Por: Juan Davud Cárdenas.  

La constitución política de 1991 determinó que el sistema económico nacional debía regirse por los principios de la libre competencia y el libre mercado con la debida regulación delas instituciones del estado. Servicios públicos, que habían sido prestados monopólicamente por empresas públicas empezaron paulatinamente a ser prestados por entidades privadas.

La luz, el agua, el teléfono, la recolección de basuras y residuos, la seguridad social, entre otros, comenzaron a ser objeto progresivo de la desregulación y la cada vez mayor competencia entre empresas públicas y privadas por garantizar los derechos fundamentales de los colombianos atados a estos servicios.

Esto encierra, de fondo, un planteamiento ideológico, por no decir un prejuicio, de que los servicios públicos en manos de empresas privadas con el estímulo de la libre competencia iban a ser cada vez más baratos y de mejor calidad, es decir, los ciudadanos saldríamos ganando bajo ese nuevo modelo.

Lo que hemos vivido en todo este periodo muestra que no todo lo que brilla es oro. En los sectores de la salud y la energía estamos viviendo un escenario en donde la lógica privada ha ido en contravía de los principios constitucionales. Las empresas prestadoras de salud y las empresas electrificadoras han demostrado con creces la incapacidad de hacer frente a sus responsabilidades.

El problema de fondo, que genera todo el descontento de las personas, es que somos los ciudadanos lo que siempre somos llamados al rescate de las malas decisiones de las instituciones privadas prestadoras de servicios públicos, siendo que como contribuyentes y usuarios somos los que en una gran proporción aportamos el capital para el sostenimiento de esos andamiajes,

Podemos mencionar dos casos que hoy en día llenan de indignación a los colombianos, y que seguramente son el reflejo de muchos casos más que a nivel local y regional se reproducen constantemente.

El primero de ellos, Saludcoop, la EPS con más usuarios del sistema, que fue objeto de un saqueo por parte de sus directivas que utilizaron recursos de todos nosotros, no para invertir en la atención de sus pacientes, sino para gastos personales, viajes, viviendas y automóviles de lujo entre otros. Hoy en día, en liquidación, se hace público que su liquidador también aprovecho su situación para seguir malversando fondos.

El segundo caso involucra al sistema de electrificadoras y el polémico cargo de confiabilidad, que se supone apalancaría inversiones destinadas a contrarrestar contingencias como las que vivimos hoy en día. De este cargo, que sale de nuestros bolsillos, vía tarifa, no sabemos en qué se invirtió, o ni siquiera si se invirtió. Ahora, como ocurriría años atrás con el sistema bancario rescatado por los usuarios a través del famoso impuesto del 4 X 1000, el estado acude a los ciudadanos para mitigar los impactos de la irresponsabilidad y falta de planeación de quienes nos prestan los servicios más elementales para nuestra dignidad humana.

Los ciudadanos somos víctimas de un esquema totalmente nocivo. Primero, el sistema nos convierte en usuarios, mas no en ciudadanos sujetos de derechos. Segundo, somos nosotros los que sostenemos, en gran proporción, el sistema con nuestros recursos y los servicios que recibimos son de una calidad cuestionable, y en muchos casos no corresponden con nuestras expectativas y necesidades. Cuarto, a pesar de que la lógica económica del sistema económico implica la posibilidad permanente del riesgo, para bien o para mal, solo somos tenidos en cuenta para los tiempos oscuros, hasta el punto en que terminamos siendo señalados como responsables de muchas de estas crisis por nuestros comportamientos.

¿Cuándo será el día en que las ganancias de las grandes empresas, en gran parte obtenidas con la rentabilidad de nuestro dinero y no por la calidad de la prestación de sus servicios, se reviertan en beneficio nuestro?

Hace poco leía que las ganancias de los bancos en el 2015 ascendieron a los 8,4 billones de pesos y que las acciones de las empresas electrificadoras se valorizaron. Paralelamente leía como la red pública hospitalaria del país está en crisis por que las EPS no giraban los recursos por los servicios prestados a los usuarios. Y hoy vivimos tratando de ahorrar energía por que el sistema, acentuado por el problema climático, está al borde del colapso por no invertir los recursos que el cargo de confiabilidad y que seguramente están rentando gran cantidad de intereses que seguramente los usuarios nunca veremos.

Y es acá donde como ciudadanos debemos preguntarnos ¿Dónde ha estado el Estado en todo esto? O, mejor aún, ¿En manos de quienes está el supuesto control que debe impedir que estas situaciones ocurran? ¿Para qué sirven los órganos de control y las superintendencias?

Si jugáramos a la pirinola a los colombianos de a pie siempre nos sale “todos ponen” mientras que a los pocos que son dueños de mucho siempre les sale “toma todo”.

Imagen en página principal: Una versión en plástico de la Perinola. Wikimedia Commons. Por: Lforestier, 2014. CC BY-SA 4.0