Por: Juan Carlos Eichholz

¿Qué haría usted si la clínica a la que va no tiene especialistas para atenderlo? ¿O si los profesores que deberían hacerle clases a sus hijos no lo hacen? ¿O si la señal de su celular falla recurrentemente? ¿O si debe hacer una fila de varias horas para comprar algo? ¿O si el mall del barrio se va quedando viejo y sin estacionamientos? ¿O si el paquete que mandó a través de un courier no llega a destino? La respuesta es fácil: se cambia de prestador de servicio.

Pero cuando el proveedor de ese servicio es el Estado, la respuesta no resulta tan simple. ¿Qué hacer cuando los funcionarios del Registro Civil deciden no cumplir con sus funciones? ¿O cuando la infraestructura del aeropuerto de la capital no da abasto? ¿O cuando los hospitales y escuelas públicas no cuentan con los profesionales que deberían tener? ¿O cuando el sistema de transporte público anda mal? ¿O cuando la delincuencia arrecia? ¿O cuando el paso por Aduanas se convierte en una pesadilla? ¿O cuando el cartero no trae la correspondencia? Aquí no es cosa de cambiarse de proveedor, porque en la mayor parte de los casos simplemente no hay otro.

Síntomas preocupantes:

El listado de cosas que no están funcionando bien en la administración pública es casi interminable. A modo de ejercicio, pongamos el acento solo en lo que ha sido noticia en el último mes: déficit de $2 mil millones en la Corporación de Asistencia Judicial, Transantiago llega a su menor nivel de uso y a su máxima tasa de evasión desde su creación, las vacunas obligatorias no alcanzaron la cobertura necesaria para proteger a la población en 2015, el Servicio de Aduanas sumido en una serie de conflictos internos que culminan con la salida de su director, renuncia de la Superintendenta de Pensiones por injerencias indebidas de autoridades políticas, inexistencia de oncólogos en la Región de Magallanes, escuelas y liceos que no terminaron de recuperar las clases perdidas por paro ilegal de profesores el año pasado, aumento en el uso y duración de las licencias médicas en el Poder Judicial, investigación por irregularidades en licitaciones de la Junaeb, 1,7 millones de personas en lista de espera para consultas no AUGE en el sector público.

Como se ve, la cantidad  y variedad de problemas es tal que sería un error pensar en cada uno de ellos de modo aislado. Todo indica que aquí estamos en presencia de síntomas de una enfermedad que se ha ido agravando con el tiempo y que tiene un carácter sistémico. Ni siquiera remedios de alto calibre como la Alta Dirección Pública han sido suficientes para hacer que la administración del Estado funcione mejor, prestando a los ciudadanos los servicios que ella está mandatada para entregar y por los cuales sus empleados son remunerados, sobra decirlo, con recursos de los propios contribuyentes.

Además, vale la pena recordar que esa remuneración no es baja. Los funcionarios públicos ganan casi un tercio más que la media nacional y son los mejor pagados después de quienes se desempeñan en las industrias financiera y minera. Eso, sin sumar siquiera las seguridades y beneficios con que cuentan, ni el uso –o más bien abuso– que hacen de días administrativos y de licencias. Y como si todo esto fuera poco, el número de empleados públicos llegó el año pasado a un récord de 16% del total de trabajadores asalariados del país.

Es cierto que no se puede generalizar, y que dentro del Estado existen excepciones honrosas, pero, sumando y restando, lo que se observa es una administración pública que presta un servicio de dudosa calidad, a un alto precio, y con grandes bolsones de ineficiencia.

Consecuencias peligrosas:

Que la administración pública funcione bien o mal no da lo mismo. Desde luego tiene implicancias en el crecimiento económico, pues todas las industrias, unas más y otras menos, deben interactuar con el Estado.

Pero, más profundamente, tiene fuertes y directas implicancias en la calidad de vida de las personas. Piénselo solo desde la perspectiva de usted como habitante de una ciudad. La experiencia diaria de trasladarse desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo está determinada por el buen o mal funcionamiento de la administración pública, que incide en la planificación urbana, en el sistema de transporte público, en las regulaciones para la circulación de vehículos particulares y hasta en la sincronización de semáforos. O la posibilidad de disfrutar de espacios públicos, como plazas y parques. O de respirar un aire limpio. Y ni qué hablar de la sensación de seguridad, dentro y fuera del hogar, que es determinante en la calidad de vida de las personas.

