Nunca olvidaré aquel día de 2003 cuando me encontraba en Cajamarca, una hermosa ciudad enclavada en la cordillera de los Andes colombianos, observando los rostros cansados de familias que habían sido desplazadas a la fuerza de sus tierras debido a un conflicto. Lo que antes solo había conocido a través de imágenes y tablas, se me presentaba ahora con forma humana.

En aquel momento tuvo lugar el asesinato de un líder comunitario que se resistía a vender sus tierras, mientras que en toda Cajamarca grupos armados ilegales desplazaban de manera forzosa a regiones rurales enteras.

Como funcionaria del municipio de Cajamarca responsable de temas de tierras, me di cuenta de la importancia del trabajo que me esperaba y me dediqué a ayudar a las familias desplazadas a regresar a sus tierras.

Es que en las últimas cinco décadas Colombia vivió un conflicto interno que impactó de manera dramática en la vida de sus áreas rurales, resultando en un desplazamiento masivo de alrededor de seis millones de personas.

La falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la escasez de registros catastrales en áreas rurales, especialmente de aquellos impactados por el conflicto, afecta a un 60 por ciento de todas las propiedades rurales.

Asistencia humanitaria a desplazados en Colombia. Colombia es el segundo país con mayor cantidad de desplazados internos en el mundo, cerca de 5,3 millones de personas han sido desplazadas a causa del conflicto armado interno. Wikipedia Commons. Imagen dominio público, 2007.

Vidas distorsionadas

El conflicto en Colombia distorsionó las vidas de muchas personas que se vieron desplazadas de sus tierras por la violencia, perturbando el flujo económico dentro del país y desalentando muchas inversiones.

La dimensión de este desplazamiento forzado es uno de los problemas humanitarios y sociales más serios de Colombia, tan serio de hecho que la Corte Constitucional del país declaró al desplazamiento forzado como una emergencia social y una tragedia nacional.

En nuestro caso, las facciones en pugna utilizaron el desplazamiento forzado en contra de la población como estrategia para avances territoriales. Esta estrategia fue especialmente efectiva contra los minifundistas desprotegidos, volviéndolos blancos fáciles de amenazas por parte de grupos armados ilegales.

El proyecto

Claramente, uno de mis primeros pasos, una vez que el combate cesara, debía ser el de comprender qué tierras pertenecían a quién y comenzar a establecer los cimientos para un sólido proceso de restitución de tierras. Para lograr esto, mi equipo en el municipio dio inicio al Proyecto para la Protección de Bienes Patrimoniales de Personas Desplazadas Internamente, apoyado por el Fondo Estatal para la Consolidación de la Paz, gestionado por el Banco Mundial.

El proyecto se diseñó e implementó mediante un enfoque participativo e inclusivo, ayudando en la formación de fuertes alianzas entre autoridades nacionales y locales más comunidades afectadas de una manera que reflejase la diversidad étnica y cultural del país.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos fue la falta y la obsolescencia de los registros catastrales y públicos, pero esto se volvió algo positivo dado que obligó a mi equipo a generar formas innovadoras de recopilación de datos sobre tenencia de la tierra.

Mapeo social

Una de dichas innovaciones fue el desarrollo de una técnica de mapeo social para mostrar las ubicaciones de los reasentamientos por municipio. Utilizando cartografía oficial o imágenes aéreas, los vecinos pudieron identificar la ubicación de sus propiedades.

Este enfoque les permitió a los afectados ejercitar el control social sobre la legitimidad de los reclamos de tierras debido a que ninguna persona podía declararse unilateralmente como propietaria de una parcela.

Dado que el proyecto fue implementado por municipio, fuimos capaces de influir en la política de restitución de tierras públicas. Las metodologías y procedimientos desarrollados por el proyecto fueron incorporados en un Decreto del Plan Nacional para la Asistencia de Personas Desplazadas, declarando obligatoria la aplicación de nuevas medidas de protección de tierras.

Ocho años luego de comenzado el proyecto, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se promulgó en 2011, un objetivo que parecía inalcanzable en un principio. Puesto en cifras, esto significa que en los 300 municipios cubiertos por el proyecto se protegieron los derechos de más de 173.000 personas en aproximadamente 4,7 millones de hectáreas de tierras.

Las lecciones

La restitución requiere de un proceso legalmente sólido y efectivo; asimismo, las comunidades deberían recibir ayuda en el uso productivo de las tierras retornadas. Éstas son apenas algunas de las lecciones entre muchas que aprendimos de este proyecto.

Otras lecciones cruciales incluyen la importancia de una comunicación constante entre políticos y comunidades para generar un consenso y el establecimiento de procesos legales sólidos que tomen en cuenta a las poblaciones vulnerables.

Por último, nosotros como profesionales del desarrollo deberíamos ser conscientes que siempre pueden llegar a identificarse enfoques innovadores y efectivos, pero los programas y medidas solo serán efectivos si mejoran las vidas de las personas. Siempre deberíamos tener esto en cuenta.