Por: Alvaro Villanueva MD.

No hay duda de que en Colombia los hospitales públicos constituyen una gran ayuda para las clases necesitada. Estos, desde la antigüedad, han jugado un papel muy importante, basados en la caridad, amor, y dedicación, de quienes los atienden ánimo de lucro, no existiendo en ellos diferencias en la atención de pobres y ricos.

En sus comienzos fueron las guerras las que impulsaron su desarrollo, en la atención de urgencias, cirugía, traumatología y en general todos los servicios médicos. Con esa motivación, se descubrió la penicilina, las sulfas, y de la lucha contra las enfermedades infecciosas, apareció la infectología, la salud pública, la epidemiología y en general, todas las ramas de la medicina, crecieron por la necesidad de atención de miles de personas afectadas, no solo por la violencia de las guerras, si no la necesidad del control de grandes epidemias.

Los hospitales, son determinantes en el funcionamiento de las sociedades, y están directamente relacionados, con su crecimiento y desarrollo. Las diferencias sociales, económicas y políticas, fueron desmejorando la atención entre pobres y ricos, muy a pesar de que el sentimiento y deseo de la mayoría, de que la atención hospitalaria de los necesitados, sea oportuna, eficiente y humana.

Esta lucha en Colombia, desde el punto de vista legal, coloca nuestro país como uno de los más solidarios con la salud de sus habitantes. Aun cuando la evidencia muestra que no es así, y cada vez se aumenta la brecha del tipo de atención, que se suponía ideal, hasta cuando los grandes consorcios comerciales, las grandes compañías, hoy llamadas EPS, aseguradoras e IPS, se volvieron establecimientos comerciales, con ánimo de lucro, con la utilización de toda clase de maniobras para quedarse con los presupuestos de la salud.

Allí llegaron no solo los comerciantes, también los políticos, los grupos armados, y todo aquel que piensa en conseguir dinero fácil y rápido. En medio de gobiernos con altos niveles de corrupción, el impacto sobre la vida de muchas personas, se estableció un sistema de salud, que brilla por los malos manejos de sus recursos, y el reparto entre sus participantes, algunas veces con participación de acciones fraudulentas de los mismos trabajadores de la salud.

Para esto no se necesitan profesionales bien formados, si no que les cumplan, y ayuden a robar, con formulaciones obligadas, solicitud de exámenes y procedimientos injustificados, obligándolos muchas veces a delinquir. Algunos de estos trabajadores han sido los grandes beneficiados, al unirse a un sistema criminal, pero la mayoría conserva sus principios de honestidad y caridad en el manejo de los pacientes.

En medio de este panorama, las peores repercusiones las han sufrido la red hospitalaria. Sus administraciones, han sido en muchos casos, instituciones llevadas a los más altos niveles de corrupción, pero en los casos de una actitud seria y honesta, han sido abandonados por los gobiernos, que han dejado perder sus recursos en manos de las ya mencionadas empresas, hechas dentro de la legalidad, para acabar con los recursos de la salud, e impedir la atención de una gran cantidad de gente cada día más pobre y necesitada.

Si la medicina ha traído increíble progreso, muchas personas no pueden gozar de sus avances, mayormente por la limitación al acceso, y otras por ignorancia de sus derechos, o de no tener una cultura en salud, que cada vez se ve atropellada con falsas tendencias y ofertas, permitidas por el Estado que engañan cada vez más al enfermo que no encuentra la atención buscada. Si, somos culpables, como parte de ese Estado corrupto, que permite el crecimiento de las actividades delictivas que se distinguen aun ante el más indiferente de sus ciudadanos.

Al menos 1.000 hospitales públicos se encuentran en amenaza de quiebra, según un informe de la Contraloría General, un 57,7% de los hospitales públicos del país se encuentran en niveles de riesgo y, por tanto, están obligados a implementar programas de saneamiento fiscal y financiero, para alejarse de una quiebra segura. Será que el Ministro de salud, un economista estrella ha perdido la batalla a pesar de ser un reconocido economista.

