Por: Andrés Quintero Olmos.

En Colombia, el gasto en justicia representa el 0.9% del PIB. Causa curiosidad que en los Estados Unidos esta proporción de gasto sea más o menos similar a la colombiana y que la proporción de jueces por 100 mil habitantes sea también equivalente, según cifras de ANIF (Costos y Eficiencia de la Rama Judicial en Colombia, Sergio Clavijo, 2011).

Sin embargo, mientras que en Estados Unidos existen 626 procesos judiciales acumulados por cada 100 mil habitantes, en Colombia hay 6.337, y en esta cifra está el meollo del asunto. Con lógica, uno explicaría esta diferencia por la alta tasa de homicidios en Colombia que es de 24.4 por cada 100 mil habitantes en relación a la de Estados Unidos que es de 5.6.

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Pero no es así de fácil porque sólo el 24% de los procesos judiciales en Colombia son penales, cuando en Estados Unidos este porcentaje es de 44%. Esto significa que una gran parte de los procesos judiciales en Colombia son civiles (31%), laborales (9%) y familia (5%), es decir, procesos no penales. En oposición a esto, Estados Unidos dedica casi la mitad de su esfuerzo judicial a la persecución de los delitos penales.

Estos últimos números materializan varias cosas: Primero, la inseguridad jurídica es tremenda en este país, lo cual explica que los ciudadanos tengan que recurrir permanentemente a los establecimientos judiciales para resolver los conflictos en torno a la aplicación de las normas. Segundo, no hay suficiente prevención del delito o de los conflictos legales. Tercero, la mayoría de los abogados del país no están bien formados en cuanto a la redacción de contratos o interpretación del derecho. Cuarto, lo mismo aplica para los jueces que no tienen suficiente formación profesional para lograr su misión. Quinto, el legislativo colombiano ha sido el primer perturbador del ordenamiento jurídico, con constantes reformas legislativas y constitucionales en pro del caos legal. Sexto, la jurisprudencia colombiana no ha logrado ordenar lo que el legislativo desorganiza y, más aún preocupante, ha venido perturbando la igualdad y seguridad jurídica ante sus permanentes choques de trenes y cambios jurisprudenciales. Séptimo, las altas cortes están ideologizadas, fallan de vez en cuando con oportunismo político y no en derecho (ej. sentencia C-699/16 sobre la refrendación popular).

Ante estos desmanes judiciales, la justicia colombiana, a pesar de gastar a la par de Estados Unidos (según el % del PIB) y tener un número similar de jueces por 100 mil habitantes, es de lo más ineficiente, muy por encima de la realidad delictiva y de la cultura de ilegalidad existente. Somos el país donde una sentencia de la Corte Constitucional tiene 600 páginas, cuando en Francia es de un par de páginas y tiene mayor profundidad científica.

Asimismo, no perdamos de vista lo siguiente: la impunidad de los diferentes delitos en Colombia ronda el 99%, especialmente porque las víctimas no salen a denunciar, según palabras del actual Fiscal. Esto quiere decir que, por lógica, deberíamos tener más procesos judiciales acumulados si todas las víctimas denunciaran, lo cual es verdaderamente aterrador a sabiendas de nuestros males. ¿Justicia?