El conflicto armado colombiano se ha cebado con zonas rurales como las del departamento de Bolívar, hogar de Gil Alberto García, un campesino que ha sido testigo de más de medio siglo de violencia resumida en dos manos callosas por el trabajo y que vive rodeado por palmas de aceite.

Nacido en el departamento de Córdoba (norte), García salió de su terruño en busca de mejores horizontes y ahora vive con su familia en una finca de la aldea de Monterrey, parte del municipio de Simití, en el sur del departamento de Bolívar.

A sus 63 años este hombre que calza abarcas de cuero de crudo y protege su cabeza del sol canicular con un sombrero “vueltiao”, tiene que hacer esfuerzos para encontrar en su memoria pasajes de su vida en los que no haya estado rodeado de violencia, bien sea por la de la partidista, o por la de las guerrillas y grupos paramilitares. Para él no fue suficiente salir huyendo del hambre de su natal Córdoba, porque en Monterrey sus ojos han visto pasar a los violentos que dejaron en la región un reguero de muertos y desaparecidos cuyo número es aún hoy incierto.

Archivo, marzo 3, 2015. AFP PHOTO/RAUL ARBOLEDA

La violencia que afecta al sur de Bolívar, en especial a los municipios de San Pablo, Simití y Morales, comenzó con las simples peleas de colonos, luego siguió con la generada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda del país y con una fuerte presencia en esa región.

“Primero fue (la violencia) de los colonos por peleas de borrachos, por problemas de tierras, ya después el ELN vino a impartir justicia, pero eso fue peor la cura que el mal porque ellos decían (qué se debía hacer) y el que se salía de esos parámetros se iba o se moría”, dice García.

Él, que fue de los que vivió la bonanza de la explotación de maderas finas como el cedro, el guayacán y la tolúa, también recuerda que el Gobierno del entonces presidente Misrael Pastrana (1970-1974) ordenó la operación “Anorí” para acabar con el ELN en Antioquia (noroeste) y en algunos municipios del sur de Bolívar.

“El ELN se fue pero el Gobierno no copó el espacio y se fue creando la ley del más fuerte”, se lamenta el campesino, quien dice que luego el territorio se lo tomaron las FARC y poco tiempo después llegaron los paramilitares.

“Ahí fue el acabose”, asevera García, que califica la época de “desastrosa” porque hubo “mucho asesinato, mucho desaparecido” y además el territorio fue dividido porque la parte montañosa la dominaban las guerrillas y la plana fue para los paramilitares.

A él, que no le temía a la dureza del trabajo, esa zozobra lo hizo abandonar en 1994 su finca, que fue luego convertida por los paramilitares en un centro de entrenamiento. Luego de gastar todos sus ahorros en varias ciudades, regresó a su predio en 2004 para hablar con los paramilitares y las autoridades y finalmente logró que le devolvieran su finca.

Antes de volver, García tuvo que dedicar tiempo a limpiarla no solo de la maleza que la estaba consumiendo, sino de municiones y de explosivos que habían dejado los antiguos ocupantes.

“Tiré como cinco mil cartuchos al río”, explica el hombre, que no se arrepiente de no haber cedido a las presiones para vender sus tierras “porque hay momentos en los que ya no queda lugar para el miedo”.

Pese a que reconoce que en la región ha mejorado la situación de orden público, todavía falta mucho por hacer por parte de la comunidad y del Gobierno. De todos modos, él se siente afortunado porque en medio de toda la violencia que lo ha rodeado ninguno de sus familiares ha muerto por causas relacionados con el conflicto armado de medio siglo.

Hoy en día vive “más tranquilo” rodeado de su familia y de mil palmas de aceite que tiene sembradas en su finca y reconoce que es la primera vez que tiene “sensación de paz” pese a que todavía hay grupos armados en la zona.

Por ello, el campesino confía en que las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, próximas a concluir, lleguen a buen puerto, pero recuerda que para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, el Estado tiene que hacer presencia en las zonas que dejará la guerrilla.

“Se van a desmovilizar (la guerrilla). El problema está en que el Estado cope las zonas pero no solamente con Ejército y Policía, sino con jueces” y todas las entidades que lleven a la gente a mejorar su situación en lo económico y en lo social.

Mientras eso pasa, él seguirá ordeñando sus vacas, cuidando de su familia, de su finca a la espera de poder pasar lo que le resta de vida sin la zozobra de la violencia que siempre lo ha rodeado. EFE