Por: Juan David Cárdenas. 

Uno de los problemas endémicos de la sociedad colombiana en la corrupción. Nos acostumbramos a vivir en medio de prácticas corruptas han logrado tal nivel de normalización social que se convierten en eufemismos que retratan nuestra particular condición ética como sociedad.

Carruseles, carteles, mafias y demás epítetos son utilizados para definir comportamientos individuales o colectivos que únicamente apuntan a desfalcar el erario público o aprovecharse de la condición publica para favorecer intereses privados.

Lo vemos todo el tiempo, con los impuestos, con las licitaciones, con los contratos, las licencias urbanísticas, las normas de construcción, las licencias ambientales, el uso del espacio público, ente otros.

Un sello característico de todos estos escándalos es que precisamente sus “cerebros” y gran parte de las personas involucradas tienen una formación académica envidiable. Han ido a las mejores universidades nacionales e internacionales, han trabajado en las mejores empresas. Igualmente, muchos de ellos pertenecen a los círculos sociales privilegiados, cercanos al poder, con información exclusiva y ventajas frente a otros colombianos que quisieran acceder a prestar servicios para el estado.

Este escenario nos plantea un debate urgente y necesario sobre la enseñanza de la ética en los procesos educativos y el predominio de las lógicas enteramente mercantilistas de lucro particular sobre la lógica del estado social de derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

No es lo mismo trabajar para el sector público que para el sector privado. No pueden las lógicas del sector privado dominar la toma de decisiones públicas. Pero, sobre todo, no puede darse, y se está dando, la coexistencia de funcionarios públicos que no renuncian a sus intereses privados, y peor aún ni siquiera les pasa por la cabeza la idea de creer que están impedidos para regular sectores en donde siguen teniendo serios y valiosos intereses que defender

Muchos de ellos, como lo afirman “nunca se han robado un peso”, otros afirman haber renunciado a sus posiciones privadas ahora que son funcionarios públicos. Habría que recordarles que la corrupción no es únicamente robar recursos públicos.

El artículo 209 de la constitución política establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.”

El diario El Tiempo reveló este domingo que el secretario de planeación de Bogotá, encargado de la planeación del ordenamiento territorial, directo involucrado en el proceso político y legal de la Reserva Thomas Van der Hammen, tiene un predio, de 2000 mts2 en terrenos de la reserva, y, además, ya se sabía, fue gerente de una firma constructora que tiene intereses muy poderosos de urbanizar esos terrenos.

Ortiz ha sido el principal vocero, aparte del alcalde Peñalosa, que ha venido defendiendo en distintos escenarios la urbanización de la reserva con argumentos que desde todos los ángulos han sido controvertidos por expertos ambientalistas, ecologistas, urbanistas, entre otros.

Ortiz olvida, que, como funcionario público, y bajo el principio de moralidad y transparencia, primero, debía haber comunicado la existencia de dicha propiedad, y segundo, que su posición e intereses le generan un impedimento para participar en cualquier proceso relacionado con la urbanización de la reserva.

Desafortunadamente sigue operando la famosa puerta giratoria bajo la triste y célebre frase pronunciada por un reconocido estratega político “la ética es para los filósofos”

Todo esto debe movilizarnos a cuestionar ¿en manos de quienes están las decisiones más importantes para nuestro futuro? ¿Qué parámetros éticos y morales rigen la toma de decisiones sobre nuestros recursos? El tiempo se encargará de mostrarnos la respuesta.