Por: Francisco Manrique.

En días pasados estuve reunido en Washington D.C. con el Dr. Juan Ricardo Ortega, ex director de la DIAN, y quien hoy está coordinando para el BID un programa especial para Guatemala, Salvador y Honduras .

Estos tres paises tienen un tema en común: la situación de corrupción, violencia y debilidad institucional. Este Triángulo del Norte, como se le conoce en Washington, es la región más violenta del mundo, con tasas superiores a 40 muertes por cada 100.000 habitantes. Como para tener una comparación relativa de estas cifras, Colombia está en una tasa de 30 y México de 25.

En el caso Guatemala, por solicitud de este país, desde septiembre del 2007, se han desarrollado una serie de intervenciones con ayuda de las Naciones Unidas, que dieron origen a la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG). Lo interesante de este caso, es que esta solicitud sucedió once años después de haberse firmado los Acuerdos de Paz, porque el Estado reconoció que necesitaba ayuda. Se requería fortalecer las instituciones para poder combatir las redes criminales, que venían afectando significativamente su gobernabilidad.

Estas redes tuvieron su origen, en el aparato militar de los bandos en conflicto, durante la lucha armada que azotó a ese país por 36 años. Al no desarticular sus estructuras, y fortalecerse el Estado, especialmente en materia de seguridad y justicia, su evolución terminó minando la capacidad institucional para combatir el crimen organizado y la corrupción rampante, con unos índices de impunidad alarmantes superiores al 98% !!!. La credibilidad en el Estado se fue al piso.

El caso de Guatemala, es particularmente interesante, porque la iniciativa de solicitar ayuda a la ONU, se produce años después de haber firmado el Acuerdo de Paz. Una década más tarde, se reconocen los graves errores que se cometieron, que estaban comprometiendo la gobernabilidad y el estado de derecho de ese país centroamericano. Esto llevó a la ONU a aceptar realizar un experimento  único que ya cumple 9 años de operación. Ahora se está tratando de implementarlo en los otros dos países centroamericanos.

En un informe reciente de WOLA -organización que promueve el avance de los derechos humanos en las Américas- sobre la experiencia de la CICIG,  se hace una evaluación muy minuciosa de los logros alcanzados con esta iniciativa en ese país. Y también, son muy valiosas sus consideraciones en relación a lo que motivó este experimento que ya cumple varios años. Veamos.

Ha sido un común denominador en los Estados que han pasado por una situación de conflicto a post conflicto, que esta situación haya sido causada por una institucionalidad muy débil o fallida en materia de seguridad y justicia. Esta debilidad se ve reflejada porque han sido desbordadas sus instituciones por los efectos de muchos años de violencia y corrupción, donde la delincuencia organizada ha tenido una alta  influencia, muchas veces disfrazada con un ropaje político.

Como lo demuestra el análisis del caso de Guatemala, en este tipo de situaciones  es notable la falta de capacidad y de voluntad política para cambiar el status quo, lo cual se ve reflejado en la inseguridad y la falta de justicia. En este entorno, la solución sangrienta de las diferencias entre los ciudadanos, es la norma y no la excepción. El resultado es el uso sistemático de la violencia en lugar de recurrir a los instrumentos legales de la sociedad.

El ejemplo de Guatemala, Salvador y Honduras, deja una lección bien preocupante. Después de décadas de un conflicto fratricida que dejó cientos de miles de victimas, se tuvo un efecto colateral muy grave, afectando especialmente a niños y a jóvenes. Después de dos décadas de firmada la paz, los niveles de violencia son hoy mayores. El Salvador está copado por las bandas criminales. Guatemala tuvo que recurrir a la ONU para tratar de frenar el problema criminal y de corrupción.

Estas sociedades centroamericanas se quedaron sin un sistema inmunológico incapaz de contrarrestar el deterioro institucional que se produjo después de años de conflicto interno. Después de firmada la paz, las razones ideológicas desaparecieron, pero aún persisten las causas estructurales subyacentes de pobreza y desigualdad. Es como si al cuerpo se le acabarán los glóbulos blancos y la sociedad queda al garete en manos de la criminalidad.

Hay que entender que, al recurrir a la ONU, el objetivo perseguido por el Gobierno de Guatemala, fue el de tener un mecanismo efectivo, insertado dentro de la institucionalidad legal nacional, para ayudar a la investigación y desarticulación de los cuerpos ilegales que proliferaron después de la firma de la paz en 1996. Como pasó en Colombia con los paramilitares, muchos de los grupos armados, mutaron su forma de operar y no fueron desmantelados. En el proceso, le han causado un inmenso mal a la sociedad.

Vale la pena citar textualmente un aparte del informe de WOLA sobre los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas en Guatemala: “estos grupos fuera de la ley se adoptaron y convirtieron en un fenómeno criminal mucho más sofisticado y complejo, cooptando las instituciones democráticas para reconfigurar el poder desde dentro del estado”. Este párrafo se podría aplicar a Colombia sin quitarle una letra.

Y en cuanto la la configuración de grupos ilegales, el informe menciona que muchos de ellos contaron con el apoyo de entes del Estado: ” la transmutación de estructuras de inteligencia y seguridad oficiales, o cuasi-oficiales, en redes criminales es un fenómeno complejo y poco estudiado. Ante la falta de control, estas estructuras hacen uso de sus conexiones políticas, militares y de inteligencia, y de la corrupción y la violencia para manipular el sistema”. ¿Recuerda el lector la infiltración del DAS por paramilitares en épocas de Uribe?

