Durante la rendición de cuentas nacional de la Unidad para las Víctimas, se conoció que el gobierno nacional ha invertido alrededor de 20 billones de pesos en la atención, asistencia y reparación de 515.648 personas que sufrieron los horrores del conflicto armado interno.

Imagen tomada de www.dps.gov.co

Algo más de 20 billones de pesos se han destinado a la política de reparación para las víctimas del conflicto armado, de los que aproximadamente nueve billones corresponden al año 2015. Así lo indicó Iris Marín Ortiz, directora general (e) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, durante la rendición de cuentas nacional de la entidad, que tuvo lugar este lunes en los estudios de RTVC en Bogotá.

“Más allá del reconocimiento a las víctimas, que no existía antes, el Estado se comprometió con su reparación. Hoy somos el país del mundo que más víctimas ha reparado, como lo reconoció la Universidad de Harvard en un estudio comparativo que realizó meses atrás”, aseguró Marín Ortiz.

En cuatro años de ejecución presupuestal, la Unidad para las Víctimas ha ejecutado más del 90% de los recursos apropiados, contando con un aumento progresivo en el monto destinado a proyectos de inversión, agregó Luis Alberto Donoso, secretario general de la Unidad.

La rendición de cuentas transcurrió “en clave de ruta”, por lo que se mencionaron aspectos como el Registro Único de Víctimas, la atención y asistencia humanitaria, la reparación integral, la coordinación con otras instituciones del Estado, la participación de las víctimas y cómo poner en marcha las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación teniendo en cuenta un enfoque de derechos, transformador y diferencial. A continuación, la Unidad para las Víctimas presenta un resumen de los principales aspectos analizados durante la rendición de cuentas.

El Registro Único de Víctimas, la puerta a la reparación

Según el Registro Único de Víctimas, para el 1 de noviembre de este año, existen 7.758.935 víctimas registradas. De ellas, un total de 5.932.213 son sujetos de atención. Esto se explica porque, tras una depuración y análisis de dicho registro oficial, se observa que hay algunas víctimas que fallecieron (por motivos relacionados o no con el conflicto), se encuentran desaparecidas o no necesitan ya la atención de la Unidad. “Se reconocen a esos más de siete millones de víctimas históricas, como un elemento de memoria histórica, pero atendiendo a las características y necesidades, son sujeto de atención alrededor de 5,9 millones”, expuso Iris Marín.

En el marco de la Ley 1448 de 2011, a partir del año 2012 y con corte al 30 de septiembre de 2015, la Unidad para las Víctimas había recibido un total de 1.205.523 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 1.202.213 llegaron desde las entidades que conforman el Ministerio Público y 3.310 de connacionales a través de los consulados de Colombia en el exterior.

Por su parte, Gladys Celeide Prada, directora de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, resaltó que “en 2012, cuando empezó a funcionar la Unidad, el promedio de solicitudes era de 18.185 al mes. Este año ha sido de 36.470 al mes. Es decir, se dobló el número, lo que demuestra que la gente conoce cada vez más la ley, que está confiando en el Estado para contarle qué le ocurrió en el marco del conflicto y que confía en las medidas que se le brindan”.

Los hechos más declarados por las víctimas son: desplazamiento forzado, con 6.542.555 víctimas registradas; homicidio, con 960.087 (de las que 262.980 son directas y 697.107 son indirectas) y amenaza, con 275.735.

La Unidad para las Víctimas, primer agente humanitario del país

Ante el desafío que supone reparar en medio del conflicto armado, Iris Marín recordó que esta fue una “decisión política del gobierno del Presidente Santos”, en el entendido de que “no podíamos permitirnos esperar más para hacernos cargo de las víctimas”. Tras hacer un repaso por los mecanismos de prevención de emergencias en los que participa la Unidad, se resaltó que esta se ha convertido en el primer agente humanitario del país.

“Durante este gobierno, se han invertido 51 mil millones en ayuda humanitaria para 44.887 familias víctimas de hechos diferentes al desplazamiento. Concretamente, en el 2015, la Unidad ha invertido 10.252 millones para 8.402 familias”, explicó la directora (e) de la Unidad. “En cuanto a víctimas de desplazamiento forzado, se han invertido más de 2,9 billones de pesos en atención humanitaria, que corresponden a más de 3,9 millones de solicitudes. Durante este año, se han girado 706.592 solicitudes, con una inversión de 368 mil millones”, añadió.

