Archivo. Abril, 2015. Fiscal General Luis Eduardo Montealegre, y Ernesto Samper, Secretario General de UNASUR.

La Fiscalía de Colombia pidió este martes investigar al expresidente Álvaro Uribe por una masacre paramilitar en el departamento de Antioquia (noroeste), cuando gobernaba esa región en 1997, y por intentar obstruir la investigación sobre el tema siendo jefe de Estado.

El ente acusador pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al exmandatario colombiano sobre “su probable participación, por acción o por omisión, en los casos de la llamada masacre de El Aro en el municipio de Ituango, en Antioquia”, cuando gobernó ese departamento, entre 1995 y 1997, dijo en rueda de prensa Eduardo Montealegre, fiscal general de Colombia.

En octubre de 1997, unos 150 paramilitares de extrema derecha se tomaron por siete días el corregimiento de El Aro, caserío ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia) y mataron a 17 de sus habitantes, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Durante el ataque, “la fuerza pública dejó desprotegida a la población”, por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado “a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos (unos 1.100 millones de dólares)” a los familiares de las víctimas, de acuerdo con el CNMH.

Para Montealegre, pese a que las autoridades locales advirtieron previamente de la aproximación de las milicias, la gobernación de entonces “no tomó las medidas correspondientes para evitar la toma paramilitar”. “La Corte Suprema de Justicia (juez natural de los funcionarios) tendrá que decidir si existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador”, agregó el fiscal.

Montealegre reveló además que pidió a la Comisión de Acusaciones del Congreso -que juzga a los presidentes- investigar a Uribe por obstrucción a la pesquisa relacionada con esta masacre, que se adelantó en su período presidencial (2002-2010).

Basándose en declaraciones del exjefe paramilitar y extraditado narcotraficante Diego Murillo Bejarano (“Don Berna”) a la Fiscalía, Montealegre afirmó que “en la época en que se encontraba ejerciendo la presidencia Álvaro Uribe, existió una estrategia para desviar la investigación por el caso de la muerte de personas en el corregimiento de El Aro”.

Uno de los principales testigos que vinculaban a Uribe con esa masacre, el exparamilitar Francisco Villalba, fue asesinado en 2009, lo que Murillo calificó como “crimen de Estado”, según el fiscal.

Por tal motivo, el ente acusador pidió también a la Comisión de Acusaciones que “determine si existe o no alguna vinculación entre la muerte de Villalba y la presunta estrategia de desvío de la investigación cuando se encontraba Uribe como presidente”, agregó. AFP