A nivel de ilustración vale la pena mencionar que el diseño de la CICIG , se hizo para fortalecer las instituciones estatales. Se le autorizó a ejercer acciones penales, proponer cambios en las políticas públicas para combatir a los grupos criminales y la corrupción, y promover acciones disciplinarias contra funcionarios públicos que no colaboren u obstaculicen una investigación. Todo lo anterior bajo la legislación y el sistema de justicia de Guatemala. Lo sui generis de esta fórmula: un organismo internacional de investigación y persecución penal que opera en un ámbito local determinado.

Como resultados concretos después de nueve años, el mandato de la Comisión ha sido renovado tres veces. Como consecuencia de su intervención, un ex Presidente, varios jueces y políticos corruptos, han sido condenados. A los intocables se les acabó la impunidad. Su éxito ha permitido que se quiera repetir la fórmula en el Salvador y Honduras. Pero lo más importante, las instituciones del Estado están recuperando su legitimidad, ya que la Comisión  cuenta con un amplio apoyo de la sociedad civil que se hastió con el status quo de corrupción imperante.

Ahora bien, vale la pena hacer unas reflexiones de la pertinencia del caso guatemalteco para Colombia. Algunas personas podrían afirmar que somos distintos porque en nuestro caso la institucionalidad formal si existe. Para respaldar esta afirmación se pueden aducir que cuarenta congresistas, y más de cien personas, entre alcaldes y gobernadores, han terminado en la cárcel por haberles comprobado a actos de corrupción o complicidad para delinquir de la mano de paramilitares.. Este tema fue particularmente agudo en los ocho años de Uribe.

Con estos ejemplos, se  podría soportar la afirmación de que en Colombia la Justicia cojea, pero al final llega. Pero la verdad cruda, es que no contamos con una institucionalidad fuerte, particularmente en las regiones que han sido más afectadas por la violencia. En ellas ha sido notable la ausencia de seguridad y de justicia, para no mencionar la salud, la educación y la infraestructura vial, porque no ha habido presencia del Estado.

La inmensa tarea que se va a derivar de los acuerdos de la Habana, donde hay una deuda histórica en el caso del agro colombiano, y con las regiones más apartadas del país, va implicar una voluntad política y una capacidad institucional sobresaliente, que hoy no tenemos. En materia de seguridad, el paro armado de principios del año, impuesto en siete departamentos por una banda criminal, es un pésimo presagio de lo que se puede seguir escalando después de firmado un pacto en la Habana.

Como se mencionó anteriormente, nuestro país tiene un nivel  de homicidios muy alto (30/ 100.000 ha) y niveles de impunidad igualmente impresionantes. De esta forma, la sociedad se ve afectada por un círculo negativo “que hace endémico el conflicto”,  cuyas características mutan, pero sin que se pueda conseguir una verdadera paz, entendida como la convivencia productiva entre sus miembros.

Ahora bien, en materia de corrupción, no me tiembla el pulso en afirmar que este es un mal que se ha extendido como un cáncer y que hoy carcome la credibilidad de la sociedad en las instituciones. No me detengo a citar los ejemplos ya que estos son el pan de cada día en los medios de comunicación. Los escándalos han llegado hasta la misma Corte Constitucional. Y cuando eso sucede, en medio de un proceso como el de las FARC, el caso de Guatemala es una alarma disparada que nos debería de movilizar a todos.

La experiencia de Guatemala es extremadamente pertinente en momentos donde se están definiendo las condiciones para un post conflicto en Colombia. Después de sesenta años de violencia,  tenemos instituciones muy débiles, cuando hoy ya tenemos muchos de los mismos síntomas que se evidenciaron en Centroamérica, después de años de haberse firmado la paz

Si alguna lección saqué yo del ejemplo de Guatemala, es la siguiente: si la tarea se deja a medio hacer, como sucedió en esos países centroamericanos, la tragedia posterior se puede repetir en nuestro medio y a una escala mucho mayor.  Y lo que es peor, tenemos elementos mucho más perturbadores como la droga, que alimentan aún más el potencial del problema.

El proceso de paz actual ha demostrado, una y otra vez, que los supuestos de Santos al iniciarlo, en términos de tiempo y condiciones, no se han cumplido. En el caso del post conflicto, donde poco se ha hecho fuera de preparar la normatividad, podemos esperar muchas sorpresas.

El diablo está en los detalles, y para nuestro caso, no son solamente las leyes, sino las personas y las instituciones responsables de hacerlas cumplir, las piezas que son fundamentales.. Aquí está el talón de Aquiles del proceso colombiano, y el caso de Guatemala nos muestra el futuro que nos espera si no hacemos algo al respecto.

Ante el panorama descrito, y el alto nivel de vulnerabilidad de nuestra sociedad, vale la pena preguntarse la conveniencia de pensar en mecanismos como el de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para el post conflicto colombiano. Se podría aprovechar este mecanismo, que ya cumple nueve años, y que ha sido un ejemplo extremadamente exitoso de cooperación internacional para el fortalecimiento del Estado de derecho, auspiciado por las Naciones Unidas.

Santos ha salido a pedir ayuda internacional. ¿Porqué no innovar y pensar en algo similar a la ayuda de la ONU en Guatemala, aprovechando las lecciones aprendidas en ese pais?. ¿Porqué esperar diez años o más, para reconocer que lo habríamos podido hacer mucho mejor como le pasó a Guatemala?