Por: Juan David Cárdenas.
Uno de los principios que rige nuestra constitución política es el principio democrático. El estado colombiano, sus instituciones, la gestión de los asuntos públicos, la participación política, por mencionar algunos aspectos, se enmarcan dentro del cumplimiento del paradigma democrático.
Sin embargo, paradójicamente, en un país con una tradición democrática discursiva tan fuerte, son pocos los espacios en donde los ciudadanos de a pie son tenidos en cuenta para la toma de decisiones de gran trascendencia para su presente y su futuro.
Es claro, que una democracia representativa que busca coexistir con los principios de una democracia participativa, es utópica pensar en que todos podamos participar de todas las decisiones. Esto suena absurdo. Sin embargo, y ante la coyuntura reciente, parece existir una distancia muy fuerte entre el sentir ciudadano y los deseos de los gobernantes.
Mientras la realidad mundial nos muestra el acelerado y preocupante crecimiento del calentamiento global, y todos empezamos a padecer sus consecuencias; mientras los objetivos del milenio nos hablan de seguridad alimentario y desarrollo sostenible, y vemos a los gobernantes y a muchas empresas y corporaciones depredando los recursos naturales.
El Concejo municipal de Ibagué acaba de aprobar la convocatoria a una consulta popular para consultarles a los ibaguereños sobre la aprobación o no del proyecto minero de La Colosa que podría afectar las fuentes hídricas del municipio poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agrícola y turística del Municipio con motivo de proyectos mineros? (Pregunta aprobada)
La sola aprobación de la convocatoria puede considerarse un triunfo para la ciudadanía, a pesar de que su validez y vinculación legal tiene muchos cuestionamientos, incluso de los organismos de control y el gobierno central que en ocasiones anteriores se ha pronunciado negativamente en situaciones similares como en el caso del municipio de Piedras, Tolima.
Independiente de lo que pueda llegar a ocurrir creo que es pertinente empezar a cuestionar el alcance de la participación ciudadana, y la viabilidad de los mecanismos de participación, cuando cada vez más, por la misma gravedad de los fenómenos que estamos viviendo, las decisiones gubernamentales están afectando de manera directa y muy grave los derechos de muchos ciudadanos en aspectos ambientales, laborales, económicos y sociales.
Dentro del espíritu de los acuerdos de La Habana se enfatiza mucho en la ampliación de la democracia y la incorporación de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones a través de distintos esquemas, entre ellos la planeación participativa. La realización de la consulta y el respeto por la decisión de la voluntad ciudadana sería un paso importante para avanzar hacia dicha amplitud democrática, y generaría un precedente importante para muchos procesos de similar naturaleza frente a los cuales, seguramente, vamos a empezar a enfrentarnos en Colombia.
Entonces, es mejor dejar de jugar a la democracia desde el discurso y empezar a hacer realidad un país más democrático con un Estado más sintonizado con las necesidades y problemáticas de la ciudadanía, y con unos ciudadanos más participativos. Esto contribuiría enormemente a la consolidación de la paz.
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