Llegó la hora de hacer más eficaz la divulgación pública de las declaraciones de patrimonio e intereses
Por: Gloria M. Grandolini.
En una serie de artículos titulada “Towers of Secrecy” (Las torres del secreto), el New York Times reveló en 2015 la opacidad con que funcionarios y personas expuestas políticamente de todo el mundo adquieren propiedades de alto valor en Estados Unidos. Transparencia Internacional llevó a cabo un ejercicio similar en el Reino Unido, en el que mostró que diversos departamentos de los exclusivos distritos de Kensington y Chelsea, en Londres, eran propiedad de empresas ficticias.
En 2016, la información que se filtró desde el estudio jurídico Mossack Fonseca reveló que muchos de los funcionarios y personas expuestas políticamente de todo el mundo poseen activos bajo modalidades sumamente intrincadas, por lo cual su control sobre esos bienes resulta prácticamente invisible para el mundo exterior.
¿Cómo es que algunos funcionarios públicos han podido acumular semejante riqueza cuando 161 países del mundo han dictado leyes sobre declaraciones de patrimonio e intereses? Estas leyes, establecidas mayormente luego del escándalo Watergate en Estados Unidos, tenían por objeto detectar los aumentos significativos en la riqueza de los funcionarios durante el período en que ejercen cargos públicos, así como los intereses privados que estén en conflicto con el interés público. No obstante, si bien las normas existen, todavía existen muchos desafíos para su implementación y se continua buscando la forma de aplicarlas en la situación socioeconómica, histórica y jurídica de cada país.
Incluso cuestiones tan sencillas como el modo de diseñar un formulario pueden dar lugar a enormes discrepancias. Una primera versión del formulario de declaración de intereses utilizado en un país incluía la leyenda “Sírvase declarar todos sus intereses” y a continuación se proporcionaba un amplio espacio en blanco que el funcionario público debía completar. Al analizar los formularios recibidos, el personal responsable de la declaración de patrimonio e intereses observó las diferentes interpretaciones que cada declarante había dado a la misma indicación. Mientras que un senador detallaba todas las empresas en las que tenía intereses, la cantidad de acciones y su valor, otro declarante simplemente escribió “Tengo intereses en el sector agrícola”.
Estos problemas en la implementación de sistemas eficaces y eficientes de declaración de patrimonio e intereses no han pasado inadvertidos en nuestra labor dirigida a proporcionar a los países clientes asesoramiento y herramientas para incrementar la transparencia y fortalecer la integridad en general.
La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR), asociación establecida entre el Grupo Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), acaba de publicar un manual basado en un riguroso análisis de datos y destinado a ayudar a los Gobiernos que tienen dificultades para implementar sistemas de declaración de patrimonio e intereses. El libro brinda asesoramiento práctico sobre cuestiones tales como quién debe presentar declaraciones, con cuánta frecuencia y en qué forma. También se aborda el vínculo entre el proceso de declaración y su aplicación. Hemos sido testigos de casos en que los países no quieren aplicar sanciones o son reacios a hacerlo porque muchos sistemas de declaración aún presentan deficiencias que deben resolverse para que las sanciones resulten adecuadas, coherentes y justas.
A medida que crece la indignación general contra funcionarios que han incrementado significativamente su riqueza durante su permanencia en cargos públicos o que han ocultado sus activos mediante mecanismos de propiedad complejos, este manual resulta tanto oportuno como práctico.
Un sistema de declaración de patrimonio e intereses puede ayudar a crear un clima de integridad en la administración pública y prevenir los abusos de poder y, en última instancia, puede ser una herramienta eficaz en la lucha contra el lavado de dinero, así como en los esfuerzos por recuperar activos. Sabemos que el abuso del poder público para obtener beneficios personales tiene mayor impacto sobre los pobres y que el vínculo entre la mala gestión de gobierno y la persistencia de la pobreza es difícil de romper.
Esperamos que los profesionales que utilizan este libro lo consideren una herramienta útil para orientar sus decisiones y para ayudar a sus países a desarrollar sistemas más eficaces que permitan mejorar la rendición de cuentas y la transparencia.
Gloria M. Grandolini es Directora Financiera y de Mercados Globlales del Grupo del Banco Mundial.
Nota publicada en Voces, Perspectivas del desarrollo del Banco Mundial, reproducida en PCNPost con autorización
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