La fumigación de las plantaciones de coca, un tabú cuestionado en Colombia

¿Se debe detener el tráfico de drogas o proteger la salud? Tabú desde hace tiempo en Colombia, la fumigación aérea de las plantaciones ilícitas está en entredicho después de una alerta sobre los riesgos del herbicida utilizado.

Las divisiones dentro del mismo gobierno estallaron esta semana entre los partidarios y detractores de esta práctica contra los campos de coca, la planta que sirve para fabricar la cocaína.

En el origen de la polémica está la advertencia emitida recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó el glifosato, uno de los principales herbicidas industriales, como “cancerígeno probable”.

Basándose en ese estudio, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendó “suspender de manera inmediata” las aspersiones, en nombre del “principio de precaución”. Una moratoria que rechaza ferozmente su colega de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien se opone a “permitir que se termine beneficiando a la delincuencia”.

Alejandro Gaviria, Ministro de Salud, dando declaraciones en Cali. Prensa, Ministerio de Salud.

Alejandro Gaviria, Ministro de Salud, dando declaraciones en Cali. Prensa, Ministerio de Salud.

Primer productor mundial de cocaína junto con Perú, Colombia recurre desde hace décadas a las aspersiones aéreas, en el marco de un plan de lucha antidrogas financiado por Estados Unidos. Las fumigaciones desde entonces se concentran sobre todo en el sur del país, feudo de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusadas por las autoridades de financiarse con el narcotráfico.

Surgidas de una rebelión campesina hace más de medio siglo, la rebelión marxista de las FARC asegura que defiende a las comunidades rurales donde la hoja de coca constituye, en ocasiones, su único ingreso.

No obstante, el gobierno y las FARC, que negocian un acuerdo de paz desde hace más de dos años, acordaron la necesidad de apoyar la sustitución de cultivos, recurriendo a la erradicación manual.

Suave presión de Estados Unidos:

Interrogado por la AFP, Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre la Seguridad y la Droga (Cesed), estima que una suspensión del glifosato iría por “buen camino”.+ “Hemos realizado un estudio que muestra que esas fumigaciones causan problemas dermatológicos y respiratorios o que pueden provocar abortos”, explicó este profesor de la Universidad de Los Andes de Bogotá.

Según el experto, las aspersiones no producen sino un efecto “muy poco efectivo” porque solamente producen resultados comprobados en 3% de las superficies tratadas. “Esto no justifica un costo colateral tan fuerte para la salud”, insistió, y exhortó a las autoridades a enfocarse en cuestiones como los laboratorios clandestinos o las rutas de envío de la droga.

Sin embargo, las autoridades destacan un balance positivo de su acción contra el tráfico de cocaína. Según el último reporte de las Naciones Unidas publicado el año pasado, la producción bajó 13% en 2013 y Perú le arrebató el primer lugar como cultivador de hoja de coca, con 49.800 hectáreas, es decir, 1.800 más que su vecino.

Este asunto explosivo podría también tomar un giro diplomático de enfriamiento con Estados Unidos, que proporciona los aviones y los pilotos para las fumigaciones y no ve con buenos ojos el fin de este dispositivo.

El debate surgió durante la visita a Colombia del secretario de Estado adjunto de ese pais, Antony Blinken, quien tuvo ocasión de ejercer una suave presión a favor del glifosato, la “forma más efectiva de lucha contra los cultivos ilícitos”. Destacando que su objetivo es principalmente agrícola, este funcionario recuerda que su uso está extendido tanto en Europa como en Estados Unidos. “Ya habríamos tomado medidas si hubiera algo malo”, dijo en entrevista con El Tiempo, el principal diario colombiano.

Prudentemente, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha eludido el tema, aunque su entorno ha anunciado que la decisión definitiva sobre la utilización de esta técnica recae sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes, adscrito al ministerio de Justicia. (AFP)


 

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