Por: Juan David Cárdenas.

Más allá del proceso de paz, que claramente es el acontecimiento político más importante en mucho tiempo en el país, hay muchos procesos políticos y sociales que siguen tomando lugar en la sociedad Colombiana, y que están más enraizados en los efectos del modelo económico imperante, que ha traído como consecuencia la excesiva dependencia de factores externos de alta volatilidad que han generado que muchos sectores vean damnificados sus intereses, negocios y realidades, en distinta magnitud. Esto ha traído, inevitablemente una explosión de la protesta social y la respectiva respuesta política y represiva de la institucionalidad.

Una realidad inocultable de la coyuntura actual y el posible escenario de postconflicto es que el “desligarnos” del problema eterno de la violencia hace que afloren conflictos sociales que venían latiendo en segundo plano y que encuentran mayor eco, respaldo, críticas  y visibilidad en la medida en que sus consecuencias son mucho más directas para la cotidianidad de todos los colombianos.

Los costos de la educación y sus problemas de calidad, la crisis eterna del sistema de salud y sus consecuencias nefastas para miles de ciudadanos, el experimento fallido de los sistemas de transporte masivo en las grandes capitales, los problemas estructurales del campo y el agro y la dificultad de sobrevivir bajo el modelo económico imperante, y más recientemente el paro camionero, nos ponen de presente que más allá de la paz retórica, hay una paz real que estamos todavía lejos de alcanzar, y que implica que como sociedad empecemos a dar la discusión en dos frentes fundamentales para la “estabilidad” y “durabilidad” de cualquier acuerdo de paz que se firme con los grupos armados: la transformación del modelo económico y la redefinición del imaginario frente a la protesta social .

Esto es, que entre los colombianos, también, empecemos a pensar en un nuevo tipo de sociedad respetuosa de los derechos, consciente de sus deberes, pero sobre todo, con un sentido de humanidad presente en todo el aparato institucional y en el mismo seno de la sociedad.

El modelo y la explosión social

Una de las explicaciones de los altos niveles de movilización y protesta social en Colombia tiene que ver con el modelo económico reinante en el país. No es fortuito que gran parte de los sectores movilizados lo hagan en base a reivindicaciones económicas, de productividad y desequilibrio en la competencia. Campesinos, transportadores, pequeños empresarios, entre otros, se han venido movilizando debido a los efectos que los tratados de libre comercio, los acuerdos aduaneros y la volatilidad de los precios del petróleo y las tasas de cambio.

Por un lado los reclamos, más que sentidos de los campesinos frente a los bajos costos, la baja tributación y la comodidad de los productores foráneos para inundar de alimentos el mercado local en detrimento de los productores nacionales que por mucho tiempo nos llevaron los alimentos a la mesa.

Por otro lado los transportadores que afirman trabajar a pérdidas por los altos costos de los combustibles y el mal estado de las vías. Igualmente, miles de pequeñas empresas manufactureras han desaparecido para dar paso a un frenesí consumista de mercancías extranjeras de dudosa calidad que inunda las grandes superficies y las ventas callejeras.

En la otra acera encontramos efectos, que trascienden lo económico y nos plantean problemáticas de orden social y medio ambiental, incluso cultural, con la expansión de la mega minería legal e ilegal, estimulando nuevos focos de conflictividad y violencia, y a su vez poniendo en riesgo la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de un país tan rico como Colombia.

La entrada y salida de empresas petroleras y mineras ha generado una alta tasa de inestabilidad y volatilidad en términos laborales, que ha trascendido al ámbito de lo comunitario trayendo consigo criminalidad, narcotráfico y marginalización de poblaciones que deberían estar “aprovechando” de otra manera las rentas de la actividad minera.

Es claro que frente a este panorama, es necesario, al menos, plantear la discusión en torno al modelo económico, porque seguramente, al ir decayendo la violencia política, todos estos conflictos van a ir apareciendo de manera más frecuente generando mayores índices de movilización y protesta social, y a su vez son el germen perfecto para nuevos brotes de violencia.

El imaginario social frente a la protesta: el pulso por la democracia

Uno de los inconvenientes de la exacerbación de la conflictividad social tiene que ver con el imaginario social negativo predominante en torno a la protesta social. Históricamente en Colombia, desde la narrativa oficial y la construida sistemáticamente por los medios de comunicación, la protesta se ha interpretado, más que como un derecho, como una actividad de subversión del statu quo, el orden y la tranquilidad. A esto se le suma, el permanente argumento de la infiltración guerrillera a cualquier paro o movilización, lo que ha ido deslegitimando la protesta social como forma de acción política legitima dentro del sistema.

En la búsqueda de la consolidación de una democracia abierta, plural e incluyente, uno de los principales cambios culturales hacia los cuales se debe avanzar es tratar de dar vuelta a este imaginario. La protesta per se no debe ser violenta. Es la expresión del inconformismo ciudadano frente a lo que se considera injusto y es un derecho consagrado constitucionalmente. El escenario que se ha construido frente a la protesta, su “puesta en escena” ha desnaturalizado su verdadera naturaleza. La protesta no es una confrontación violenta, es una manifestación de inconformismo.

El lenguaje, los marcos de interpretación y la disposición de los actores involucrados han contribuido a que los colombianos vean en la protesta, bien sea algo violento no digno de ser respaldado, o algo incómodo que afecta la cotidianidad.

El nuevo código de policía se orienta hacia esa perspectiva poniendo un énfasis de control y represión, más que de acompañamiento y garantía. No se puede ni se debe asemejar, como implícitamente lo hace el discurso oficial, protesta con disturbio. Es claro también, que de parte de los sectores movilizados debería darse una acentuación de sus métodos de protesta.

Lo que si no debe ser cuestionado, es que la protesta aflora cuando los mecanismos institucionales deliberativo se agotan, o en el peor de los casos, no existen. Es por eso que, en el fondo, lo que se está negociando en este momento, lo que todos deberíamos estar discutiendo, es el nuevo tipo de democracia que queremos construir en Colombia. Así podremos reducir la conflictividad y transformar los imaginarios.

El llamado final es a los medios de comunicación a que asuman y entiendan la condición natural de los conflictos sociales y comprendan que es responsabilidad de ellos también contribuir a neutralizar dicha conflictividad, fortalecer el derecho a la protesta, no estigmatizarla, y dejar de narrar la movilización y la protesta en términos de batallas, guerras y luchas, donde pareciera que siempre tuviese que haber un ganador, lo que justifica, en la mayoría de los casos, los atropellos estatales en aras de la “preservación del orden”