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La investigación del submundo de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras en Brasil generó una extensa lista de detenciones, procedimientos secretos, delaciones premiadas y condenas a una escala sin precedentes en la historia del país.

Este jueves el procurador general Rodrigo Janot acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al actual senador y expresidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), protegidos por fueros, por su vinculación con la causa que investiga el fraude cometido en la empresa que encarnaba el sueño brasileño de desarrollo e inserción internacional.

De acuerdo con la causa, directivos de Petrobras, constructoras de gran calado, intermediarios y especialistas en lavar dinero, montaron un sistema basado en sobornos para amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos al extranjero durante 10 años.

La investigación conducida por el juez federal Sergio Moro señala que ese dinero engrosó fortunas personales y financió partidos políticos.

La magnitud de los hallazgos de la “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), que comenzó con un procedimiento menor por transacciones ilegales de divisas en una gasolinera de Brasilia, se refleja en los más de 2.000 millones de dólares que Petrobras declaró como pérdidas a raíz del escándalo.

Algunos de los números de la causa:

• La causa tiene 31 acusaciones criminales contra 143 personas por los delitos de corrupción, crímenes contra el sistema financiero, formación de organización delictiva, lavado de dinero y tráfico de drogas, entre otros.
• Hay 37 personas y empresas acusadas de improbidad administrativa que engloba los delitos de enriquecimiento ilícito, daños y fraude al erario público. Las autoridades demandaron un resarcimiento de 6.700 millones de reales (unos 1.920 millones de dólares), que incluye los fondos desviados y las multas correspondientes.
• Hasta el momento, las condenas dictadas suman 225 años, tres meses y 22 días de prisión.
• Hay cerca de 50 personas en la llamada “línea política” del caso, que está en manos de la fiscalía de la república y que es tramitada por la Corte Suprema, encargada de juzgar a personas protegidas por fueros. Entre ellas 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones. Además, hay otros investigados que no tienen fueros privilegiados, pero cuya vinculación con esta línea de investigación es tan estrecha que están siendo tramitados en el mismo cuerpo.
• Se realizaron 716 procedimientos, con 105 arrestos efectivos, 86 detenciones coercitivas para declarar ante las autoridades y 356 operaciones de búsqueda de pruebas y documentos.
• Fueron emitidos 53 pedidos de cooperación internacional para dilucidar la ruta del dinero de los sobornos pagados en el extranjero. Todos los procesos son secretos y no hay información pública sobre su contenido ni los países que involucra.
• La procuraduría firmó 28 acuerdos de “delación premiada” con acusados confesos -seis de ellos están en prisión- a cambio de una reducción de sus eventuales condenas tanto físicas (pérdida de libertad) como económicas (devolución de fondos desviados e indemnizaciones). Los acuerdos obligan a quienes los suscriben a probar todos los datos que aporten sobre personas, empresas, fechas y lugares. Los acusadores deben documentar las transferencias de los fondos con números de cuenta, transferencias y colaborar para su recuperación. En caso de que entreguen datos falsos, sus sentencias serán aumentadas.
• Las denuncias involucran el pago de sobornos por 6.194 millones de reales (unos 1.770 millones de dólares). Ya fueron recuperados 870 millones de reales y hay otros 2.400 millones bloqueados en bienes y activos de los acusados por la Justicia.

AFP