Ramón Rodríguez, director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para las Víctimas, destacó la existencia del nuevo modelo de atención humanitaria, que fue reglamentado primero por el decreto 2569 de 2014 (hoy 1084 de 2015) y que tiene como finalidad establecer si los hogares víctimas de desplazamiento cuentan con carencias en los componentes de la subsistencia mínima (alojamiento temporal, alimentación, salud) y, a partir de ahí, definir la entrega de atención humanitaria de emergencia o transición o la no entrega de esta atención, si la persona ya no la necesita.

“Se tienen en cuenta la conformación actual del hogar, el acceso a fuentes de generación de ingresos y programas de generación de ingresos, las posibles carencias identificadas en el hogar y el tiempo transcurrido desde el desplazamiento. Es decir, se hace un análisis mucho más completo y cercano a la realidad del hogar”, apuntó Rodríguez.

Reparación individual y colectiva, con enfoque de derechos y transformadora

De acuerdo con María Eugenia Morales, directora de Reparaciones de la Unidad para las Víctimas, los afectados por el conflicto armado tienen derecho “a ser reparados de manera adecuada por el daño sufrido y, por eso, la reparación integral también presta atención a lo moral, lo simbólico y lo material”.

No obstante, uno de los aspectos más conocidos es la indemnización administrativa. En los cuatro años de implementación de la ley, se han indemnizado 515.648 víctimas (33.249 durante este año), con una inversión total de 3,18 billones de pesos. En este apartado, se especificó que desde 2013, la Unidad inició el pago a la población víctima de desplazamiento forzado y, a la fecha, 88.429 víctimas han recibido cerca de 350.209 millones. En lo corrido de este año, la inversión alcanza los 84.408 millones para 22.413 víctimas de desplazamiento.

“Contamos además con un programa de acompañamiento, para la inversión adecuada de los recursos que las víctimas reciben a título de indemnización. Desde 2012, ya son 220.406 las víctimas que manifestaron su interés en recibir este acompañamiento, principalmente en compra o mejora de vivienda y proyectos productivos”, aclaró Iris Marín.

María Eugenia Morales completó este apartado con información relacionada con la entrega de cartas de dignificación a 54.868 víctimas “en las que se reconoce los daños que han sufrido y la voluntad del Estado de repararlos”; la realización de 104 actos simbólicos entre enero y septiembre de 2015; y los planes de acompañamiento a las familias que desean retornar o reubicarse, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, incluidos los casos desde el exterior.

“En cuanto a las medidas de rehabilitación, se han atendido desde el 2012 a 63.596 víctimas mediante la Estrategia de Recuperación Emocional a nivel grupal, en la que el 77% de las personas atendidas son mujeres. En 2015, hicimos presencia en 28 departamentos del país con esta estrategia”, señaló Morales.

Sobre la reparación colectiva, se tiene que 303 sujetos colectivos se encuentran en diferentes fases de la ruta de reparación. De estos, 153 son sujetos étnicos, 17 son organizaciones, 3 grupos y 130 sujetos de comunidades no étnicas.

Según la directora de reparaciones, “contamos con 77 planes de reparación colectiva aprobados desde el año 2012. De estos planes, cinco son de organizaciones de mujeres (Afromupaz, OFP, ANMUCIC Nacional, ANMUCIC el Zulia y Narrar para Vivir) y dos casos de incidencia nacional (REDEPAZ e IPC). Los demás corresponden a comunidades campesinas”.

El enfoque étnico como elemento transversal

Julia Inés Madariaga, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas, detalló la labor que se adelanta con las víctimas que se auto-reconocen como negras o afrocolombianas (678.650 personas registradas), indígenas (162.182), gitanas (29.170), raizales (9.511) y palenqueras (834). Este trabajo “implica una presencia progresiva del Estado en la construcción conjunta de nuevos acuerdos sociales y, al mismo tiempo, en la voluntad activa de mitigar los daños diferenciales de los pueblos étnicos”, afirmó Madariaga.

Si bien no se excluye la atención individual, se resaltó el marcado carácter colectivo de esta población. De hecho, de los 153 sujetos de reparación colectiva étnicos, 24 comunidades se encuentran oficinalmente con consulta previa instalada y 58 están en fase de alistamiento. “En 2015, hemos trabajado elementos como el protocolo de participación para pueblos indígenas de Chocó (Resolución 0812 de 2015) o para el pueblo Rrom (Resolución 0680 de 2015)”, explicó Madariaga, entre otros avances.

La política pública para víctimas, un asunto de todos

La creación de todo un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dejó claro que la política pública dirigida a los afectados por el conflicto involucra a múltiples organismos del Estado, a los que la Unidad para las Víctimas coordina, según lo establecido por la Ley 1448 de 2011.

