Por: Juan David Cárdenas.

De la lectura de los acuerdos de La Habana se desprenden muchos temas que son el reflejo del diagnóstico de país que construyen los actores involucrados en el proceso de paz. Si bien, cada acuerdo tiene su propia concepción y obedece a problemas particulares, hay un elemento común, que parece transversal, y que apunta, quizás, al verdadero problema de la violencia política y el conflicto armado en Colombia: la ausencia de espacios de participación para los ciudadanos en la toma de las decisiones que afectan su diario vivir.

La triste realidad de muchos colombianos, en el campo y la ciudad, se ve atravesada por el problema estructural, cultural, de la corrupción política, sumado a los malos gobernantes que no tienen en cuenta los intereses colectivos y gobiernan para los intereses, en muchos casos, de quienes financian sus campañas, negando cualquier tipo de voz a los ciudadanos, cuyos votos también contribuyen a que ellos estén en el poder.

Más que entregar el país al fantasma del castrochavismo, o tratar de transformar modelos y paradigmas políticos y culturales dominantes, lo que en el fondo se pretende, es una sociedad más equitativa, sobre todo desde el punto de vista de la participación ciudadana.

Es claro, que los temas planteados en la agenda de negociación, deben llevar a que en algún punto se tengan que plantear reformas institucionales, transformar orientaciones de políticas públicas y modificar algunas concepciones tradicionalistas, excluyentes y desiguales del quehacer político nacional, y es obvio, o ¿acaso las cosas como han estado han funcionado?, yo pienso que no. Lo que no podemos permitir es que con la herramienta del miedo al cambio y el explotar mitos y fantasmas políticos, que están lejos de materializarse en una sociedad como la colombiana, se niegue a los colombianos la posibilidad de construir un país más democrático.

Al leer y analizar los acuerdos se encuentra una mirada mucho más empoderada del ciudadano común al que se le estimula para atender a futuros espacios de planeación participativa, no entendida únicamente como la distribución del gasto, sino también como la toma de decisiones frente a su futuro, el futuro de su territorio, los usos del suelo, entre otros aspectos. También se busca que este ciudadano sea consciente de su condición de perteneciente a una sociedad, se organice y movilice para influir positivamente sobre sus gobernantes.

Probablemente, este escenario, que para muchos se lee como un avance en la profundización de la democracia, para otros, los que siempre han detentado los poderes tradicionales, las elites urbanas y rurales, y los actores legales que han capturado tierras y rentas durante décadas, puede verse como una serie amenaza al statu quo que los sostiene en un lugar privilegiado de nuestra sociedad.

Pareciera ser evidente que la participación ciudadana puede ser el verdadero eje de la construcción de la paz estable y duradera, y es quizás, en donde más rápidamente podríamos ver un cambio profundo en los procesos sociales y políticos del país en el escenario del postconflicto. No puede ser tan malo que los ciudadanos tengan una mayor participación en los procesos que afectan su vida, ni tampoco puede ser tan malo transformar una institución en crisis permanente, con poca legitimidad y cuestionada todo el tiempo por la opinión pública.

No le tengamos miedo al cambio!