Discreto y determinado, el juez José Castro, artífice de una investigación que sentará a la hermana del rey de España en el banquillo de los acusados, tiene una imagen de trabajador infatigable, aunque también ha sido blanco de duras críticas.

A sus 69 años, Castro es conocido por su lenguaje directo, que aplica por igual a los pequeños delincuentes que pasan por su juzgado de instrucción, en Palma de Mallorca, como a sus imputados más famosos.

Veterano de la judicatura, no dudó en aplicar su habitual ironía a su más ilustre imputada: la infanta Cristina, de 49 años, primer miembro de la familia real que se sentará en el banquillo de los acusados.

Habrían bastado unos folios, pero en enero dedicó 227 páginas a fundamentar sus sospechas de fraude fiscal y blanqueo, ironizando sobre la difícil justificación de algunas facturas atribuidas a la sociedad Aizoon, propiedad al 50% de la infanta y su esposo, Iñaki Urdangarin, de 46 años.

Castro sospecha que este último, exmedallista olímpico de balonmano, pudo haber desviado, junto a un exsocio, más de seis millones de euros de dinero público.

Aizoon podría haber servido de pantalla para desviar una parte de los fondos, que la infanta y su esposa habrían podido utilizar para pagar gastos personales, como “un curso de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar cuya conexión con las actividades de Aizoon (…) se antoja harto difícil”, había subrayado el juez.

Su minuciosidad para instruir este caso desde 2010, investigando hasta las más pequeñas facturas de aparcamiento, no sorprende a su entorno.

“Trabaja muchísimo, todo Palma lo sabe”, afirma su hijo, David Castro, de 39 años.

Humano y flemático 

Nacido en Córdoba, en el sur de España, el 20 de diciembre de 1945, José Castro se incorporó cuarenta años más tarde a los juzgados de Palma, donde en 1990 se hizo cargo del juzgado de instrucción número tres.  Allí se ganó el afecto de sus colaboradores, que subrayan su lado “humano” y flemático.

Aunque ya había instruido casos muy mediáticos en la isla en los años 1990, fue con el caso “Palma Arena” cuando su carrera cobró una envergadura nacional con un potencial explosivo.

Desde 2008, investiga la construcción de ese velódromo, cuya financiación estaría relacionada con casos de malversación.

Un sinfín de inculpados desfilaron por su despacho, incluidas personalidades como el expresidente regional de las Islas Baleares, el conservador Jaume Matas, o el famoso arquitecto Santiago Calatrava.

A partir de 2010, el juez decidió concentrarse en otra ramificación del caso: la gestión del Instituto Noos, una fundación sin ánimo de lucro que Iñaki Urdangarin presidió entre finales de 2003 y 2006.

Con su imputación en diciembre de 2011, este juez de aspecto sencillo, acostumbrado a vestir vaqueros y chaquetas de cuero, lanzó una primera bomba que sacudió la monarquía.

Reservado ante los periodistas, a los que saluda con una media sonrisa en sus idas y venidas al juzgado, donde suele llegar en moto, se muestra más abierto con las personas que le expresan su apoyo por la calle.

“Es un hombre muy discreto”, explica su hijo David. “¿Discreto?”, lanza el defensor de uno de sus imputados más famosos. “Es un ‘hombre espectáculo’: el tono que utiliza y la ironía, vamos, quiere que se lean sus autos y hacer que tengan repercusión”, agrega este abogado, que prefiere mantener el anonimato.

Con la imputación de la infanta Cristina, el magistrado también se granjeó las críticas públicas del fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, con el que trabajaba hasta entonces en estrecha colaboración.

Integridad profesional o ansias de notoriedad, José Castro llevó adelante contra viento y marea una instrucción explosiva que ahora termina con una decisión sin precedentes para la monarquía española. (AFP)