Los grandes problemas en el flujo de recursos de los hospitales públicos se vienen dando, por que las EPS siguen sin cumplir con la normatividad vigente, que establece que el giro de los recursos por capitación debe hacerse anticipadamente dentro de los primeros 10 días de cada mes. Tampoco se cumple, que una vez presentada la factura, la EPS debe girar por lo menos el 50% de los recursos dentro de los 5 días posteriores a su presentación.

Existen EPS en liquidación que están insolventes y no pueden cancelar la totalidad de las deudas con los hospitales, afrontando una crisis económica muy grave, que los lleva a no pagar a su empleados, médicos y enfermeras, lo mismo que a evitar cancelar las cuentas de servicios públicos, acudiendo incluso a tutelas para que no les corten la luz y el agua por ser entidades prestadoras del servicio de salud.

Los hospitales públicos no están prestando de manera oportuna los servicios de salud y tienen problemas de flujo de recursos, toda vez que la administración de las deudas de las EPS con la red hospitalaria es todavía ineficiente y les ha generado problemas de liquidez. Todo esto se corrobora en el informe de la Contraloría. Por otra parte, el gobierno dice que no puede asumir la deuda, y acude a colocar mas impuestos para que se los sigan robando a los contribuyentes.

Las Empresas Sociales del Estado (ESE) dependen principalmente de los servicios que prestan, es decir, de lo que facturan, las estampillas y otros recursos, ahora suspendidos por el pensamiento mezquino de sus contribuyentes, Mientras mas hospitales públicos se cierren, los privados se abren, con empeoramiento en la educación médica, y la investigación científica. Al respecto la Contraloría General de la Nación ha observado dificultades en el flujo de los recursos.

Por otra parte, de un total de recursos, estimados en $36 billones, se han observado riesgos en la gestión, tales como la administración en las base de datos de afiliados al sistema, donde se ha confirmado,  la existencia de 155.000 registros, que representan $61.800 millones de pesos entre duplicados, multiafiliados y fallecidos. Adicionalmente se ha establecido que cerca de 2 billones de pesos de los recursos de salud pública, dejan de ser efectivos, es decir, que las metas y las acciones relacionadas con la prevención primaria no generan impacto en la población objetivo.

En el año 2015, la Contraloría General de la República vigilará $1.4 Billones de los recursos de Salud transferidos por el Sistema General de Participaciones, que se dedican a los componentes de Salud Pública, y a la atención de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, mientras que en el año 2014 se auditaron $ 112.406 millones, lo que significa un incremento superior al 1000%.

Se equivoca el Contralor, confiando en que la prestación del Servicio de Salud a todos los colombianos se mejore con la implementación de la Ley Estatutaria No. 1751 del 17 de febrero de 2015, por la medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud. La verdadera reforma de la salud presentada por el gobierno, fue archivada por ser peor, y la presentada por los gremios, contribuyentes y usuarios no ha sido ni siquiera considerada.

En la Costa Atlántica en reciente reunión del denominado ‘Bloque común por los hospitales públicos de la Costa Caribe’ se denunció, que la suma de la cartera actual del Hospital Universitario Cari y Hospital Niño Jesús de Barranquilla, Hospital San Jerónimo de Montería, Hospital Universitario del Caribe, Hospital Universitario de Sincelejo y Hospital Fernando Troconis, asciende a $324 mil millones de pesos con corte a 30 junio de 2015, que los tiene al borde del cierre de servicios.

La Federación Nacional de Departamentos, planteó   la urgencia de buscar nuevas fuentes de financiación para hospitales y clínicas públicas, especialmente para pagar las deudas que actualmente agobian a los hospitales y clínicas de tercer nivel del orden departamental. No debería preocuparse la Federación, junto con la Supersalud, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del pueblo y otras instituciones relacionadas, para que se establezca un mejor sistema de cumplimiento a lo establecido por la Constitución, salud para todos?

Recursos, si hay, el manejo es desastroso, quién podrá salvarnos?