El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC alcanzaron este domingo un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado, que había recrudecido poniendo en riesgo el proceso de paz, que contempla por primera vez una reducción de las operaciones contrainsurgentes.
“El Gobierno Nacional, a partir del 20 de julio, pondrá en marcha un proceso de desescalamiento de las acciones militares, en correspondencia con la suspensión de acciones ofensivas por parte de las FARC”, dijeron los negociadores del gobierno y las FARC en un comunicado conjunto, leído a la prensa en La Habana por el diplomático noruego Dag Nylander, cuyo país es “garante” del proceso de paz.
Ésta es la primera vez que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos acepta reducir las operaciones contra la guerrilla desde el inicio del proceso de paz, en 2012.
“Anuncios de negociadores en La Habana son un paso importante para avanzar en acuerdos”, escribió Santos en su cuenta de Twitter, agregando que dará una alocución al país este domingo a las 20H00 (01H00 GMT del lunes).
Este acuerdo sin precedentes, que busca impulsar las negociaciones para un cese al fuego bilateral y definitivo, fue alcanzado cuatro días después de que las FARC decretaran una tregua unilateral de un mes a partir del 20 de julio. “Las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC hemos decidido hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar sin demora a la firma de un acuerdo final”, dijeron ambas partes en otra parte del comunicado conjunto, leída por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país también es “garante” del proceso.
“En particular, (las partes han decidido) acordar sin demoras los términos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y dejación de las armas, incluyendo el sistema de monitoreo y verificación”, añadió Benítez.
Acompañamiento de ONU y Unasur:
Benítez anunció además que las partes también solicitarán “el acompañamiento” de un delegado del secretario general de la ONU y de un representante de la presidencia de Unasur (actualmente ejercida por Uruguay), con el fin de que “contribuya a poner en marcha la discusión sobre el sistema de monitoreo y verificación”.
El anuncio fue hecho por los diplomáticos de Cuba y Noruega junto a ambos equipos negociadores y enviados de Chile y Venezuela, países “acompañantes” del proceso.
Las dos partes van a hacer dentro de cuatro meses una evaluación de estas medidas, explicó Benítez, aunque un portavoz de las FARC aclaró a la AFP que ese grupo rebelde resolverá dentro de un mes si prorroga su tregua unilateral de 30 días.
“Oxigenazo para el proceso de paz”:
“Es éste, sin duda, un relanzamiento vigoroso, prometedor y esperanzador del proceso de diálogos”, dijo el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez.
Su contraparte, Humberto de la Calle, destacó que este acuerdo “busca fortalecer la confianza de los colombianos en el proceso de paz”. “La oportunidad de acabar el conflicto está viva”, añadió De la Calle, aclarando que, aunque el gobierno reducirá las operaciones contrainsurgentes, seguirá cumpliendo su deber constitucional de proteger a los colombianos.
“Este acuerdo realmente le cambió el rostro a la negociación, es un ‘oxigenazo’ que espero que siga progresando”, declaró a la AFP un diplomático que sigue el proceso de paz.
Saldo de 220.000 muertos:
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país, mantuvieron durante cinco meses una tregua unilateral, periodo en que las acciones armadas disminuyeron drásticamente, pero la levantaron el mayo tras sufrir una seguidilla de ataques militares.
El gobierno y las FARC se culpan mutuamente de haber encendido la chispa que condujo al escalamiento del último conflicto armado en América, que ha dejado en medio siglo 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
El martes, los cuatro países que participan en las negociaciones hicieron un llamado a las partes a un “desescalamiento urgente” del conflicto armado.
El acuerdo para desescalar el conflicto fue alcanzado mientras las partes discuten sobre reparación de las víctimas del conflicto armado.
El gobierno y las FARC han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda, y han acordado además un programa de desminado y la creación de una Comisión de la Verdad.
Una vez que cierren el tema de reparación de las víctimas, ambas partes deberán abordar el complejo punto de la justicia por los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado de medio siglo, en el que tienen profundas diferencias.
El gobierno y las FARC iniciaron un receso este domingo y retomarán las negociaciones después del feriado colombiano del 20 de julio. (AFP)
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