Alba Helena García Polanco, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad, repasó varios mecanismos empleados para brindar una mejor atención a las víctimas, como los convenios de cofinanciación o el funcionamiento de al menos 15 centros regionales (como el que se abrió al público el pasado sábado en Soledad, Atlántico).

Además, a través del banco de proyectos, “este año hemos asignado recursos a seis proyectos de 17 municipios en seis departamentos, por un valor total de 4.413 millones, de los que la Unidad aporta 3.214 millones. Y siguen en ejecución 22 proyectos de inversión cofinanciados”, aseguró García Polanco.

“Desde 2013, se han cofinanciado 29 proyectos en 170 municipios de 20 departamentos, con una inversión que supera los 62.000 millones, beneficiando a 60.410 víctimas. La Unidad aportó el 65% de los recursos y las entidades territoriales, el resto. Estos proyectos suelen ser de tipo productivo y redundan en el beneficio de toda la comunidad”, apuntó Marín Ortiz.

Uno de los aspectos más destacados en este bloque de la rendición estuvo relacionado con los gobiernos de los nuevos mandatarios que asumirán su cargo a partir del 1 de enero de 2016. “Hemos brindado 80 jornadas de asistencia técnica a las entidades territoriales. Se trata de voluntad política. A menudo, los municipios no cuentan con grandes recursos, pero sí pueden saber cómo gestionar los que reciben y generar nuevas fuentes de financiación”, opinó García. “Es importantísimo mantener los avances logrados con los entes territoriales y mejorar allá donde haga falta. En eso llevamos trabajando todo el año y continuaremos en 2016, con los planes de gobierno de esos nuevos mandatarios”, concluyó Marín.

Reconocimiento para las víctimas en el exterior

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en 2011 reconoció por primera vez que el conflicto armado interno había ocasionado numerosas víctimas y que algunas de ellas se encuentran fuera del país por este motivo. Varias entidades del gobierno nacional se aliaron para brindar una atención oportuna y, así, los consulados de Colombia en el mundo reciben las declaraciones de quienes buscan ser incluidos en el Registro Único de Víctimas. A la Unidad para las Víctimas le corresponde la valoración de dichos casos y determinar la inclusión o no en el registro, decisión que es notificada a la víctima a través de los propios consulados.

Durante la rendición de cuentas, se indicó que con corte a septiembre del presente año se han recibido más de 3.000 solicitudes desde 39 países, lo que ha permitido incluir a 5.868 personas en el registro (cifra que ha aumentado a más de 7.000 para esta fecha) y reconocer la ocurrencia de cerca de 10.000 hechos victimizantes (principalmente desplazamiento forzado, amenaza y homicidio).

La participación de las víctimas es un requisito fundamental

El pasado junio, Odorico Guerra fue elegido por las víctimas como coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, tras un proceso democrático que partió de lo local a lo nacional. La Ley 1448 de 2011 estableció mecanismos de incidencia de las propias víctimas en la política que les atañe, a través de las mesas de participación municipales, departamentales, distrital y nacional, teniendo en cuenta todos los hechos victimizantes, los enfoques diferenciales y departamentos del país.

Se trata además del único mecanismo de r​epresentación paritaria entre hombres y mujeres. Durante este 2015, se han constituido 1.030 mesas de este tipo, que tendrán una vigencia de dos años. Durante su intervención, Odorico Guerra hizo un repaso por la tarea de las víctimas en defensa de sus derechos, exponiendo logros y retos que aún permanecen en la implementación de la ley. En concreto, resaltó la importancia de profundizar el trabajo con los nuevos mandatarios que asumirán sus cargos a partir del próximo año.

Los retos para 2016

“Nos hemos empeñado no solo en la cantidad, sino también en la calidad de nuestras acciones. Así lo reconoció la certificación de calidad que recibimos la semana pasada”, apuntó Iris Marín Ortiz. “Sin embargo, sabemos que enfrentamos grandes desafíos y que debemos estar atentos a las nuevas dinámicas de riesgo que puedan darse en zonas afectadas tradicionalmente por el conflicto armado”, agregó.

La directora (e) de la Unidad explicó que colaborarán con los “ajustes normativos, institucionales y de política pública que sean requeridos a partir de los acuerdos que se alcancen en la Mesa de Conversaciones de La Habana”, todo ello para dar una respuesta “integral, coordinada y eficaz con las nuevas autoridades territoriales en beneficio de la población víctima”.

“El reto es ser conscientes de todo lo que se ha logrado e ir ahora por más y mejores servicios para las víctimas del conflicto. Son ellas las que nos enseñarán el camino hacia la reconciliación y la paz”, concluyó Iris Marín.​ Comunicaciones DPS Colombia

SOURCE: DPS