Por: Carlos Francisco Guevara Mann.

El reconocimiento del espacio privado y el respeto por ese espacio es una de las grandes conquistas del liberalismo. A este ámbito corresponden las creencias, preferencias y opiniones personales que se expresan a través de distintos medios, entre ellos, las comunicaciones privadas.

La protección de estas comunicaciones tiene una larga tradición constitucional en nuestro terruño, que se remonta a la Constitución colombiana de 1853 (Art. 5.6). La ley fundamental del Estado de Panamá de 1855 fue la primera Constitución panameña en establecer dicha salvaguardia (Art. 7.7).

En la Constitución vigente, el artículo 29 dispone la inviolabilidad de “la correspondencia y demás documentos privados”, que “no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos”. El mismo artículo agrega: “Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

A pesar de la protección constitucional, no se ha logrado en Panamá un debido respeto por el espacio privado. En tiempos de dictadura fue común violentarlo según el capricho de los jenízaros y sus servidores del PRD. Estos simulan hoy una fogosa adhesión a los derechos humanos que antes atropellaron con desprecio y crueldad.

Llegada la democracia, se pensó que mejoraría el respeto por la libertad. Pero en 1991, el presidente Endara denunció que sus comunicaciones personales, así como las de personas próximas a él, estaban siendo escuchadas por sus aliados del Partido Demócrata Cristiano (hoy Partido Popular, en el gobierno).

Durante los años siguientes eran permanentes los rumores de que los organismos de seguridad interceptaban conversaciones privadas. La preocupación aumentó en 2005 una vez que el presidente Martín Torrijos, quien no se distingue ni por su formación intelectual ni por sus credenciales civilistas, contrató al espía español Julio López Borrero. No le importó que López Borrero enfrentaba un proceso por realizar escuchas ilegales a encumbrados personajes de su tierra natal (El Panamá América, 1/4/2008).

Durante el mandato de Torrijos (2004-2009) “se instalaron los equipos para tener alcance a los celulares, luego de una donación de dos gobiernos extranjeros: Estados Unidos e Inglaterra” (El Reservado, 2/8/2010). Torrijos y López Borrero fueron denunciados recientemente por espionaje telefónico (El Panamá América, 9/1/2015).

En uso de las facultades concedidas por una asamblea rastrera, en 2008 Torrijos creó un centro de espionaje (denominado Servicio Nacional de Inteligencia). En ese momento comenté que tan genial iniciativa tenía como propósito invadir la intimidad con propósitos de chantaje. No me equivoqué.

En mayo de 2010, el presidente Martinelli derogó el decreto de Torrijos pero inmediatamente creó el Consejo de Seguridad Nacional, con funciones más amplias (La Prensa, 15/1/2015). Martinelli nombró en su consejo a especialistas en espionaje y violación de los derechos humanos, como Gustavo Pérez y sus secuaces, y adquirió en Israel un sofisticado y costoso equipo de escuchas que ahora no aparece (probablemente está a buen recaudo en otro país).

El 19 de noviembre de 2010, el gobierno de Martinelli acogió a María del Pilar Hurtado, jefa de espionaje bajo el presidente Álvaro Uribe y fugitiva de la justicia de Colombia. Hurtado estuvo más de cuatro años en Panamá, hasta que se entregó a autoridades colombianas el 30 de enero de 2015.

Durante todo ese tiempo, el gobierno panameño la protegió, inclusive después de que el 29 de mayo de 2014 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el asilo otorgado en 2010. Algunos analistas perspicaces sospechan que en contraprestación por su exilio mal habido, Hurtado entrenó a espías panameños. ¿Quién investiga sus actividades en Panamá y el impacto que tuvieron sobre las libertades ciudadanas?

Como puede verse, el escándalo de las escuchas tiene un trasfondo complejo. Lo fundamental es que los pinchazos contrarían una importante tradición constitucional y no tienen lugar en un Estado democrático, por lo que deben ser castigados severamente.

La mortificación de quienes hoy no duermen pensando qué datos personales habrá recabado el Consejo de Seguridad Nacional debe servir para cerrar filas detrás de una defensa más firme de las libertades ciudadanas. Si los que hoy temen las consecuencias del espionaje se hubiesen opuesto con tenacidad a los desmanes de gobiernos anteriores, no tendrían tanto por lo cual preocuparse en estos momentos de desasosiego.

 © Blogs Uninorte, 2015

(Columna publicada en La Prensa, Panamá, el 11 de febrero de 2015)