Por: César Lorduy. 

La situación que hemos vivido en la Región Caribe, y que lamentablemente seguiremos viviendo por culpa de apagones locales e interrupciones del servicio de energía eléctrica, que aumentan cuando las condiciones climáticas cambian, nos han mostrado no solo a una empresa como Electricaribe con grandes problemas financieros para resolverlos, sino otras dificultades relacionadas con este servicio público y que son más graves que las que hoy padecemos.

Nos han mostrado que la Región Caribe tiene un rezago histórico en inversiones relacionadas con la infraestructura eléctrica –subestaciones, transformadores, compensadores, postería, en el Sistema Nacional y Regional de Transmisión, así como en la renovación y refuerzo de las redes de distribución– que pesan y le impiden a Electricaribe, o a cualquier otra empresa que la reemplace o sustituya, prestar un servicio confiable.

Amylkar Acosta, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, dice que la demanda de energía en el Caribe (11%) crece por encima del promedio nacional (4,2%), pero el rezago en las inversiones eléctricas le generan una alta vulnerabilidad al sistema y le restan competitividad a la región.

Para tratar de superar en parte el rezago en las inversiones sectoriales, el ministro de Minas, Tomás González, propone una serie de proyectos (14 en total) que solo terminarán de ejecutarse en septiembre de 2018, para lo cual hay que apuntarle a que los contratistas ganadores ejecuten las obras en el tiempo pactado y que, en especial, los ‘francotiradores ambientales’ permitan que se otorguen los permisos y las licencias que algunas obras requieren.

La experiencia indica que muchas son las razones por las que los contratistas no cumplen los cronogramas pactados, y los trámites de permisos ambientales, consultas previas e incluso servidumbres se toman más tiempo que el contemplado por los evaluadores de proyectos. Por ello, todo indica que las obras que resuelven el gran problema de confiablidad en el sistema eléctrico costeño podrían durar más allá de 2018.

Por lo anterior, es necesario que los 14 proyectos programados por el Ministerio de Minas destinados a mejorar el servicio de energía regional (4 en Atlántico, 4 en Bolívar, 2 en Córdoba, 2 en Cesar, uno en La Guajira y otro en Magdalena) sean empaquetados en uno solo, con director único.

Además, este plan de inversiones debe considerarse de Interés Estratégico Nacional (Pines). ¿Por qué razón? Según el Plan de Desarrollo del segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, los proyectos de utilidad pública e interés social reciben esta categoría. Eso significa que una vez obtenida tal calificación todos los permisos ambientales o de otra naturaleza se flexibilizarían y se obtendrían de manera más rápida y oportuna.

Un empaquetamiento de los 14 proyectos con la categoría de Interés Estratégico Nacional puede lograr que las obras programadas se hagan en tiempo menor al que hasta ahora se ha mencionado y evitaría que la demanda actual no sea atendida de manera adecuada –y menos la futura– por culpa de los altos niveles de contingencia y la baja confiabilidad que tiene el actual sistema de suministro de energía de la Costa.