos, acaba de condenar al primer responsable del grupo a veinte años de cárcel. Y también nos enteramos, que los autores materiales del asesinato, pueden llegar a tener hasta sesenta años tras las rejas.

Hace unos meses las FARC asesinaron a unos indígenas en el Cauca. En cuestión de horas, la comunidad afectada se movilizó y capturó a los perpetradores del crimen. De nuevo, con la misma celeridad, los sometieron a un juicio según sus propias reglas y los condenaron con gran severidad, teniendo en cuenta que algunos de los asesinos eran indígenas de la región.

En estos dos casos el común denominador es que la Justicia colombiana no intervino para nada. Fueron otros los que actuaron con una velocidad y contundencia impresionante. Es exactamente lo que la gente quisiera ver de un sistema judicial que funcione bien, y que manda un mensaje claro: si usted viola la ley, lo perseguimos, lo capturamos y le aplicamos una condena proporcional al delito. Quienes quieran volver a atracar a un gringo en un taxi en Bogotá, o asaltar a los indígenas del Cauca, lo van a pensar dos veces, porque la relación beneficio costo les va ser claramente desfavorable. Es decir, la certidumbre sobre un sistema judicial que opera tiene un profundo efecto disuasivo que es fundamental para el funcionamiento ordenado de cualquiera sociedad.

En el caso del aparato judicial en nuestro país, el tema es a otro precio. En las noticias vemos a diario casos aberrantes de personas, que no han sido condenados después de pasar muchos meses, en cárceles abarrotadas y en condiciones lamentables, esperando que su caso sea atendido algún día. O vemos que, a un delito menor, se le da una pena de muchos años, mientras asesinos con un prontuario de cientos de víctimas, se le da casa por cárcel y una pena irrisoria de ocho años.

Los casos anteriores son de la base de la pirámide del sistema judicial. En la cúspide, las noticias son igualmente deprimentes: los escándalos en cabeza del Presidente de la Corte Constitucional defendiendo a su hijo, o el de magistrados jugando a la rueda giratoria, eligiéndose los unos a los otros. El comportamiento de estas personas, y el silencio de sus pares, es asquiento y refuerza una imagen de un sistema que está haciendo agua por todos lados. No es en balde, que el 83% de los encuestados ( El Tiempo de ayer), muestra que la percepción de la gente sobre todas estas instituciones, está por los suelos, y que la sensación de impunidad rampante es generalizada, siendo este uno de los retos más complejos para enfrentar en esta encrucijada histórica de negociaciones de paz en que se encuentra el país.

Y que tal otra aberración: el atraco al erario público mas grande en la historia del país, donde un alcalde y su hermano, montaron una mafia para robar descaradamente los recursos de Bogotá. Después de cuatro años, o más, el señor Moreno sigue sin que haya sido condenado, y sus abogados jugando seguramente a la prescripción del caso. Mientras tanto, la Fiscalía no dice ni mu, pero si se mete permanentemente en otros temas que no son de su órbita.

Otro ejemplo del monumental problema que enfrenta la rama judicial en su cúpula, se ve en los enfrentamientos cotidianos entre el Fiscal y el Procurador. Ambos resolvieron utilizar los micrófonos para insultarse y descalificarse mutuamente. Y de paso, están dando un ejemplo miserable a la sociedad colombiana, de como no se deben de manejar las diferencias entre dos figuras representativas de la sociedad.

Pero la mejor demostración del nivel de postración del sistema judicial, la estamos viendo de manera patética en estos días. Ya es un hecho, que la huelga que hoy tiene paralizada la prestación del servicio de justicia en Colombia, seguirá hasta enero del 2015, si acaso se llega a un acuerdo. Se estarían cumpliendo tres largos meses sin un sistema de Justicia funcionando. En cualquier otra parte, esta seria una noticia muy impactante, pero no lo es en nuestro medio. Pero el tema es más serio aún, cuando un abogado amigo mío, me decía que el paro no era tan grave, ya que esta parálisis apenas si se notaba en los procesos, dada la velocidad glacial con la que tradicionalmente opera el sistema.!!!.