Más profundamente aun, el buen o mal funcionamiento de la administración del Estado es esencial para hacer real ese concepto un tanto abstracto de “lo público”, que es lo que genera identidad colectiva, sentido de pertenencia, inclusión social. Si la escuela pública, que es parte del aparato estatal, funciona mal, se desvaloriza el concepto de lo público. Y lo mismo ocurre con el consultorio, el hospital, el liceo, la ONEMI, Correos, Transantiago, la Universidad de Chile, Carabineros, y un largo etcétera.

Conecte esto último con algunas de las reformas que impulsa el Gobierno. Si, pese a la mayor inyección de recursos fiscales en la educación pública, la calidad no mejora –algo para nada descartable de acuerdo a lo aquí planteado–, lo público se desvalorizará aún más, pese a las buenas intenciones de inclusión social, y pese a las dicotomías ideológicas de Estado vs. mercado y de ciudadanos vs. consumidores que algunos promueven.

La mala política una vez más:

El foco de estas líneas es el funcionamiento de la administración pública; no el de la política, sobre el que se ha escrito profusamente en este tiempo. Sin embargo, a la hora de entender por qué la administración pública está funcionando mal, mirar la dinámica de la política nacional de los últimos años resulta ineludible.

Una buena administración pública debe reunir dos características esenciales: calidad de sus cuadros profesionales  y perspectiva de largo plazo. Guste o no, esas dos características estuvieron presentes en la época de la dictadura, precisamente porque ella se planteó una transformación social de largo alcance y porque convocó a un numeroso grupo de profesionales inspirados por esa visión. Lo mismo ocurrió durante las dos décadas de gobierno de la Concertación, por las mismas razones, aunque con un indudable debilitamiento hacia el final de ese período.

Desde entonces se han manifestado dos fenómenos que estaban ausentes en esas etapas previas. El primero de ellos es la alternancia de coalición gobernante, que ya ha significado dos veces la salida –voluntaria o forzada, incluyendo un alto porcentaje de personas designadas bajo el sistema de Alta Dirección Pública– de un enorme contingente de profesionales con experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas y en la gestión del aparato estatal. El segundo es la estrepitosa desvalorización de la política, que la ha puesto a merced de las presiones cortoplacistas de grupos de interés, incluyendo, desde luego, las asociaciones de funcionarios fiscales. ¿El resultado? Abrupta disminución de la calidad de los cuadros profesionales y pérdida de perspectiva de largo plazo.

La administración del Estado ha dejado de estar provista de su sentido de propósito más profundo, que no es otro que servir a la ciudadanía, realzando el valor de lo público. ¿Y cómo no, si quien está llamada a conducirla y hasta a inspirarla, la política, parece haberlo perdido también, más allá de lo que digan los discursos?

Al final, estamos en presencia de una administración pública que va quedando a la deriva, en un momento de la historia en que la dinámica de los cambios en el entorno exige de ella un nivel de agilidad y de capacidad de respuesta como la que jamás ha exhibido.

¿Qué se puede hacer?

La miopía del sistema político hace abrigar pocas esperanzas de que la tendencia pueda revertirse. Es obviamente más atractivo hablar del contenido de las reformas que de la implementación de las mismas, que pasa por el funcionamiento del aparato público. Meterse en esto es puro costo en el corto plazo, por lo que exige un enorme capital político y muchas agallas para hacerlo. Mientras tanto, los profesionales de calidad se van yendo, dejando su espacio a aquellos que están cómodos adentro.

¿Y entonces? La única alternativa está al interior de la propia administración pública, en la multiplicación de personas como el último Contralor General de la República o el actual Fiscal Nacional Económico, que se planteen visiones de largo plazo para las reparticiones que dirigen y tengan la destreza y la valentía necesarias para llevar adelante las transformaciones que se requieran, aunque en el camino tengan que pisar los callos de los poderosos, de adentro y de afuera, de un sector y del otro. Sin embargo, como todo es circular, volvemos a la política, porque para que personas como esas lleguen a cargos como esos, los políticos deben renunciar al clientelismo, las cuotas y los botines. ¿Será eso posible? Le dejo la pregunta.

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