Este comentario puede ser, si se quiere muy cínico, pero es una excelente radiografía del nivel de desconfianza, e indiferencia, que hoy se tiene sobre la manera en que opera la justicia en Colombia. La verdad es que el impacto de esta parálisis es incalculable, en especial en un tema tremendamente sensible como son las tutelas en la salud, que hace tiempo desbordan el sistema. Lo que está en juego en este caso, es la vida de la gente, ya que es el mecanismo de ultimo recurso para ser atendidos en el sistema de salud. Este es un servicio fundamental que igualmente se encuentra tremendamente desprestigiado.

Ahora, si el estado actual de la Justicia en Colombia está en niveles tan preocupantes, el gran interrogante surge cuando se compara esta realidad con los inmensos desafíos que se derivarían del proceso de paz en la Habana. A la ya muy débil capacidad institucional del Estado, para hacer cumplir los acuerdos y sostenerlos en el largo plazo, se le suma el descuadre de la justicia como ya lo hemos visto.

No creo que exista un solo punto, de lo que se acuerde en la Habana, que no tenga que contar con el apoyo de los jueces y de la aplicación expedita de las normas que ya existen. De hecho, temas tan cruciales, como es el de la restitución de tierras y la reparación a los víctimas, cuando los casos se cuentan por millares, ya están desbordando la capacidad institucional. A eso habrá que sumarle la judicialización de los victimarios, que de alguna manera tendrán que pagar algunas penas. Todo lo anterior, se suma los procesos contra los paras desmovilizados por Uribe, que avanza a un paso angustiosamente lento después de ocho años.

El mayor reto del proceso de paz de Santos está en el manejo de un post conflicto que no corra el riesgo de seguir los pasos de lo sucedido en Guatemala, Salvador y Honduras, pero a una escala mucho mayor. Pero el problema es que se cuenta con un sistema judicial desprestigiado e inoperante, que debería ser el garante para la sociedad.

El no reconocer esta realidad es estúpido, sin embargo tal parece que es el caso al ver la indiferencia que se demuestra con el paro en la Justicia ya mencionado. No he leído en los medios, ni oído en las entrevistas, que este sea un tema de gran preocupación en el Gobierno ni en el Congreso. Las discusiones relacionadas con la reforma a la Justicia, desde que fracasó el intento hace dos años, se mueven más hacia los componentes clientelistas y politiqueros, que a resolver el tema de fondo: como disminuir de manera significativa los niveles de impunidad que garanticen una sostenibilidad a la nueva narrativa que Colombia necesita en esta materia para garantizar la verdadera paz y la convivencia en Colombia.

La ausencia total de condenas por reclutamiento de menores para la guerra, la inexistencia de sentencias contra las cúpulas de las guerrillas por los ataques sistemáticos contra la población civil, lo cual fue política constante de estas organizaciones en torno a temas como el secuestro, asesinato, desaparecimientos, desplazamientos, etc., etc., y sumado ello al lenguaje ambiguo que maneja el Señor Fiscal, el Presidente de la República y la misma guerrilla, quienes de manera pusilánime y cobarde no han sido capaces de reconocer los hechos de su responsabilidad, nos están demostrando que el lenguaje del derecho penal hizo agua y fracasó estruendosamente en nuestro país. Es el momento que los colombianos construyamos una nueva narrativa de concordia y reconciliación que reemplace la vergonzosa e irreversible ineptitud de nuestra justicia.

Mientras no entendamos que la debilidad del sistema de justicia en Colombia, es el eslabón perdido del proceso de paz, estaremos caminando sobre un campo minado que en cualquier momento puede poner a volar por los aires los acuerdos logrados, y con ellos el futuro de una nueva narrativa para el país.

Posdata: acabo de leer la noticia de que las FARC, por primera vez en su historia, pidieron perdón a los víctimas de Bojaya, masacre que costó 73 víctimas entre los cuales habían 45 niños. Este evento es de gran trascendencia que deberían de repetir estos señores por muchas otras masacres como las de los diputados del Valle, los muertos del Nogal, etc. Como lo comenta el artículo del Espectador de ayer viernes, es un muy buen indicio de los avances logrados hasta ahora en La Habana.